La democracia es, por definición, un sistema donde todas las voces son escuchadas y representadas. En México, la representación proporcional es el mecanismo que permite que esta diversidad de voces tenga un lugar en el Congreso, asegurando que la voluntad popular se traduzca en una representación justa y equitativa. Sin embargo, la sobrerrepresentación amenaza con distorsionar este principio fundamental, y es crucial que trabajemos juntos para garantizar que cada voto cuente de manera justa en la construcción de nuestro país.
Somos una sociedad plural, diversa y heterogénea, con tantas visiones de país y de vida como voces, todas las cuales deben ser escuchadas. El pasado 2 de junio, la sociedad votó por aquellas personas que consideraron que representaban el proyecto de nación con el que se identifican. La voz fue clara y mayoritaria, pero también debe complementarse con el resto de las expresiones de la sociedad, minoritarias sí, pero existentes.
Así se ha construido nuestra democracia: a partir de décadas de un partido hegemónico que construía monólogos, que poco a poco se fueron convirtiendo en debates a partir de las voces de la oposición: la izquierda de los 70′s, el Partido Comunista, el PAN, las escisiones de los 80′;s, el Frente Cardenista, el posterior PRD, la reforma electoral de los 90′s, una Cámara de Diputados plural en 1997, y la alternancia en el poder en el 2000. Todo ello fue producto de las fuertes voces de la oposición con las que la sociedad se identificaba. Nunca más una sola voz, nunca más mayorías aplastantes; esa película la vimos, la vivimos y no nos gustó. Los equilibrios, los frenos y los contrapesos son esenciales.
El resultado electoral del 2 de junio se pronunció de manera indiscutiblemente mayoritaria por un proyecto de nación, y poco más del 40% de la sociedad por otros proyectos. ¿Qué pasará con esas voces? ¿Valen? ¿Deben ser escuchadas? Desde luego, eso es la democracia.
El Poder Legislativo, el Congreso, ha de ser la caja de resonancia de la sociedad, y para que funcione como tal, la representación debe tener una justa proporción con la expresión en las urnas, con un margen de “error” del 8% y no más. Así son las reglas, así es el juego.
Lo demás son formalismos que se pueden resolver atendiendo a los principios y finalidades de la norma. En efecto, el Derecho no son solo normas, es un entramado más profundo que se llena de contenido con principios que sirven de guía para interpretar las normas contenidas en las leyes. Esa interpretación no se puede apartar de la finalidad por la que la norma fue construida. Más aún, en normas tan esenciales que se relacionan con el sistema democrático y la forma de gobierno, una especie de derechos humanos que por lo tanto siempre han de tener la progresividad en la mira, conceder los más amplios derechos sin discriminaciones y desde luego no opacar a las minorías. Incluso, es una pauta hermenéutica que nos da el artículo 29, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ninguna norma se puede interpretar de manera que limite algún derecho humano que se desprenda de la forma democrática de gobierno del pueblo mexicano.
Pronto, el INE y el Tribunal Electoral tendrán que interpretar y decidir. ¿Serán leguleyos o serán garantistas, juristas? Ya lo veremos. Lo que queremos ver es una decisión que permita la justa representación en el Congreso respetando la voluntad popular expresada en las urnas, ni más, ni menos.
Es urgente terminar el debate poselectoral. Vendrá el 1 de septiembre y luego el 1 de octubre, con un nuevo Congreso y una nueva Presidenta. Las y los mexicanos tendremos que hablarnos, escucharnos, entendernos y ponernos de acuerdo para seguir edificando nuestra nación, que es el interés común de todas y todos. El país que amamos, que lo tenemos claro: un mejor país, más próspero, con equidad, igualdad, bienestar y libertad. En el “cómo” es donde nos hacemos bolas, en las formas, donde tendremos que madurar como sociedad, para hablarnos y entendernos de una buena vez. #OpiniónCoparmex