En las primeras horas del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras en la capital apenas había finalizado el ritual de la toma de protesta, en el extremo sur del país –en el tramo inicial de la ruta migrante que sale de Tapachula– ocurrió la primera masacre de migrantes del sexenio. Al menos ocho murieron en un operativo del Ejército. La versión oficial, de que los soldados dispararon en respuesta a una agresión, deja dudas. La nacionalidad de las víctimas, y de las otras personas que viajaban con ellas, es inusual: venían de países tan remotos como Egipto, Pakistán y Nepal. La fecha agrega un peso simbólico, de mal agüero, a la masacre.
Las víctimas del 1 de octubre no fueron las primeras, y me temo que tampoco serán las últimas, de la trágica crisis migratoria en la que llevamos años. San Fernando, Camargo, un tráiler en una curva de la autopista, cerca de Tuxtla Gutiérrez, son sólo algunos de los puntos en la geografía del terror por donde los migrantes transitan. En las historias trágicas hay de todo: militares que abrieron fuego contra personas indefensas, lo mismo que elementos de las policías “civiles”; secuestros masivos y ataques perpetrados por grupos criminales; accidentes de tránsito; muertes por asfixia. Parecen situaciones disímiles, pero hay un hilo conductor: el crimen organizado, que es el que controla, para cualquier efecto práctico, los flujos de migrantes en territorio nacional. Por supuesto, donde los criminales operan de forma tan generalizada y visible, también hay una autoridad que es indolente o cómplice.
Es un tema en el que se ha avanzado poco o nada. Hay buenas razones para ello. Los que mueren vienen de lejos, de países pobres. Sus familiares no pueden trasladarse a México a exigir justicia y sus gobiernos no tienen forma de ejercer presión. Las masacres y las muertes por asfixia, cuando ocurren, dan mala imagen, pero la mayor parte del tiempo el tema se puede ignorar. Si nos ponemos maquiavélicos, podemos llegar a la conclusión de que las historias de hacinamiento, extorsión y muerte incluso cumplen una función disuasiva. Así que mejor voltear para otro lado, y no moverle demasiado, como ha sido la directriz hasta ahora.
La solución al drama de los migrantes sólo puede partir de un imperativo moral, humanitario. Un atisbo de esperanza es que la Presidenta dijo que ‘no puede repetirse una situación así’. ¿Pero lo dijo en serio? ¿Qué haría el gobierno si de verdad tuviera intención de evitar más muertes?
La solución no sería fácil, ni bonita. No es cuestión de más cursos o manuales y discusiones teóricas sobre el uso de la fuerza letal. La solución pasa, por supuesto, por un tema de procuración e impartición de justicia. De que haya, por ejemplo, castigo para los elementos de tropa que dispararon el 1 de octubre, y que de verdad se investigue más arriba en la cadena de mando.
Pero eso no es suficiente. Está el tema de la prevención y la supervisión en campo. Los soldados y los policías también son humanos. Quieren volver a casa, se confunden y les entra miedo. Los operativos no se planean a partir de la inteligencia necesaria, a veces ni siquiera con el equipamiento que sería idóneo. Pero también hay una frontera entre la legítima defensa y el abuso; es una frontera que se rompe todo el tiempo en la soledad de las carreteras y las brechas donde ocurren los operativos y los ‘rescates’ de migrantes. Con las condiciones que prevalecen en México, no está dentro de la lógica interna, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional –ni de ninguna corporación policial– ponerse muy rigurosos con el cumplimiento de normas y lineamientos por parte de sus propios elementos. Lo que se necesita es una presencia más intensa en territorio, y una intervención proactiva y más independiente, de los organismos responsables de la protección de los derechos humanos.
Finalmente está el Instituto Nacional de Migración, que es una desgracia. La autoridad migratoria es la que debería encabezar la lucha contra las redes dedicadas a la extorsión y el tráfico de migrantes. Sin embargo, las mafias al interior del INM son las que solapan a los polleros y, en buena medida, orillan a los migrantes a recurrir a las redes de tráfico de personas. Hasta ahora, nadie ha podido con ellas. El actual titular del INM, Francisco Garduño, enfrenta desde 2023 un proceso penal en libertad condicional, por la muerte de 40 migrantes, durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sheinbaum no ha ratificado a Garduño, tampoco ha dicho quién podría ser su reemplazo. No está fácil encontrar a la persona con la capacidad que sería necesaria, y con la disposición para asumir el desafío.
