En principio, las regulaciones gubernamentales de competencia se establecen para proteger a los propios agentes económicos regulados. Porque se requiere de cierto orden e infraestructura institucional para que los mercados competitivos se desarrollen libremente.
Ninguna economía se ha desarrollado en modelos anárquicos de gobierno. Es necesaria la fortaleza institucional que brinde seguridad a las inversiones y el crecimiento económico. De hecho, la ausencia de regulación puede ser una barrera a la entrada tan potente como la regulación excesiva que inhibe el acceso a los mercados.
Existe literatura que ha demostrado empíricamente que los mercados son el mecanismo más eficiente para asignar los recursos escasos de una economía. Por ende, las fuerzas del mercado deben protegerse de los abusos tanto de los gobiernos como de los agentes privados que buscan obtener utilidades extraordinarias a costa del ancho de la sociedad. En el libro Leal Buenfil (2021) argumenté en este sentido.
El gobierno debe entonces respetar y hacer respetar los derechos de propiedad privada, de tal forma que sus ciudadanos tengan incentivos claros para invertir y generar riqueza. Se debe velar por el cumplimiento de los contratos privados, pero no solo eso, sino también procurar que el costo de los procedimientos para exigir su cumplimiento sea lo suficientemente bajo para que no se vuelva inaccesible. Porque si para un agente económico el costo de proteger sus derechos es más alto que el valor monetario de lo que quiere defender, entonces se vuelve inoperante.
En este sentido, no es suficiente velar porque las regulaciones gubernamentales sean adecuadas y promuevan las libertades económicas, sino que además se debe contener a los grandes grupos de interés económico que ejercen presión sobre el gobierno. Estos grupos de interés, cuando tienen gran influencia en el gobierno, buscan imponer regulaciones que obstaculizan la entrada de nuevos competidores y limitar la competencia.
Una figura de regulación pública que ha tenido un enorme éxito en términos de crecimiento económico en México y el mundo es la implementación de los regímenes de responsabilidad limitada en las sociedades mercantiles. En México los conocemos como Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). En Estados Unidos como Limited Liablility Company (LCC). En este sentido, se recomienda a las autoridades explorar mecanismos para potenciar la figura de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.), la cual es una figura más reciente y adaptada a la nueva economía del siglo XXI.
Sin estos regímenes, cada inversionista sería responsable de indemnizar ilimitadamente por los daños causados por la empresa a terceros. Serían pocos los emprendedores que decidieran hacer crecer su negocio, pues implicaría exponerse excesivamente a los errores de sus empleados. Este es un claro ejemplo de cómo una regulación bien encaminada puede potenciar el mercado y la competencia.
Pero la figura de responsabilidad limitada no es el único instrumento jurídico que han establecido los gobiernos en beneficio del funcionamiento óptimo de la economía.
Existen muchos otros como las reglas de prioridad en las obligaciones de deuda, la regulación del régimen de garantías, entre otras que demuestran que el mercado demanda ciertas reglas mínimas para su óptimo desempeño.
Habrá quienes argumenten que estas regulaciones las podrían establecer los agentes económicos en contratos privados sin la necesidad de la intromisión del gobierno. Eso es cierto, pero olvidan que los costos de hacer valer algunos contratos pueden hacerlos inoperantes, además de desmedidamente largos.
En síntesis, la intervención limitada y certera del gobierno es necesaria en ciertos mercados y bajo ciertos supuestos. Se logra la mayor eficiencia mediante el libre mercado con regulaciones. Por ello, podríamos definir un orden de prelación, donde se le da preminencia al libre mercado como regla general, pero contemplando la posibilidad de intervención gubernamental en ciertos escenarios, minimizando dicha intervención a lo estrictamente necesario para corregir la falla de mercado y maximizar el beneficio social.
El autor es profesor de la Universidad de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, y Maestro en Derecho Norteamericano en Washington University. Licenciado en Economía y Licenciado en Derecho.
