¿Cómo es posible que en múltiples foros y espacios se señale que si la reforma judicial planteada por AMLO se hace realidad vamos a tener una destrucción del Estado de Derecho en México y que, al mismo tiempo, con esa perspectiva, tengamos un tipo de cambio que el viernes pasado por la tarde cerró en 17.61 pesos por dólar?
La racionalidad económica diría que, si hay una amenaza mayor a la certidumbre de las inversiones, muchos inversionistas, tanto en activos financieros como en inversiones físicas, tendrían sus alarmas encendidas a todo lo que dan, ante el riesgo de lo que eso signifique por falta de certeza jurídica.
He escuchado a algunos analistas que dicen que el problema es que las empresas no entienden lo que esto significa.
Otros más hacen la analogía a lo que ocurrió con Venezuela durante las primeras etapas del gobierno de Chávez, en las que se toleró al dictador.
Dicen que las empresas no se dan cuenta de que, si toleran al gobierno de Sheinbaum, van a acabar con un gobierno como el de Maduro.
Obviamente la mayor parte de empresas importantes descarta mayormente ese escenario.
Entienden perfectamente que México no es Venezuela, ni el futuro gobierno de Sheinbaum será equiparable al de Maduro.
Fuera de los que odian a AMLO y a la 4T -que son muchos entre las empresas pequeñas y medianas- los directivos empresariales más sensatos saben que la analogía con Venezuela es una caricatura.
El reclamo inmediato es que, tras la reforma judicial, en México no van a existir garantías para la propiedad y cualquier empresa va a poder ser expropiada sin tener ninguna defensa.
Caramba, pareciera que a veces se nos olvida la historia. La última gran expropiación en materia económica fue realizada por el gobierno de Vicente Fox, que expropió los ingenios.
¿Alguien hubiera pensado que un gobierno panista y conservador iba a expropiar todo un sector de actividad como el de la producción de azúcar?
Y fuera de algunas protestas de empresarios de ese gremio, creo que no se caracterizó al sexenio de Fox por ser uno con vocación bolchevique.
Un directivo de una muy importante empresa internacional me decía recientemente: la reforma judicial, sea cual sea, “va a normalizarse”.
Se preguntaba: ¿quiénes son hoy quienes elaboran los proyectos y dictámenes? ¿Acaso son los ministros, magistrados y jueces?
Quienes respondan afirmativamente es que conocen poco de cómo opera el sistema de justicia federal, con sus vicios y virtudes.
Son los secretarios, los encargados de ponencia y todo el personal operativo quienes hacen realmente funcionar al sistema judicial.
No desestimo a los titulares de los cargos, en muchas ocasiones son relevantes. Pero sé que tampoco habría un escenario dramático si la estructura básica del sistema quedara operando.
Podemos debatir los inconvenientes de la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
De entrada, yo estoy en contra de ella. No resolverá los problemas de la justicia en México.
Pero, es irrelevante lo que yo piense. Los que tienen el poder político son los que toman decisiones.
Y en cierta medida, lo que piensen muchos -como yo- no va a influir en la decisión de los legisladores.
Lo que muchas empresas visualizan -no hablo de filosofía política en este caso- es que lo que requieren es que el sistema judicial siga funcionando.
Necesitan la garantía de que los expedientes que están en los juzgados siguen su curso. Que hay garantías de que se cumplirán las leyes y que habrá instancias para inconformarse si eso no ocurre.
No sé si existirán tales cosas. La reforma judicial sigue siendo una incógnita.
Pero, percibo que muchos empresarios han empezado a pensar que antes de arrojarse al precipicio, hay que conocer qué reforma tendremos.
Puede ser una que sea fatídica. Sí, es posible.
Pero también podría ser una cuyo efecto maligno sea acotado.
Ya veremos.
