Los organismos empresariales cúpula no habían expresado una opinión contundente respecto al debate sobre la sobrerrepresentación en el Congreso, pero ya lo hicieron el domingo por la noche y el lunes por la mañana.
Las comunicaciones del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios hacen un llamado a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral para que normen sus decisiones sobre la base de una interpretación de la Constitución que garantice la pluralidad en el Congreso.
Eso significa específicamente que la aplicación del límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados sea sobre la base de considerar que el techo de 8 por ciento se aplique a las coaliciones como si fueran partidos.
Frente a estos pronunciamientos, en la mañanera del lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, saltó e hizo muy duras recriminaciones a los empresarios.
“¿Cómo piden que se interprete la Constitución si es muy clara y lo mismo la ley en la materia, además, si ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores, por qué ahora que el movimiento de transformación, porque así lo decidió el pueblo, va a tener mayoría calificada en el Congreso no quieren que se aplique la Constitución y se aplique la ley en la materia y se apliquen las resoluciones que se han hecho con anterioridad, porque desean que no se modifique la Constitución, porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal”.
El presidente López Obrador dio en el clavo.
Lo que está en juego es la posibilidad de modificar la Constitución sin tener que buscar consensos con las fuerzas opositoras, con el objeto de echar para atrás toda una lista de reformas que se hicieron en México durante, aproximadamente, los 30 años anteriores a 2018.
Quiere regresar a la estructura institucional de los 70 y 80 del siglo pasado. O más atrás en algunos casos.
Ya depende de cada visión si se piensa que las reformas de ese periodo fueron para beneficiar a una minoría.
El primer tema que está sobre la mesa será el de la reforma al Poder Judicial, pero seguramente vendrán muchos de los asuntos enunciados el 5 de febrero por López Obrador.
El próximo viernes vendrá la primera definición, la del INE.
El Instituto tendrá que definir los criterios de asignación de los diputados plurinominales, y sobre esa base, proceder.
Los diversos orígenes de los consejeros, así como su historial de votaciones, nos hacen pensar en que habrá una decisión dividida.
Sin embargo, no veo sencillo que se consigan seis votos a favor de interpretar el artículo 54 de la Constitución, asimilando la limitación fijada a los partidos también para las coaliciones.
Creo que habrá entre 4 y 5 votos a favor de esa interpretación, pero los consejeros son 11, por lo que no será suficiente para que esa visión prevalezca.
En cualquier caso, venga en el sentido que venga la resolución del Consejo del INE, la última palabra la tendrá el Tribunal.
Las expresiones de los cinco magistrados en sesiones recientes nos hacen pensar en una votación que también será dividida.
Veo factible una votación de 3 a 2.
Lo expresado por el presidente de la República en la mañanera del lunes deja ver el tipo de presión que tendrán los magistrados.
Todo el poder del Estado va a estar en contra de quienes voten en contra de una interpretación de la Constitución que sea contraria a los intereses del gobierno. Y además, tienen el ‘soborno’ de la reforma. Se quedarán hasta el 2027 y pueden aspirar a formar parte de la Suprema Corte de Justicia.
Sabe el gobierno que una resolución mayoritaria que diga que las coaliciones deben considerarse equiparables a los partidos echaría por tierra toda una estrategia de gobierno.
¿Tienen los integrantes del Tribunal y éste, como institución, la fuerza suficiente como para emitir una resolución en esa dirección?
Creo que no.
Se puede decir todo lo que se quiera respecto a temas jurídicos. El hecho es que la decisión será eminentemente política.
La semana pasada publiqué un texto en el que referí que la escasa asistencia a la concentración frente al INE (más allá de cualquier comparación con la expectativa) le quitaba fuerza al reclamo ciudadano de que los consejeros y magistrados resolvieran con un criterio independiente. Lo sigo pensando.
Creo que fue una estrategia para el fracaso.
Si los consejeros y magistrados no percibieron un amplio respaldo de la sociedad, me parece que tendremos resoluciones que ratifiquen el criterio que Morena ha planteado desde el 3 de junio.
Ojalá me equivoque.
