El presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de tomar el control del único poder del Estado que aún se le resiste en México, lo que aseguraría el dominio de Morena para los próximos años. Un poder absoluto plantearía importantes riesgos políticos y económicos para un país que pasó la mayor parte del siglo XX bajo un régimen autoritario.
Morena y aliados necesitan conseguir un voto más en los próximos días para reformar el Poder Juducial, lo que podría doblegar a una institución que ha bloqueado las reformas de López Obrador. Su éxito, que comenzó con una victoria aplastante de Claudia Sheinbaum sobre la oposición, y continuó con una supermayoría en ambas cámaras del Congreso, representa un riesgo para el “buen gobierno”, dijo Jeffrey Weldon, profesor de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“México tuvo un gobierno autoritario con este tipo de control unipartidista durante décadas”, dijo. “Los resultados económicos y sociales de esos años no se consideran buenos”.
Un tribunal que no pone límites a un presidente amenaza los principios básicos de la democracia, dicen los críticos. También plantea incertidumbre para inversionistas, luego de un régimen de seis años que se ha mostrado poco amigable con la comunidad empresarial. La moneda mexicana se desplomó pocas horas después de la aplastante victoria de Morena en junio, cuando los operadores anticiparon que el partido buscaría tomar el control total del gobierno. Desde entonces, ha seguido en picada, alcanzando su nivel más bajo desde fines de 2022 y convirtiéndose, por mucho, en la divisa con peor desempeño del mercado emergente en ese período.
Se trata de un duro revés para una moneda que hasta hace unos meses era llamada “superpeso”, y los analistas prevén que habrá más. Marco Oviedo, estratega en XP Investimentos en Brasil, dijo que el peso probablemente superaría los 20 por dólar esta semana, desde los 19.82 actuales, en caso de que se apruebe la reforma. Espera que termine el año en torno al nivel de 20.50. Eso se compara con niveles de alrededor de 17 por dólar justo antes de las elecciones.
Cambiar las normas para la selección de jueces es una estrategia utilizada a menudo por aquellos líderes que buscan consolidar su poder. Ejemplos recientes incluyen reformas judiciales en Bolivia, Venezuela y Hungría. Pero en muchos sentidos, la reforma de México va más lejos.
La propuesta presentada al Congreso incluye reemplazar a los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Federal por magistrados de elección popular en los próximos tres años. Es probable que muchos, si no la mayoría, de los más de mil 600 magistrados sean de Morena, dado que el partido cuenta con más apoyo popular que nunca.
“Esto es toda una revolución”, dijo Oviedo, quien anteriormente fue asesor del expresidente Felipe Calderón. “Es un cambio de régimen y ya nada lo detiene”.
Antes y durante su sexenio, AMLO mantuvo una relación complicada con los jueces de la SCJN.
Cuando en 2006 y 2012 denunció fraude electoral durante sus campañas presidenciales, el Tribunal Electoral rechazó sus impugnaciones. Durante su presidencia, la Suprema Corte bloqueó algunas de sus medidas más controvertidas, incluida la reforma al Instituto Nacional Electoral y una reorganización que puso a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de Defensa.
Uno de los golpes más fuertes llegó a principios de 2024, cuando la Suprema Corte obstruyó la ley nacionalista eléctrica, que proponía dar prioridad a la energía generada por la empresa estatal de servicios públicos de México, CFE, por encima de la de empresas privadas de energía renovable. Unos días después, propuso un paquete de reformas constitucionales, que incluía los cambios.
“En este momento, el poder Ejecutivo también controla al Legislativo”, dijo la jueza Juana Fuentes Velázquez, titular de JUFED, una de las principales asociaciones de trabajadores judiciales de México, que lidera las huelgas a nivel nacional contra la reforma: “Si elegimos jueces por voto popular, implicaría que tendríamos una mayoría de jueces del partido gobernante y que se convierta en un poder absoluto”.
La principal crítica de AMLO al PJ es que sus jueces están controlados por sectores con poder económico, ya sean empresarios o incluso grupos del crimen organizado. AMLO dijo recientemente que la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, debería enfrentar juicio político por aceptar las impugnaciones del Grupo Elektra del multimillonario mexicano Ricardo Salinas, en un intento por evadir impuestos.
