Para empoderar a la Guardia Nacional, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PVEM van ahora en la Cámara de Diputados por modificar 12 artículos de la Constitución, con esto buscan imponer un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el Proyecto de Decreto, se disponen a aprobar reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, fundamentalmente para “adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, “definir a la GN como fuerza de seguridad pública, profesional de carácter permanente, de origen y formación castrense con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
También, “impedir servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas aspirantes a un cargo al Congreso de la Unión”.
Incluye, facultar al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacionales en labores de seguridad ciudadana.
También, facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que, en su caso, realice el presidente de la República.
Se añade que el presidente de la República podrá disponer de la GN para la seguridad interior y defensa exterior en caso de estimarlo necesario; reconocer a los miembros de la GN los derechos, prestaciones y seguridad social iguales a los de las Fuerzas Armadas.
Obligará a los miembros de la GN sólo para fines disciplinarios al fuero militar; se considera a la GN como “coadyuvante en la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público”.
Lo anterior con el objeto de “fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos”.
El dictamen admite que en México el crimen organizado ha generado ya profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país, particularmente, a partir de 2007.
Subraya que los grupos de la delincuencia organizada participan en la producción, trasiego y comercialización de drogas ilícitas, secuestro y extorsión, trata de personas, reclutamiento forzado y explotación de niños, niñas y adolescentes y personas migrantes.
También, robo de hidrocarburo, expoliación de bienes culturales y de especies forestales, así como en el tráfico de flora y fauna silvestres, entre otros delitos que perturban gravemente los derechos y las libertades individuales y colectivas, y erosionan el tejido social en los estados y regiones afectadas.
Agrega que “el flujo constante de armas, principalmente provenientes de los Estados Unidos, ha tenido un impacto devastador en los niveles de violencia y el incremento de la capacidad de fuego y letalidad de las organizaciones del crimen organizado”.
“La complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en amplias zonas del territorio nacional laceradas por este flagelo”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al cuarto trimestre de 2023, la población mexicana percibió como “efectivo” o “muy efectivo” el desempeño de la GN en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia en 74%, mientras que calificó a la Armada y al Ejército con porcentajes de 85.6% y 83.5%, respectivamente.
En contraste, esta percepción fue de sólo 54.1% en el caso de las policías estatales y de 48.6% respecto de las policías preventivas municipales.
Asimismo, la ENVIPE 2023, señala que la Marina, el Ejército y la GN son las instituciones que más confianza y aceptación generan entre la población mexicana, con niveles de percepción de 90.1%, 87.1% y 80.9%, respectivamente.
“Para hacer frente a la delincuencia, la GN debe contar con dinámicas de operación al nivel requerido para proteger a la población, por lo que la iniciativa propone que la GN quede a cargo de la SEDENA”, señala.
Explica que “dicha adscripción no se refiere a que la corporación cumplirá con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino que se regirá por normas y principios de seguridad pública, que contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley”.
La reforma constitucional propuesta, obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial, precisa.
