Hay que seguir el caso de Radiomóvil Dipsa (Telcel), la empresa que forma parte del gigante de América Móvil, que tiene como presidente del Consejo de Administración a Carlos Slim Domit y dirige Daniel Hajj, y es que tiene razones de sobra para buscar y ganar un amparo en contra del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) y, de paso, proteger áreas importantes para la seguridad nacional.
Resulta que está el amparo en revisión 405/2024 porque Telcel está en contra de los lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII).
Y aunque podría parecer un tema menor, la verdad es que, como bien dijo la empresa en el amparo interpuesto, la entrega de la información solicitada constituye un grave riesgo a la seguridad nacional de las comunicaciones al incluir una entrega detallada de la red de conectividad, conmutación, de acceso y de planta interna y externa que propiciaría actos en contra de la estabilidad económica y social del país.
Y es que si se otorga esa información, cualquier tercero, como son las empresas competidoras de Telcel, al conocer la cantidad, ubicación, tecnología, parámetros técnicos de funcionamiento y capacidad de los elementos activos de la red, tendrían acceso al diseño y configuración de la red provocando que Telcel estuviera en desventaja competitiva, ocasionando daños irreparables.
Esto, además de que hay argumentos de la inconstitucionalidad del artículo 181 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque viola los derechos de protección de la información confidencial, pues se autoriza que terceros tengan acceso a información reservada, y no prevé que el titular de la información confidencial otorgue su consentimiento previo a que terceros tengan acceso a ella.
Y si a eso se le suma que el resguardo de información de la actual administración, que optó por “cortar” todas las protecciones de seguridad por la mal llamada austeridad republicana ha sido un fiasco, como hemos visto, ya que fueron hackeadas igual páginas de periodistas en resguardo del mismo Palacio Nacional o hubo hackeos a la información del Ejército, es prácticamente darle a cualquiera información privilegiada de cómo opera la mayor compañía celular del país, que puede ser mal utilizada por la delincuencia y, obviamente, por su competencia.
El proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa propone amparar a la empresa mexicana, pero dados los tiempos que se viven, todo podría pasar. Es un tema que hay que seguir.
En la última edición del Congreso Mexicano del Petróleo, Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzó un acuerdo con CME Oil&Gas de Alfredo Miguel Bejos para desarrollar dos campos maduros en aguas someras –Bacab y Lum– ubicados en la reserva Ku-Maloob-Zaap. El 70 por ciento de la producción mundial de petróleo proviene de campos maduros.
El dato más relevante de este proyecto es que bajo el modelo contractual de CSIEE (contratos de servicio), el privado invierte a riesgo y costo, mientras que Pemex mantiene la propiedad de los yacimientos. En un escenario conservador el proyecto estima ingresos por 4 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento irá directo para la petrolera y el gobierno federal.
La diferencia será para recuperar la inversión de mil 650 millones de dólares y un margen de rentabilidad, esto es sin duda una buena noticia y muestra también la confianza de las empresas mexicanas en este negocio.
El grupo empresarial de Alfredo Miguel lleva más de 40 años en la industria. CME a través de otras de sus filiales provee servicios de logística aérea y marítima, perforación y terminación de pozos petroleros, monitoreo de parámetros de perforación y generación de energía eléctrica, y tiene clientes, además de Pemex, a otras compañías privadas como Shell, Total Energies y ENI.
Si bien es cierto este modelo contractual no resuelve la situación financiera de Pemex, la expansión de más proyectos similares permitirá que la petrolera enfoque sus recursos en otras tareas.
En México, alrededor de 485 de los más de 700 campos que existen son considerados maduros. La exploración de campos maduros permite maximizar el uso de infraestructura, obteniendo producción adicional en un menor plazo.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México fue sede de la premier del documental “La ingeniería contra el tiempo” de Discovery Channel, la noche del martes, en el cual las principales constructoras del país que participaron en obras emblemáticas hechas en este sexenio fueron reunidas para contar los retos que enfrentaron.
El documental aborda cuatro grandes obras carreteras de este sexenio: la autopista Barranca Larga-Ventanilla, la cual comunica Oaxaca con Puerto Escondido en sólo 2 horas y media, en donde participó Coconal de Héctor Ovalle; la autopista Las Varas-Nayarit, que conecta a Puerto Vallarta con la Riviera Nayarit con un ahorro de tiempo de entre 60 y 80 minutos; la carretera Real del Monte-Huasca, en el estado de Hidalgo y que forma parte del corredor intertroncal México-Pachuca-Tampico; el puente Nichupté, que conecta la zona hotelera con el centro de Cancún librando el área natural protegida de los manglares; y los caminos artesanales de Oaxaca, para comunicar a las 570 cabeceras municipales del estado.
Todas las obras que supervisó Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), fueron ya entregadas o están justo en la fase final de detalles, como la de Cancún. Mauricio Jessurun, presidente del Colegio, fue el anfitrión con funcionarios de la Secretaría, además de los directivos de las constructoras involucradas en los proyectos.
A casi seis semanas de que concluya está administración, los pagos pendientes siguen siendo uno de los temas que más preocupan a miles de familias, y es que uno de los principales problemas de la administración pública es el ejercicio de los recursos públicos en tiempo y forma.
Pero eso parece no ser un tema que tristemente preocupe al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dirige Diego Prieto, ya que tiene pagos pendientes desde el año pasado.
Resulta que, a pesar de haber transcurrido ya ocho meses de este 2024, el INAH continúa sin cubrir el adeudo que tiene por los servicios de limpieza que recibió durante todo el 2023 y enero y febrero de 2024 por parte de la empresa Ocram Seyer. Es cierto que aún no hay una negativa de pago por parte del Instituto, pero le echan la “bolita” a la Secretaría de Hacienda, que aseguran nunca les otorgó los recursos necesarios para cubrir el servicio. A tan solo unos días del arranque de la nueva administración, quien llegue al INAH deberá enfrentar adeudos que la gestión de Diego Prieto no pudo resolver.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.
