Estamos viviendo momentos inéditos, ni en los periodos más convulsos de la República había dejado de operar el Poder Judicial Federal. Aun en el siglo XIX, durante la Reforma o al inicio del siglo pasado, durante el conflicto revolucionario, la impartición de justicia federal, con dificultades, siguió operando.
Hoy estamos a un senador de que se apruebe o no la reforma al Poder Judicial, si la aritmética más elemental sigue concluyendo que dos tercios de 128 son 86 senadores, como lo reconoce la misma Secretaría de Gobernación en “EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA”.
Hasta el día de hoy, 43 senadoras y senadores de la República han hecho público su voto en contra de la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Vaya compromiso de cara a la nación.
Días antes, el Consejo General del INE tuvo en sus manos la posibilidad de honrar el voto ciudadano expresado en las urnas el pasado 2 de junio. Sin embargo, por mayoría de 7 a 4 resolvieron que el 55% de los votos equivalía al 72.8% de las curules en la Cámara de Diputados y, por si fuera poco, días después en votación 4 a 1 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó esa decisión.
Consecuencia de lo anterior, lo que está en juego es la posibilidad de que se reforme de fondo la estructura del Estado mexicano y el necesario equilibrio entre los tres poderes. Esa puerta abrieron las autoridades electorales para construir artificialmente una mayoría calificada para reformar la República, cuestión que no estuvo sujeta a la votación el pasado 2 de junio.
Ahora, en manos de 43 personas está enmendar ese craso error. La votación podría haber sido más contundente si dos senadores postulados por el PRD hubieran honrado el voto de sus electores y hubieran permanecido en la oposición, pero no, corrieron a los brazos del oficialismo. Los 43 —22 del PAN, 16 del PRI y 5 de MC— tendrán el próximo miércoles la honrosa decisión de frenar una reforma a todas luces regresiva.
Lo hemos dicho, sin duda se requiere una reforma al Poder Judicial, pero la que López Obrador propuso no conduce más que a desdibujarlo y a concentrar el poder en el Ejecutivo Federal. No va por avanzar en la construcción de una justicia oportuna, profesional y que atienda en sus decisiones a la Constitución, a las disposiciones legales que norman la convivencia pacífica entre nosotros y a los tratados internacionales que México ha firmado para garantizar el respeto a los derechos humanos, sino a la ambición del poder por el poder mismo, ostentándose como el único representante del pueblo, diría Nadia Urbinati: “YO, EL PUEBLO”.
Estamos frente a una crisis constitucional, y si no, hagamos y contestemos las siguientes preguntas: ¿qué sucedería si el Senado de la República aprueba la reforma al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene facultades para ello, considera que es improcedente? ¿AMLO y su fracción mayoritaria desacatarán el mandato de la Corte? Si es así, ¿qué prevalecerá?
En los litigios en curso y en los que se abran, ¿quién tendrá la última palabra? Para los juicios domésticos ¿habrá que esperar la lectura caprichosa del Ejecutivo? Y en los internacionales, ¿los tratados que nuestro país ha firmado serán desconocidos a nombre de la soberanía nacional, cuando el mismo López Obrador los firmó como su representante?
Lo que está en juego es la CONSTITUCIÓN de la República, es decir, aquello que la amalgama. Lo que está en juego es el Estado de derecho, ya que se pretende cambiar la aplicación indistinta de las reglas de la convivencia económica, social y política y lo que éstas protegen: los derechos de las y los mexicanos. Se abre así la puerta a la arbitrariedad. De eso estamos hablando.
POSDATA 1: Honor a quien honor merece, las y los jóvenes universitarios en la calle, así como las y los magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de otros organismos judiciales locales como el de la CDMX, que con pundonor defienden la responsabilidad que tienen frente a la República.
POSDATA 2: Al parecer se confirma la sospecha del tufo aristocrático de López Obrador para quien el poder se hereda.
