A tan solo 41 días de que finalice la administración de Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) se prepara para cerrar la compra de la terminal de almacenamiento de petrolíferos en Tuxpan, Veracruz, propiedad de la firma estadounidense Monterra Energy. Nos dicen que la transacción, que supera los 320 millones de dólares, está en su etapa final, y se espera que el anuncio oficial se haga antes del 1 de octubre, cuando se produzca el cambio de administración.
Aunque la adquisición parece alineada con la política de fortalecer el control estatal en el sector energético, la operación ha despertado preocupaciones debido a los problemas que arrastra la terminal, como cierres regulatorios, adeudos legales y fallas estructurales que podrían comprometer la seguridad y operatividad de Pemex.
Fuentes nos adelantan que el equipo de transición de Luz Elena González Escobar, próxima secretaria de Energía en el gobierno de Claudia Sheinbaum, está evaluando cuidadosamente la compra para determinar los riesgos que podría representar para Pemex, que ya enfrenta pasivos totales de 1.8 billones de pesos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó en su más reciente reporte que, entre 2019 y 2024, el gobierno federal destinó 1.73 billones de pesos para apoyar a Pemex, cifra que equivale al 156 por ciento del presupuesto total de inversión en infraestructura del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Este contexto añade presión a la decisión de cerrar la compra antes del cambio de gobierno, dejando en el aire el futuro financiero y operativo de la petrolera.
Recientemente, el Banco de México (Banxico), bajo la dirección de Victoria Rodríguez Ceja, reveló los resultados de su encuesta sobre las “Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado”. Los datos no son alentadores: la incertidumbre generada por acciones recientes del gobierno parece estar afectando las expectativas de crecimiento del país.
El panorama no sorprende cuando se observan casos como la expropiación de las instalaciones de Vulcan Materials en Playa del Carmen o la intervención en el tramo ferroviario de Grupo México en Coatzacoalcos. Estos episodios han sembrado dudas entre inversionistas y empresarios sobre la seguridad jurídica en México.
Uno de los casos más alarmantes es el de Fibra Orión, donde la toma del Viaducto La Venta-Punta Diamante en Acapulco, Guerrero, por parte del gobierno de Evelyn Salgado, ha encendido las alertas. En este caso, los afectados son los propios trabajadores del país, ya que el financiamiento para esta infraestructura proviene de las Afores. A pesar de que la empresa ha ofrecido su apoyo para rehabilitar la zona dañada por el huracán Otis, las autoridades estatales no han dado ninguna señal de respuesta.
La pregunta que flota en el aire es si las autoridades actuarán demasiado tarde, permitiendo que esta incertidumbre siga erosionando la confianza de los inversionistas y afectando las perspectivas de crecimiento económico del país.¿Nuevo rumbo?
Los esfuerzos de la administración actual para ‘recuperar’ hospitales operados mediante Asociación Público-Privada (APP) han dado un último fruto, un ejemplo es la Clínica Hospital ISSSTE Mérida. Esta unidad, que hasta hace poco estaba bajo la operación de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura Yucatán, parte de Grupo GIA de Hipólito Gerard, ha pasado a ser controlada al 100% por el gobierno federal. Con esto, se cierra el ciclo de ‘recuperaciones’ de hospitales bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a solo semanas de concluir su mandato.
Este movimiento no solo marca el final de una estrategia de centralización de servicios de salud, sino que también deja una pregunta en el aire: ¿qué rumbo tomará Claudia Sheinbaum Pardo cuando asuma la Presidencia el próximo 1 de octubre?
El contexto económico no pinta fácil para su administración. Con un déficit en aumento, expectativas de crecimiento del PIB a la baja y los estrictos objetivos de disciplina financiera impuestos por Rogelio Ramírez de la O, quien continuará al frente de Hacienda, las negociaciones con empresas nacionales y extranjeras podrían complicarse aún más. Además, las metas de desarrollo regional que Altagracia Gómez coordina desde el Consejo Asesor Empresarial añaden una capa adicional de complejidad a la situación.
Lo que está claro es que el cambio de mando trae consigo incertidumbre sobre el futuro de las asociaciones público-privadas en México y cómo enfrentarán los nuevos desafíos económicos.
