La reforma judicial, cuya aprobación legislativa concluyó la semana pasada, constituye la enmienda constitucional más adversa para la democracia y la economía de México en muchas décadas.
Si bien las modificaciones a la Constitución Política de nuestro país en materia judicial fueron muy amplias, por su trascendencia destacan cuatro disposiciones. En primer lugar, se reconfigura la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuyos ministros pasan de once a nueve, su periodo de encargo se reduce de quince a doce años, se elimina la pensión vitalicia y se establece un tope máximo de sus remuneraciones.
En segundo lugar, los ministros, magistrados y jueces federales, así como los magistrados y jueces de las entidades federativas serán electos por voto directo popular.
En tercer lugar, el Consejo de la Judicatura Federal, que era presidido por el presidente de la SCJN y su misión era garantizar la independencia de los magistrados y jueces federales, se sustituye con un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos magistrados son de elección popular, el cual puede investigar a ministros, magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones e imponer sanciones que pueden llegar, en algunos casos, hasta su destitución.
En cuarto lugar, se establecen nuevas reglas procesales, por ejemplo, plazos máximos para la resolución de juicios y la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales.
Es indudable que el Poder Judicial mostraba deficiencias operativas, por lo que la idea de introducir cambios para mejorar su efectividad y eficiencia era totalmente pertinente. Por desgracia, la reforma ha empeorado estas posibilidades al vulnerar, considerablemente, las capacidades de este Poder para la impartición objetiva e imparcial de la justicia.
El perjuicio al Poder Judicial puede manifestarse, al menos, de tres maneras. La primera consiste en la caída de la calidad profesional de los juzgadores. Específicamente, los requisitos para aspirar a ser ministro, magistrado o juez federal se han vuelto laxos, entre los que se encuentran poseer título de abogado, haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones académicas y contar con un número reducido de años de práctica jurídica.
Una consecuencia de los menores requerimientos de capacidad técnica y experiencia es la virtual desaparición de la carrera judicial basada en el mérito y la idoneidad de los funcionarios. Asimismo, la disminución de las remuneraciones sólo acrecienta los motivos para la corrupción.
La segunda vulnerabilidad reside en que la elección popular incentiva a los juzgadores a aplicar criterios políticos en sus sentencias, con el fin de responder a los intereses de quienes los apoyaron en la votación. Estos pueden incluir a miembros del gobierno, así como otros grupos de poder, como aquellos conformados por la delincuencia organizada. Tales motivaciones amplían los riesgos de una impartición arbitraria de la justicia y la desprotección de los derechos individuales y corporativos.
Una tercera fragilidad estriba en la pérdida de independencia del Poder Judicial frente a los otros dos Poderes de la Unión. Entre otras formas, esta subordinación se revela en la presión que puede ejercer el Tribunal de Disciplina Judicial para que los jueces no fallen contra el Poder Ejecutivo en sus iniciativas legales y en sus acciones que contravengan el orden jurídico. De manera destacada, la SCJN deja de ser un contrapeso real que pueda combatir los abusos de las autoridades.
El deterioro del Poder Judicial en estas manifestaciones resquebraja aún más el endeble Estado de derecho en México, sistema que debería garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, incluyendo los gobernantes, frente a la ley. La reforma ha concentrado el poder público en el Ejecutivo, lo cual pone en peligro la democracia, desafía el ejercicio de las libertades civiles, y deja a los particulares en una situación de desamparo.
Además, la vulneración del Estado de derecho restringe las perspectivas de avance económico. Ello es así porque el debilitamiento del Poder Judicial hace menos cierta la seguridad de los derechos de propiedad, condición indispensable para la inversión, así como la del cumplimiento de la integridad de los contratos, requisito necesario para los intercambios comerciales.
La mayor incertidumbre institucional puede complicar severamente las negociaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, así como el aprovechamiento de nuevas oportunidades de comercio e inversión dentro de la integración económica de nuestro país con Norteamérica.
La experiencia internacional sugiere que la menor confiabilidad del Poder Judicial y la merma del Estado de derecho en México conducirán a un crecimiento inferior de largo plazo de la economía y niveles más bajos de bienestar social.
