Después de más de 50 horas de que Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos bajo custodia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad siguen sin tener ninguna idea de lo que sucedió. Lo más que han llegado a concluir es que se trató de una burla del gobierno de Joe Biden, la peor, se puede añadir, que se recuerda en las relaciones bilaterales. Hasta el fin de semana los estadounidenses no habían tomado las llamadas de los mexicanos, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no había podido presentar el proyecto de respuesta a la afrenta que le pidió el Presidente. En realidad, no hay forma como puedan salvar la cara.
Biden, probablemente por las mismas razones electorales por las que volteó los ojos ante todo lo que hacía López Obrador en México –asalto a los órganos autónomos, ataque al INE, cruzada contra la Suprema Corte, linchamiento contra sus críticos, por citar algunas acciones que en otros momentos habrían sido consideradas abuso de poder– a cambio de frenar la migración, dejó de cerrar investigaciones que pudieran afectar al Presidente mexicano, y detuvieron al máximo jefe del narcotráfico en el mundo en una operación de extracción que violó la soberanía mexicana. En Palacio Nacional se enteraron por los medios.
Le cobraron a López Obrador cuatro años de desdén y nula cooperación, en algo equivalente a una burla. La operación para la extracción de Zambada comenzó hace un año y medio, reveló el procurador general Merrick Garland, y se hizo de manera clandestina. Lo que explica la humillación al gobierno obradorista es haber ignorado una ley para que todas las acciones de la DEA fueran informadas al gobierno –que pasó con prontitud el Congreso–, propuesta por el Presidente tras la detención en Los Angeles del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, en 2020.
La mofa está en la sutil ironía. La DEA no participó en la extracción, por lo que, técnicamente, no engañó al gobierno mexicano. La operación fue coordinada por el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Territorial, que se coordinó con el FBI. Este pequeño detalle, que es monumental, ha pasado desapercibido por López Obrador y su gabinete de seguridad. Si tan sólo recordaran que el tráfico de fentanilo –por lo que acusan a Zambada y a Joaquín Guzmán López, uno de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán–, fue clasificado por la Casa Blanca desde hace más de un año como un tema de seguridad nacional, entenderían que la captura de Zambada es sólo el principio.
El que haya encabezado la operación el Departamento de Seguridad Territorial muestra en qué nivel de prioridad se encuentra el combate al fentanilo. Si la captura se dio en el marco de seguridad nacional, la probabilidad de que participaran varias agencias de inteligencia estadounidense –como la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, para vigilancia electrónica y de telecomunicaciones durante la operación–, es altamente probable. El FBI, que tiene capacidad legal para actuar en México en tareas de inteligencia, fue utilizado para ver los asuntos legales de la captura, posiblemente para establecer salidas plausibles en caso de que México acusara a Estados Unidos de haber intervenido ilegalmente en su territorio. Lo que probablemente no esperaban es que el gobierno obradorista se quedara mudo.
El spin estadounidense, reflejado en sus medios viernes y el sábado, que cuenta que Guzmán López, actuando para lograr beneficios para su hermano Ovidio –detenido tras la presión de la vicepresidenta Kamala Harris durante un desayuno con López Obrador en su residencia en Washington poco antes de ver a Biden en 2022–, engañó a Zambada para que lo acompañara a ver unas pistas clandestinas en el norte de México, generó dudas entre algunos funcionarios, los más sofisticados y conocedores, como el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que le dijo al Presidente que creía que se había entregado.
En México se tomó la versión de Washington a ciegas, pero el sábado por la noche, Keegan Hamilton, el informado editor de justicia de Los Angeles Times, reveló nuevos elementos a la captura de Zambada que contradicen la versión de las autoridades estadounidenses, pero dejan peor parado al gobierno mexicano. Hamilton habló brevemente con Frank Pérez, abogado de Zambada, quien le dijo que su cliente fue secuestrado por un comando de seis personas en uniformes militares, amarrado de pies y manos, con una bolsa negra en la cabeza para evitar que viera nada, y lo subieron a un avión contra su voluntad. Los uniformes militares, de confirmarse la versión, no necesariamente pertenecerían a unidades del Ejército; el FBI y la CIA también utilizan uniformes tácticos, que parecen militares, en operaciones especiales.
La posibilidad de que haya sido secuestrado y llevado a Estados Unidos tiene más sentido que la hollywoodesca operación contada sobre el engaño a Zambada, toda vez de las medidas de seguridad extremas del principal narcotraficante del mundo, que vivía en la sierra de Durango y nunca usaba dispositivos móviles, para evitar que lo ubicaran, comunicándose solo por radio. Cuando tuvo una extraordinaria aparición en la prensa, hace unos 13 años en una entrevista con el periodista Julio Scherer, para enviar un mensaje al presidente Felipe Calderón de que las familias quedaran excluidas de su guerra, no fue el director de Proceso quien lo encontró, sino los abogados de Zambada quienes lo buscaron.
Las revelaciones de Los Angeles Times le abren la posibilidad a López Obrador de romper la parálisis en la que se encuentra y hacer algo sustantivo, como reclamar airadamente al gobierno de Biden por la operación secreta, ilegal y violatoria de los acuerdos bilaterales y de las leyes mexicanas. No resolvería nada de lo sucedido ni lo que vendrá, pero se podría quitar la bota que le pusieron a su gobierno en el pescuezo y recuperar algo de la dignidad, aunque sea tantas horas después de que se la mancillaron.
*Esta columna volverá a publicarse, salvo algún evento extraordinario, el próximo lunes.
