En un país donde la justicia ha sido históricamente un bastión inaccesible para el ciudadano promedio, la reforma al Poder Judicial parece, a primera vista, una oportunidad para democratizar y legitimar las decisiones judiciales. Sin embargo, al analizar más allá del velo populista y del discurso de austeridad, surge una inquietante pregunta: ¿Quiénes son realmente los beneficiarios de este cambio estructural? La respuesta revela una intrincada red de intereses políticos, económicos y sociales que podrían alterar peligrosamente el equilibrio de poderes en México.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular. A primera vista, esta medida parece democratizar el proceso. No obstante, el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga una influencia significativa en la nominación de candidatos plantea serias preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial. En lugar de empoderar al pueblo, esta reforma podría consolidar el control del Ejecutivo sobre los jueces, erosionando la imparcialidad judicial. La preocupación radica en que los jueces podrían verse más preocupados por mantener su popularidad electoral y satisfacer a quienes los nominaron que en impartir justicia de manera objetiva.
Este riesgo se ve agravado por la posibilidad de que las decisiones judiciales se alineen con la agenda gubernamental, en lugar de proteger los derechos fundamentales. Recordemos que el Poder Judicial ha sido, hasta ahora, un baluarte en la defensa de derechos fundamentales y la protección de comunidades vulnerables. Con una corte menos autónoma, surge la pregunta de quién protegerá estos derechos cuando las decisiones legales puedan estar influenciadas por lealtades políticas.
Más allá de la dimensión política, esta reforma abre una ventana para la intervención de actores económicos en el sistema de justicia. La elección popular introduce una lógica electoral que, aunque prohíbe el financiamiento público y privado, no elimina la posibilidad de influencias indirectas. ¿Cuánto tardarán los grandes grupos empresariales en encontrar maneras de impulsar candidatos afines a sus intereses? El resultado podría ser un Poder Judicial aún más vulnerable a las presiones del capital, en lugar de proteger al ciudadano común.
El sector privado ya ha mostrado su capacidad para influir en políticas públicas y ahora tiene la oportunidad de expandir su alcance al sistema judicial. En sistemas donde algunos jueces son electos, como en Estados Unidos, se ha documentado cómo las donaciones de campaña y las relaciones de poder afectan la imparcialidad judicial. México podría caer en la misma trampa, perdiendo lo poco que queda de la integridad de su justicia en el proceso.
En un contexto donde el discurso de austeridad ha ganado terreno, la eliminación de las pensiones vitalicias de los ministros y la reducción de sus salarios son presentadas como medidas de justicia social. Sin embargo, esta capa de ahorro gubernamental esconde un riesgo considerable: la vulnerabilidad de los jueces a presiones externas. La reducción de salarios y beneficios podría desincentivar la entrada de profesionales altamente capacitados al Poder Judicial, debilitando su calidad y exponiéndolos a influencias que antes podían resistir.
El supuesto ahorro tiene un costo elevado: la erosión de la independencia financiera del Poder Judicial. Un sistema en el que los jueces no cuentan con estabilidad económica es un sistema donde las decisiones podrían estar influenciadas por factores externos, debilitando la imparcialidad judicial. Por tanto, una reforma auténtica no debería centrarse únicamente en la austeridad superficial, sino en asegurar una estructura financiera que garantice la independencia y la calidad del poder judicial.
La reforma al Poder Judicial debe ir más allá de cambios superficiales y estéticos. Se requiere una revisión profunda que garantice la verdadera independencia judicial, sin la influencia de intereses políticos o económicos. Esto implica una selección transparente y meritocrática de jueces, un sistema de remuneración justo que atraiga a los mejores talentos y un fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas que prevengan la corrupción y la parcialidad.
En lugar de debilitar la justicia bajo el pretexto de democratizarla o hacerla más austera, es esencial que cualquier cambio estructural refuerce la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. La justicia no puede estar al servicio del gobierno ni de los intereses económicos; debe ser un espacio de autonomía, donde se protejan los derechos fundamentales y se defienda a quienes más lo necesitan.
Como bien lo advirtió George Orwell, el control del poder suele disfrazarse de benevolencia. La reforma al Poder Judicial, tal como está planteada, tiene el potencial de transformar una institución destinada a defender al ciudadano en una herramienta más de aquellos que buscan perpetuar su control. Si esto ocurre, México estará retrocediendo en su camino hacia la consolidación democrática. Los jueces deben impartir justicia, no servirse de ella, y cualquier cambio que amenace este principio debe ser examinado con un rigor que va más allá de lo que nos quieren hacer creer.