Días después de la victoria de su partido en junio, AMLO dijo que buscaría reformar los tribunales, algo que sus legisladores dijeron puede pasar antes de que termine su mandato el último día de septiembre.
“Vamos a recurrir al método democrático, para que sea el pueblo el que decida, el pueblo soberano, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico-financiero”, dijo.
Además de elegir a los jueces por voto popular, la propuesta de AMLO reduciría el número de magistrados de la Suprema Corte de 11 a 9 y recortaría su periodo de 15 a 12 años. En su batalla de larga data contra los funcionarios, el presidente siempre se ha quejado de que ganan más que él, por lo que ha propuesto que sus salarios no sean superiores al del presidente.
También quiere eliminar el requisito de que los jueces deben tener al menos 35 años y reducir a la mitad los años de experiencia necesarios en el trabajo judicial, de 10 a cinco.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que flexibilizar los requisitos en términos de calificaciones y experiencia también podría “hacer más fácil para los cárteles y otros malos actores aprovecharse de jueces políticamente motivados e inexpertos”.
Por otra parte, Sheinbaum ha dicho que el gobierno actuará con responsabilidad en la aprobación de la reforma; sin embargo, ha enfatizado que será aprobada por tratarse de un mandato popular.
“Lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia”, dijo en un video publicado en X el jueves. “Por supuesto que tienen que quedar aquellos que tienen una fama pública buena, que sean honestos, y que tengan los conocimientos para poder ser jueces”.
Mensaje importante sobre la mayoría calificada. pic.twitter.com/LlcBLrLolK
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 30, 2024
La propuesta de AMLO se inspiró en parte en los esfuerzos de Bolivia por reformar sus tribunales.
En 2011, el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, modificó la Constitución y eligió a los principales jueces de la Corte Suprema por votación popular. Las elecciones fueron muy criticadas porque la mayoría de los candidatos a jueces eran afines al partido gobernante.
En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, llenó el poder judicial con sus aliados, aprovechando la mayoría del partido gobernante, pocos días antes de que se jurara una nueva Asamblea Nacional liderada por la oposición. Ese mismo órgano judicial certificó recientemente su controvertida victoria en las elecciones presidenciales de julio.
En 2012, el partido gobernante Fidesz, de Hungría, utilizó su mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional para reducir la edad de jubilación de los jueces y deshacerse de aquellos con más experiencia y menos propensos a doblegarse a la voluntad del gobierno.
Según Gustavo Flores-Macías, profesor de gobierno y políticas públicas de la Universidad de Cornell, la elección de los jueces de la Corte Suprema por voto popular es una apuesta arriesgada. Si bien los jueces pueden emitir decisiones que consideren más favorables a los intereses de los votantes, también pueden ser mucho más vulnerables a la presión política de otras ramas del gobierno.
“En Bolivia, donde también se eligen magistrados de la Corte Suprema, la legislatura examina a los postulantes para generar un subconjunto de candidatos que los votantes puedan elegir”, dijo. “Este paso elimina a los candidatos inexpertos, pero también facilita la selección de finalistas que los partidos políticos aprueban”.
Aproximadamente la mitad de los jueces federales de México serán elegidos por voto popular en 2025, incluidos los magistrados de la Suprema Corte, y el resto en 2027, cuando se elijan los jueces del Tribunal Electoral, según la última versión de la propuesta de AMLO.
Los magistrados de la Corte Suprema tendrían la opción de renunciar antes de la elección de nuevos jueces o de postularse para sus cargos. La primera opción les permitiría conservar sus pensiones de jubilación completas, mientras que la segunda opción no.
Flores-Macías subrayó que ni los jueces designados ni los electos son una panacea para el poder judicial de México, ya que la corrupción y la politización de las decisiones judiciales pueden estar presentes en ambos sistemas.
“El sistema de justicia mexicano es conocido por su corrupción generalizada que resulta en una impunidad generalizada, por lo que no es un ejemplo para el resto del mundo”.
