Marco Baños remarca la importante de que el INE y el Tribunal Electoral definan sus pasos a seguir ante los eventuales cambios a la Constitución que se darán si entregan a Morena y aliados la mayoría calificada.
La sobrrepresentación legislativa que podría favorecer a la coalición gobernante ha detonado un intenso debate que coloca al Instituto Nacional Electoral frente a uno de los mayores retos que ha enfrentado en su historia reciente, dado que la asignación de las diputaciones de representación proporcional, cuya fecha límite es el próximo 23 de agosto, podría definir una mayoría calificada de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, de los Partidos Morena, PVEM y PT, sin que la suma de los votos que obtuvieron el 2 de junio lo respalde.
A reserva de que el INE publique las cifras definitivas, la coalición oficialista tiene alrededor del 54 por ciento de la votación, mientras que los partidos opositores, sumado Movimiento Ciudadano, alcanzan cerca del 46 por ciento. Más allá de la literalidad de las normas, esos porcentajes de votación indican que a la mayoría gobernante le corresponderían entre 272 y 275 curules por ambos principios de elección y a la oposición el resto de los asientos, con lo cual se determinaría una integración de grupos parlamentarios más justa en correspondencia a los votos depositados en las urnas.
En caso contrario, una asignación que considere la regla del ocho por ciento por partido y no por alianza política se traducirá en una sobrerrepresentación que podría tener efectos excesivos. Algunos de ellos serían que Morena, PT y PEVM tendrían casi el 75% de las curules con el 54% de la votación y en automático la mayoría calificada de la Cámara de las y los Diputados, además de que la obtención de asientos, por ejemplo, para el PVEM, significaría que con poco más de la mitad de la votación obtenida por el PAN, tendrían entre 3 y cinco diputaciones más.
Las autoridades electorales, primero el INE y luego el TEPJF, tendrán que valorar que los límites a la sobrerrepresentación previstos en el artículo 54 constitucional tienen el propósito de salvaguardar que el pluralismo político del país expresado en las urnas se refleje, en las proporciones correctas, en la distribución de los asientos en un sistema electoral como el nuestro, tal y como está descrito en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, de la cual provienen las normas constitucionales vigentes.
Frente al argumento expresado por algunas voces de consejeras y consejeros electorales de asignar las curules de representación proporcional atendiendo a la literalidad de las normas y a lo establecido en el acuerdo emitido por el propio Instituto en diciembre de 2023, está la necesidad de atender al espíritu de las normas constitucionales diseñadas en 1996 que, si bien señalan que la sobrerrepresentación máxima del ocho por ciento debe calcularse por partido político, ello llevaría a entregarle a los partidos de la coalición mayoritaria cerca de cien diputaciones por encima del número de votos que obtuvieron en las urnas. Ello sería contrario a una reflexión contundente expresada por José Woldenberg, cada fuerza política debe estar representada en la Cámara de Diputados en forma proporcional a los votos que obtuvieron.
No le demos la vuelta a los riesgos que se ciñen sobre la democracia mexicana, la decisión que tomarán las autoridades electorales podría darle al régimen actual la posibilidad de modificar a su libre albedrío nuestra carta magna, ahí está, en paralelo, la deliberación pública sobre la reforma judicial y los proyectos de dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las iniciativas promovidas por el presidente de la república que, de aprobarse en sus términos, implican una profunda transformación del Estado mexicano y que solo esperan que se concrete una asignación artificiosa de los asientos de representación proporcional y que inicien los trabajos de la nueva legislatura el primero de septiembre.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
