Amigas y amigos lectores, el pasado viernes 23 de agosto marcó un punto crucial en la historia política y económica de nuestro país. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para eliminar siete organismos autónomos, un movimiento que podría transformar radicalmente el equilibrio de poder y el funcionamiento de nuestra democracia.
Esta propuesta, que aún debe pasar por la aprobación del Pleno de la Cámara, ha encendido el debate nacional, pues no se trata solo de una simple reestructuración administrativa; estamos hablando de la posible desaparición de instituciones clave que, en las últimas décadas, han actuado como contrapesos esenciales para proteger la transparencia, la competencia económica y los derechos ciudadanos.
Los organismos autónomos en México, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no son meras oficinas gubernamentales.
Estos organismos surgieron en respuesta a la necesidad de fortalecer la democracia y la economía mexicana, tras años de concentración de poder y opacidad.
Su autonomía les ha permitido actuar con independencia frente a los intereses políticos de turno, garantizando la transparencia, la competencia justa en los mercados, y la regulación efectiva de sectores clave como las telecomunicaciones y la energía.
La propuesta de eliminar estos organismos no solo genera preocupación por la concentración de poder, sino que también plantea un peligro significativo para la economía y los negocios en México. La Cofece, por ejemplo, ha jugado un papel vital en evitar prácticas monopólicas que perjudican tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas.
Por ejemplo, en 2017 la Cofece multó a varias de las principales cadenas de farmacias del país por coludirse para manipular los precios de los medicamentos. Sin esta institución, se corre el riesgo de que los mercados se vuelvan menos competitivos, lo que podría resultar en precios más altos, menor innovación, y un entorno empresarial más difícil para los nuevos competidores.
Del mismo modo, el IFT ha sido fundamental para regular el sector de telecomunicaciones, asegurando que los servicios de internet y telefonía lleguen a más mexicanos a precios competitivos. Su desaparición podría llevar a un retroceso en los avances logrados en este sector, afectando no solo a los consumidores, sino también a las empresas que dependen de una infraestructura de telecomunicaciones robusta y bien regulada.
El argumento de la administración actual para esta medida es que la eliminación de estos organismos generará ahorros significativos y reducirá la duplicidad de funciones. Sin embargo, esta justificación parece simplista y miope.
Si bien es cierto que el país enfrenta desafíos presupuestales, la eliminación de estos organismos podría tener un costo mucho mayor a largo plazo, tanto en términos económicos como democráticos. La transparencia, la competencia y la regulación eficiente no son lujos; son pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible y para la protección de los derechos de los ciudadanos.
Además, la desaparición de estos organismos puede ser vista como un intento de debilitar los contrapesos democráticos en un momento en que México necesita fortalecer, no diluir, sus instituciones. La concentración de poder que resultaría de esta medida podría abrir la puerta a abusos y corrupción.
¿Qué nos dice esta propuesta sobre el rumbo que está tomando el país? En lugar de avanzar hacia un sistema más transparente y competitivo, corremos el riesgo de retroceder a un modelo donde el poder político controla y define los términos del juego económico.
Esto no solo sería un golpe para la democracia, sino también para la economía de mercado, que depende de la certeza jurídica y de la existencia de reguladores imparciales.
Sin organismos autónomos que actúen como árbitros independientes, las reglas del juego podrían cambiar de un día para otro, según los intereses políticos del momento. Esto generaría una incertidumbre que desalentaría la inversión, tanto nacional como extranjera, y perjudicaría el crecimiento económico del país.
Amigas y amigos, en lugar de simplificar y concentrar el poder, necesitamos fortalecer nuestras instituciones y asegurar que actúen de manera independiente y eficiente. Solo así podremos garantizar un entorno en el que los negocios prosperen, los derechos se respeten, y la democracia florezca.
¿Ustedes qué opinan? Los leo.
