Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Al momento en que escribo estas líneas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha nombrado casi a la totalidad de su gabinete ampliado. No obstante, se mantiene el suspenso sobre la designación para la dirección general de Pemex, una de las posiciones estratégicas más importantes para el gobierno federal, cuya operación está ligada a casi la totalidad de fenómenos macroeconómicos de relevancia para el país.
Víctor Rodríguez, profesor titular del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es la persona que tiene más posibilidades de obtener la designación. A él lo acompañaría Néstor Martínez al frente de la dirección general de Pemex Exploración y Producción, la rama más rentable de la empresa y que administra las operaciones relacionadas con exploración y extracción de hidrocarburos en las asignaciones y contratos que tiene adjudicados la empresa productiva del estado.
A estas posiciones hay que añadir otras igualmente estratégicas, como la dirección general de Pemex Transformación Industrial, responsable de diferentes actividades relacionadas con refinación, petroquímica básica y comercialización de derivados del petróleo. También es clave la dirección de finanzas, ya que a nivel corporativo está a cargo de gestionar la deuda de la empresa y su participación con los mercados financieros locales e internacionales, tarea que tiene un elemento crucial de comunicación sobre la estrategia de la empresa a corto y mediano plazos.
Pemex ha sido desde su fundación una empresa cuyo dueño es el gobierno mexicano, quien la ha utilizado como un vehículo para transformar los recursos de hidrocarburos del subsuelo, que son propiedad de la Nación, en barriles de petróleo que tienen valor de mercado y se pueden comercializar a escala internacional. Asimismo, tiene ramas encargadas de operaciones en otros eslabones de la cadena productiva de la industria de hidrocarburos, entre ellas, el transporte de hidrocarburos en ducto (logística) y las tareas de refinación, petroquímica básica y comercialización ya mencionadas.
Por décadas, la empresa ha operado con todas las ventajas imaginables en los diferentes mercados que participa, de hecho, la mayor parte del tiempo lo ha hecho prácticamente como monopolio en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Fue hasta la implementación de la reforma energética de 2013 que comenzó a perder parte de su hegemonía en exploración y extracción de hidrocarburos, lo que tuvo consecuencias obvias sobre los beneficios que recibían diferentes actores relacionados con sus actividades.
Filias y fobias aparte sobre el diseño institucional y la vocación de Pemex, el hecho de que sea una empresa propiedad del Estado encargada de determinadas tareas conlleva una relación que en la teoría económica se modela a través del modelo de agente-principal, el cual conlleva de origen muchas dificultades para operar con eficiencia, puesto que implica establecer métricas para evaluar su gestión, mecanismos de rendición de cuentas, estándares de transparencia, criterios para un manejo financiero sostenible y, lo más necesario, variables para determinar si su operación es rentable.
Cuando echamos un vistazo a la literatura sobre el tema, uno de los mecanismos para resolver este problema consiste en que el principal (en este caso el gobierno) retire parte de los recursos de la operación a cargo del agente (Pemex) para que sea el principal quien determine el uso más deseable para dichos recursos. Asimismo, frente a una restricción presupuestal relativamente más estricta, se limitan los riesgos asociados a la operación del agente. Ese, a grandes rasgos, es el papel que juega la carga fiscal de la empresa.
Por supuesto, esa no es la única forma en que se puede resolver el problema de fondo, ya que existen otros mecanismos de rendición de cuentas que conducen a una supervisión efectiva y a una operación eficiente. Lo crucial está en reconocer que el problema de fondo existe y que es crucial contar con un mecanismo que alinee los incentivos entre el gobierno y Pemex. Esto resulta indispensable para las finanzas públicas, pues no existe una relación simbiótica más relevante para la economía que la que media entre estos dos.
Es tan importante su relación que la forma en que se conduzca resulta crítica para la captura de ingresos petroleros (alrededor del 16 por ciento de los ingresos del sector público federal), el riesgo inherente a la postura fiscal, la calificación de la deuda soberana, el comportamiento de distintos indicadores financieros (especialmente las tasas de largo plazo y el tipo de cambio), la balanza comercial de productos petroleros y el déficit de cuenta corriente, por señalar los más evidentes.
Para la nueva administración, la gestión sobre Pemex será determinante para la postura fiscal (el tamaño del déficit y la trayectoria de la deuda), el comportamiento del riesgo del país incorporado en activos financieros (diferenciales de tasas y tipo de cambio) y la estabilidad financiera (gestión del refinanciamiento de su deuda y su vínculo con otros agentes corporativos). Si estas han sido las razones que explican por qué se prolongó una designación tan relevante, la decisión luce acertada, sin embargo, también son problemas que requieren con urgencia una estrategia clara y transparente: el reto es tan colosal como la deuda que hoy documenta la empresa en los mercados financieros.
