El foco de la reforma judicial debería estar en áreas como la fiscalía o la defensoría pública, considera Azul Aguiar, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
“Si queremos corregir el acceso a la justicia, estamos mirando a la institución equivocada. Hay que hablar también de los problemas que tiene una de las instituciones centrales en la administración de la justicia, que es la fiscalía”, dijo en una entrevista difundida este fin de semana por el propio ITESO.
Consideró que la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador destruirá el único pedazo que, hasta el momento, se ha logrado construir en México, el Poder Judicial federal.
Indicó que, si no se eficienta a las fiscalías, no habrá forma de corregir 99 por ciento de impunidad en el país “ni de que la Corte y cualquier juez no dejen libre a un criminal por la falta de una integración de una investigación sólida y rigurosa”.
Consideró que el Poder Judicial ha dado muestras de un trabajo acorde a la democracia del país. Estimó que esa reforma pierde de vista otro foco urgente, como mejorar el trabajo de la defensoría pública.
“La única vía para acceder a la justicia como ciudadanos es pagando un abogado. ¿Sabes cuánto cuesta un amparo con un abogado? Entre 20 mil y 50 mil pesos, dependiendo de la parte del país donde te pares. Sólo 10 por ciento de la población en México tiene esa posibilidad”, agregó.
Aguiar lamentó que esta reforma esté enfocada en el tema del voto popular para escoger a los jueces, algo que no resuelve ninguno de los problemas acuciantes que tienen que ver con el acceso a la justicia, y que lo único que hará será supeditar a las cortes al Poder Ejecutivo.
“Va a suceder lo que sucede en la administración pública federal y en las locales, que la gente tiene que irse a trabajar por el partido en las campañas para que después les den un puesto”, afirmó.
