En un entorno regulatorio nacional y mundial cada vez más complejo, nada resulta más efectivo que una buena mezcla de incentivos y consecuencias para orientar a las organizaciones y acercarlas al ideal de justicia, equidad y responsabilidad social al que aspiramos como sociedad.
Claro ejemplo de lo anterior es la creación del Distintivo de Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, diseñado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), un organismo multilateral derivado de la Organización para los Estados Americanos (OEA) y financiado por diferentes instituciones estadounidenses, canadiense, europeas y algunas empresas.
Esta fundación, según su Reporte Anual 2023 (www.padf.org), con más de 62 años de historia apoyando al desarrollo del continente, implementó el año pasado 76 programas en 33 países, beneficiando a más 20.5 millones de personas.
En la última década, afirman haber canalizado más de un billón de dólares en donativos en favor de la población más vulnerable a través de la creación de empleos, el avance en el respeto de los derechos humanos y la justicia, y colaborando en la construcción de sociedades más resilientes.
En México, han centrado su labor en los derechos laborales, con foco en la industria automotriz.
Ante la confluencia de múltiples factores como la reforma laboral de 2021, la cual busca satisfacer, en parte, algunas exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; los nuevos requisitos en materia de derechos humanos por las regulaciones de Debida Diligencia en Alemania, Francia y otros países europeos; una fuerza laboral más consciente de sus derechos; una alta rotación de personal y carestía de talento, y la presión del nearshoring, se volvió indispensable una estandarización en cuanto al compromiso de las empresas con la difusión y protección de los derechos humanos y laborales, así como la implementación de mecanismos para la remediación de abusos y la mitigación de riesgos.
“Si tienes operaciones con Francia y Alemania, debes cumplir estándares muy estrictos en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y derechos laborales incluso en la cadena de valor, para evitar sanciones de hasta el 2% a nivel de ingresos globales, por lo que buscamos apoyar a las empresas a adelantarse a estas regulaciones globales, con lo que cumplimos también nuestra misión de cuidar a los grupos vulnerables de México, entre ellos a los trabajadores”, explicó Valeria Uribe, Directora de PADF en México.
Aquí el incentivo comercial y financiero se suma al reputacional, así como al de la mitigación de riesgos laborales y de cumplimiento, accionando las palancas necesarias para una acción proactiva de las empresas en favor de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Este distintivo se convierte en una herramienta de competitividad para las empresas que buscan atraer al mejor talento para capturar las oportunidades derivadas del nearshoring.
Para obtener el distintivo las organizaciones deben llenar un cuestionario de autodiagnóstico, que es evaluado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de manera confidencial, quienes buscarán una cita para validar las respuestas en el sitio de trabajo e iniciar un trabajo conjunto de mejora continua en 7 ejes: Política de Derechos Humanos; Prácticas Laborales Armoniosas; Fortalecimiento Organizacional; Inclusión; No Discriminación; Entorno Social, y Protección al Medio Ambiente.
Es un gran primer paso para seguir avanzando en una agenda ambiental, social y de gobierno corporativo integral, contribuyendo a construir un entorno industrial competitivo y socialmente responsable.
