El asesinato y decapitación del alcalde de la capital del estado de Guerrero es consecuencia de las alianzas de Morena con los grupos criminales, al amparo del presidente López Obrador.
En lugar de combatir al crimen organizado, se le empoderó.
La empresa político-criminal-económica que construyó Morena en Guerrero y en Sinaloa no puede funcionar con elementos externos al triángulo.
Por eso el crimen cometido contra Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, a una semana de haber tomado posesión del cargo, es un golpe atroz a la oposición y a la democracia.
Quien no forma parte del holding no puede estar en un alto cargo directivo.
O entran al aro de cogobernar con los narcos como hace Morena, o los matan.
Si a candidatos de oposición no los pueden frenar con votos, al llegar al poder los quitan con balas.
En este caso, también le cortaron la cabeza, que dejaron expuesta en la vía pública.
A la presidenta Sheinbaum le estalló la primera bomba que le dejó su antecesor, a quien ella condecoró en vida como el mejor presidente de la historia.
Tendrá que separar al poder político del poder criminal.
A diferencia de la demagogia de “separar el poder político del económico”, que fue una farsa porque premiaron como nunca a los conversos al obradorismo y castigaron a los que mantuvieron su independencia, en este capítulo no caben las simulaciones.
La presidenta Sheinbaum debe barrer a los grupos criminales que tienen poder político, y hacerlo como dicen que se barren las escaleras: de arriba hacia abajo.
Debe hacerlo, aunque implique la ruptura de su partido con cárteles y células del narcotráfico y la industria de la extorsión.
Tiene la fuerza militar de su lado y el respaldo de la inmensa mayoría de la población: puede hacerlo.
Ya no puede culpar a García Luna, un jefe policiaco de hace tres sexenios atrás, de lo que sucede ahora.
La culpa es de López Obrador por haber dado vía libre a los grupos criminales, y la responsabilidad de terminar con esa pesadilla es de Claudia Sheinbaum. Ella tiene la banda, ella quiso gobernar.
El expresidente López Obrador y su equipo cercano creyeron que podían ser amigos de los cárteles de las drogas y controlarlos por la vía de la cercanía, el apapacho y la complicidad.
Ocurrió al revés, y no había que ser un genio para conocer el desenlace: los narcos acabaron controlando al poder político ahí donde pactaron.
Sinaloa y Guerrero son los casos emblemáticos y trágicos de la simbiosis de política y crimen organizado. La lección es evidente: con el narco no se pacta ni se juega, porque acaba dominando.
López Obrador se empeñó en poner a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, no obstante haber abierto las puertas de Acapulco, en la mala hora en que fue alcalde del puerto, a Los Zetas y a los Beltrán Leyva.
Ahí comenzaron las masacres, por los pactos con esos grupos que comenzaron a ensangrentar el puerto con la matanza en la colonia La Garita, al oriente de Acapulco, el 27 de enero de 2006.
Ni Calderón estaba en la Presidencia ni García Luna era secretario de Seguridad Pública federal.
El alcalde de Acapulco era Félix Salgado Macedonio, quien se divertía en los yates de lujo de sus amigotes mientras aparecían los primeros cuerpos calcinados, encobijados, decapitados.
Nunca más dejaron de aparecer.
Años después, desde la presidencia de López Obrador se impulsó a Salgado Macedonio para la gubernatura del estado, lo que abortó por ilegal.
Entonces AMLO hizo candidata a su hija Evelyn Salgado para que gobernara Félix. Los resultados, macabros, están a la vista: decapitaron al presidente municipal de la capital estatal, a quien no pudieron vencer en las urnas.
Similar es el caso de Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura en una jornada en que los sicarios del Cártel de Sinaloa secuestraron a doscientos funcionarios electorales del candidato de oposición.
Los secuestros y el cautiverio están documentados.
¿Y qué hizo el presidente de la República luego de ese atraco a mano armada del cártel para favorecer al candidato de Morena?
Se declaró complacido porque, dijo, los grupos criminales se habían portado bien.
Las consecuencias de haber entregado poder político al Cártel de Sinaloa en ese estado las pagan los sinaloenses.
Corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum solucionar el problema que le heredó su antecesor. Al menos, iniciar las tareas urgentes de corto plazo.
Hoy se presenta el Programa Nacional de Seguridad, que esperemos sea sensato y no propaganda.
Lo sabremos pronto. Si no comienzan por quitar a la gobernadora de Guerrero y al gobernador de Sinaloa, estaremos ante otra tomadura de pelo.
