El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se encarga de llevar ante la justicia a quienes cometan crímenes de guerra y genocidio, delitos por los cuales Vladímir Putin ha sido señalado.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, habló sobre la solicitud de Ucrania de entregar a Vladímir Putin en caso de que visite el país para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
“No nos corresponde, nosotros no podemos hacer eso. Estamos en contra de la guerra y a favor de la paz”, respondió AMLO durante su conferencia ‘mañanera de este jueves 8 de agosto, ante los cuestionamientos sobre dicha petición de la embajada de Ucrania en México.
Sin embargo, sí sería posible que México colaborara con la detención de Putin. La razón tiene que ver con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual fue aprobado en 1998 y dio origen a la primera corte internacional permanente e independiente.
Dicha corte es “capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas acusadas de cometer las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, a saber: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”, según establece la CPI.
México firmó el Estatuto de Roma en septiembre del 2000, fue uno de los últimos actos del gobierno de Ernesto Zedillo y de acuerdo con la CPI, la firma se ratificó en octubre de 2005.
Tras la aprobación del Senado, se decidió agregar dichas condiciones al artículo 21 de la Constitución, por lo que la modificación realizada fue la siguiente: “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la aplicación de esta herramienta queda en manos de quien esté en la presidencia y también del Senado.
La CPI emitió órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en 2023 al afirmar que es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y de traslado ilegal de población desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación rusa”.
Luego de esta decisión, el Ministerio Interior de Rusia declaró una orden de búsqueda y captura en contra del presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, al considerar que la Corte es “ilegal”.
A la orden de arresto de Putin se suman las que hay en contra el exministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y el Jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, por atacar a objetivos civiles en Ucrania.
La CPI remarcó que hay pruebas suficientes contra los funcionarios por ser responsables de ataques durante la guerra en Ucrania.
