La reforma al Poder Judicial preocupa por varias razones. El gremio de jueces y magistrados, quienes serán los más afectados, se opone tajantemente. Hoy lunes definen si se van a paro. Sin embargo, López Obrador y Sheinbaum están empeñados. La reforma, en especial la elección de jueces por voto popular, se ha convertido en el estandarte de su ‘plan C’, y no lo van soltar. La maquinaria ya está echada a andar. Ya tenemos dictamen de la iniciativa y hasta fecha tentativa para la primera elección: el 1 de junio de 2025. Se ve muy cuesta arriba que Morena se eche para atrás. En este contexto, lo oportuno sería enfocarnos en los cómos de la reforma. El diablo estará en los detalles, ésos que vendrán en la legislación secundaria.
Una preocupación es que el crimen organizado intente influir en la elección de jueces y magistrados. Habría que aprender de la experiencia: es un riesgo real. En los cargos que actualmente se eligen por voto popular, la intromisión de los criminales se ha convertido en un problema intratable, yo diría que incluso en una amenaza a la gobernabilidad. Lo anterior no quiere decir que sea un fenómeno generalizado. Por el contrario, afecta sobre todo a los alcaldes y, de los casi 2 mil 500 municipios del país, se concentra de forma desproporcionada en unos 200 o 300 municipios críticos.
Este problema de la intromisión criminal en las elecciones ha sido intratable precisamente porque no se reconoce su carácter disperso. No hay mecanismos que permitan dirigir recursos a los municipios más vulnerables. Para las instituciones es lo mismo hacer campaña en Mérida que en Aguililla, Michoacán. Nadie le dice a los partidos ‘estos municipios son de alto riesgo, hay que hacer una investigación especial para ver quiénes son los candidatos’. Nadie es responsable de declarar, ‘en tal o cual municipio no hay condiciones, el territorio lo controlan los criminales, no se puede hacer campaña’. La responsabilidad se diluye, los recursos se diluyen, y el problema se sigue arrastrando, elección tras elección, con su saldo de candidatos asesinados y de ayuntamientos que operan como las oficinas corporativas de la maña.
El Poder Judicial resulta un tanto indescifrable. Los que no somos abogados lo ignoramos todo sobre los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los auxiliares, los tribunales unitarios, los especializados; sus tareas específicas y la relación que existe entre ellos. Las explicaciones están ahí, pero escritas en un lenguaje hostil, que se creó para marginarnos. A un tribunal colegiado de circuito, por ejemplo, le corresponden ‘los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones cometidas en ellos o durante la secuela del procedimiento, los recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito… cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva’. Los ciudadanos tendremos que darnos a la tarea de investigar qué significan todos estos términos. También entender un poco cómo se organizan los juzgados y los tribunales, y cómo se asignan los casos. Eso, si queremos tener una mínima comprensión de las implicaciones de nuestro voto.
Yo tampoco termino de entenderlo todavía. Lo que sospecho, por el seguimiento que coordino desde hace años, de decenas de organizaciones de todo el país, es que, de los cargos en el Poder Judicial federal que serán de elección, algunos son de vital importancia para los criminales, y otros no tanto. Hay juzgados de distrito, con sede en El Altiplano o en Puente Grande, donde constantemente se resuelve sobre la liberación, el traslado o la permanencia en prisión de personajes de alta peligrosidad. Por ejemplo, hace unos meses hubo bastante escándalo, y recriminaciones de Palacio Nacional, cuando un juez federal en El Altiplano ordenó la liberación de Don Rodo, hermano del Mencho Oseguera. Nos guste o no nos guste, con la elección se abre un frente adicional que los criminales intentarán aprovechar para poner en esos juzgados clave a gente ‘sensible’ a sus intereses.
Un punto de inicio, si nos interesa evitar que se replique la trágica experiencia de las elecciones de alcaldes, sería pedirle al propio Poder Judicial que elabore una lista de los cargos donde se concentran los mayores riesgos. O mejor aún, que establezca criterios para evaluar si algunos cargos de juez o magistrado, por su ubicación geográfica, sus ámbitos de competencia u otras variables, tienen una mayor probabilidad de resolver asuntos que afecten los intereses de grupos armados de alta peligrosidad.
