El albazo de López Obrador en el sector salud no deja de tener un hipertexto preocupante, porque en ese sector, y en particular en el rubro de las medicinas, los escándalos corrupción han sido constantes y sonoros.
El Presidente volvió a sacudir el gallinero de la transición del poder con otra irrupción indebida al anticipar que los directores del Seguro Social y de la Cofepris, así como el subsecretario de Salud que lo han acompañado estos años, “probablemente” serían ratificados en sus cargos en la próxima administración. Una vez más no le dejó espacio a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para tomar la última decisión ni para que fuera ella, a quien le compete, darlos a conocer. El albazo de Andrés Manuel López Obrador no deja de tener un hipertexto preocupante, porque en ese sector, y en particular en el rubro de las medicinas, los escándalos en su entorno sobre presunto tráfico de influencias y corrupción han sido constantes y sonoros.
Bajo su mandato se han consolidado dos grupos que controlan el mercado de las medicinas, un negocio de 150 mil millones de pesos anuales en el sector privado y de 120 mil millones en el gubernamental. Los grupos están en pugna, y ambos han crecido al amparo del obradorato, que al iniciar la administración emprendió el desmantelamiento del sistema de distribución y comercialización de medicinas argumentando que estaban romciendo con un mecanismo de corrupción. Lo que resultó de esa cruzada fue contraproducente.
Las empresas mexicanas a las que dejaron de contratar comenzaron a vender en el mundo y elevaron sus ganancias, mientras que el desastre que provocó la dupla de Raquel Buenrostro, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell con sus fijaciones ideológicas, provocó un desabasto que causó muertes, mientras que la nueva institución que se creó para que el gobierno realizara las compras y la distribución, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), fue un experimento fallido que obligó a que el gobierno saliera a comprar medicinas al mundo, varias de ellas manufacturadas por los laboratorios mexicanos a quienes dejaron de adquirírselas, pero a mayor precio por todos los costos agregados.
En el caos de las medicinas surgieron los dos grandes grupos que han formado un oligopolio, uno privado y otro cercano a López Obrador.
El relacionado al Presidente es conocido como el Grupo Tabasco, que, según fuentes de la industria, encabeza Alejandro Calderón Alipi, responsable de la compra consolidada de medicamentos y equipos en el Insabi, y desde agosto titular del IMSS-Bienestar, en remplazo de una funcionaria con más de 30 años de experiencia, que no duró un año en el cargo. La conexión con Tabasco, reveló en diciembre pasado Mexicanos Contra la Corrupción, se dio por la relación de negocios entre el hermano de Calderón Alipi, César Mauricio, con Jorge Amílcar Olán Aparicio, viejo amigo de Andrés López Beltrán, hijo del Presidente, y el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.
López Hernández apadrinó a los Calderón Alipi en Arcar, una empresa de distribución de medicamentos en Tabasco, donde presuntamente es socio Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, que colocó en el Seguro Social a varios miembros de su equipo administrativo, incluido a su exsecretario de Finanzas, Manuel Pedrero, asesor del director Zoé Robledo, y Nemesio Ponce, coordinador técnico de Servicios Indirectos de la institución, que está relacionado con los procesos de licitación, y que operan con Salim Orci, titular del Órgano de Control Interno de la dependencia, que a su vez está asociado con Adrián Cervantes, que hasta este gobierno había sido uno de los más importantes distribuidores de medicinas y equipos para el sector público.
En ese grupo figura Olán Aparicio, cuyos negocios en el sector y sus relaciones han sido detallados por Mario Gutiérrez Vega y Mauricio Rubí en Latinus, revelando grabaciones donde presume su relación con los hijos del Presidente. Otro integrante de este bloque de beneficiados es Mario Pacciano, un joven empresario que se relacionó con los tabasqueños durante la pandemia a través de la empresa Maremi, bastante indiscreto y que alardea de haber inyectado recursos a la campaña presidencial de Sheinbaum.
El otro bloque en el oligopolio de las medicinas lo componen empresarios que tienen tiempo en el sector, como el Grupo Kosmos y Darobi, de la familia Landsmanas –la futura secretaria de Energía, Luz Elena González, trabajó con Jack Landsmanas, cabeza del grupo–, que también recibió contratos para proveer alimentos en las cárceles federales por parte de Sergio Montaño, cuando fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública en la gestión de Genaro García Luna. El otro con experiencia es Alexis Nikkin Gaxiola, experto también en criptomonedas y finanzas digitales y uno de los socios de Latinus.
En este bloque de empresarios, la compañía que sobresale como la que mayores contratos tuvo durante este gobierno es Traxión, que encabeza Aby Lijstszain, un consorcio de transportes consolidado, que tiene las mudanzas MyM y LIPU, que durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México obtuvieron el contrato para proveer el servicio de transporte obligatorio para todas las escuelas primarias. Traxión, que no tenía experiencia en el transporte de medicamentos, compró en marzo de 2022 la empresa experta en logística Medistik, y a los tres meses obtuvieron su primer contrato de distribución de medicamentos del Seguro Social y de todos los medicamentos de la paraestatal Birmex, que produce, importa y comercializa vacunas.
Antes de entrar al ramo de las medicinas, Traxión proporcionó apoyo logístico al gobierno a través de Gabriel García Hernández, quien era el operador electoral del Presidente. Ya metido en el sector, Traxión tuvo resultados que levantaron las cejas de muchos. El año pasado tramitó y obtuvo 300 registros nuevos de medicamentos por parte de la Cofepris, con lo que controlaron la oferta y la venta de medicinas en el Seguro Social, cuando el promedio para concluir ese proceso es de dos años y en comparación con PISA, el gran consorcio mexicano, que no logra más de 30 registros nuevos por año.
El negocio de las medicinas en este sexenio tiene un camino sembrado de minas, algunas de las cuales han explotado, pero otras más todavía no, lo que permite pensar que los escándalos en el sector serán transexenales.
