Aguarda a Sheinbaum un país preocupado, ansioso, frustrado. Un país escéptico y, por algunos momentos, ya cínico. Un país que lleva años meciéndose en un columpio que oscila incesante entre la expectación y el horror. Un país donde las promesas de los políticos valen basura. “Vamos a realizar un gran esfuerzo”, “van a bajar los delitos que más lastiman”, “pagarán los criminales… recaerá sobre ellos todo el peso de la ley”, “les juro que…”, blablablá.
Aguarda a la próxima titular del Ejecutivo un país que se despierta y se va a dormir todos los días con noticias de masacres, ataques a policías, carreteras bloqueadas, fraudes descomunales desde las oficinas públicas. Las alertas Amber de jóvenes desaparecidos se asoman permanentemente en las redes sociales. Ante esto algunas personas optan simplemente por cerrar los ojos y taparse los oídos. Otros, como usted, lector, y yo, no podemos voltear a otra parte y seguimos atónitos el espectáculo cotidiano de violencia, crueldad, alimentado por una absoluta impunidad.
De modo que la Agenda de Riesgos para la seguridad nacional que recibirá la próxima presidenta de la República, por parte de los mandos militares y policiales, deberá contener al menos tres grandes apartados: violencia asociada con las organizaciones criminales; expansión geográfica y control territorial del crimen, y las dinámicas y vertientes de la conflictividad social. Seguramente unos temas serán más importantes que otros, y en algunos casos la atención que merecerán deberá ser urgente, mientras que otros deberán esperar. Pero sin duda todos estos asuntos merecerán atención tarde o temprano por parte de los altos directivos en el ámbito de la seguridad nacional.
A continuación, enlisto algunos de los principales temas que deberán figurar en estos dos primeros apartados de la Agenda de Riesgos. El tercer apartado, relativo a la conflictividad social, lo abordaré la próxima semana.
Violencia criminal. La reducción de la violencia criminal a lo largo del país deberá seguir siendo la más alta prioridad. En este ámbito la guerra que libran los dos grandes cárteles nacionales en Chiapas deberá ser objeto de atención especial en esa entidad por parte de Sheinbaum y su equipo (demandan consideración urgente los asesinatos, el reclutamiento criminal y los desplazamientos forzados). ¿Qué tanta capacidad tendrá el próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, para lidiar con este problemón? Esto sigue siendo una gran incógnita. Asimismo, la larga epidemia homicida que ha aquejado a Guanajuato durante el último lustro debe, por fin, tener una respuesta decidida por parte de las autoridades. Aquí la próxima gobernadora, Libia Dennise García, ha presentado un atractivo plan de acción. Ojalá Federación y estado caminen juntos para que, por fin, Guanajuato deje de ser el estado con más asesinatos. Otro caso que requiere de atención apremiante es Tijuana, el municipio más violento de México.
Hay dos cuestiones que deberán también analizarse y trabajarse meticulosamente al arrancar la nueva administración: primero, impedir a toda costa una guerra de facciones al interior del Cártel de Sinaloa (propiciada por el secuestro del Mayo Zambada) y, segundo, crear nuevos mecanismos institucionales que detengan la creciente intervención del crimen en los procesos electorales a nivel municipal. Finalmente, hay que detener a la brevedad el reciente deterioro de la seguridad en Michoacán y Nuevo León.
Control territorial del crimen. El fenómeno del control territorial del crimen ha avanzado impetuosamente en el último trienio a lo largo de la superficie nacional. En Guerrero, a excepción de Acapulco y Zihuatanejo, las autoridades de todos los municipios parecen gobernar bajo el yugo de una máxima autoridad criminal que posee facultad de veto en decisiones tomadas por las autoridades formales. El transporte público, la obra pública y la producción agrícola parecen ser algunos de los elementos que comprenden el férreo control territorial del crimen.
Un segundo tema grave, relacionado con el fenómeno del control territorial del crimen, es la crisis de desapariciones en Jalisco, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara y la región de Los Altos. En tercer lugar, el cobro del derecho de piso ha repuntado recientemente en entidades como Morelos y Tamaulipas. Este mismo repunte de la extorsión presencial lo resienten también, a lo largo del país, los productores del campo y las industrias minera, pesquera y restaurantera. En cuarto lugar, la violencia y los robos en carreteras son en gran medida consecuencia del control territorial que ejercen los grupos criminales. Lo mismo indica el resurgimiento del robo de combustible (conocido como huachicol).
La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y de La Nueva Familia Michoacana sigue incontenible en varias regiones del país. Ante lo anterior, autoridades estatales y municipales de algunas entidades, como Veracruz, han optado por establecer una serie de acuerdos con grupos criminales que conduzcan a la desprestigiada pax narca (basada en la construcción de monopolios criminales por zona). La peor consecuencia de estos acuerdos temporales con el crimen ha sido continuar impulsando su veloz expansión geográfica.
