El plan maestro de la coalición gobernante es concentrar el poder en la Presidencia, a través de anular los contrapesos e independencia del Legislativo y el Judicial, afectar a las instituciones públicas y alejarse del acatamiento de la ley. Mientras avanza la apuesta autoritaria, se debilitan las capacidades básicas del Estado mexicano para cumplir con sus tareas en áreas como la seguridad, la educación y la salud. Parecería una paradoja, mas no lo es. Veamos.
Seguridad. La misión primaria de todo Estado nacional es proteger la vida e integridad de sus habitantes. De acuerdo con Naciones Unidas (Global Study on Homicide 2023), México se encuentra entre los 18 países del orbe que superan una tasa de 20 muertes violentas intencionadas por cada 100 mil habitantes. Mientras la tasa mundial es de 5.8 homicidios por cada 100 mil personas, en México resultó de 28.2. El riesgo de perder la vida en nuestro país por un homicidio es casi cinco veces más alto que en el promedio global.
Por otra parte, los datos de migración internacional dan cuenta de un número creciente de familias mexicanas que cruzan la frontera norte huyendo de la violencia en sus lugares de origen. Sólo entre 2018 y 2023 el número de “encuentros” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos con mexicanos se multiplicó por diez. Pasamos del perfil tradicional del migrante que busca mejor salario, al del refugiado que escapa de la violencia criminal.
El Estado mexicano perdió el monopolio del uso de la fuerza en el territorio, y ahora se vive una extendida privatización de la violencia ejercida por centenas de agrupaciones criminales que extorsionan y vejan a la población.
Esto se da en un contexto de creciente presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y de involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores que antes estaban en manos de civiles.
El peor de los panoramas: militarización sin paz ni seguridad pública.
Educación. Un millón 144 mil estudiantes abandonaron la educación básica en los primeros cinco años de gobierno de López Obrador. Esa noticia, primera plana del diario El Universal (26/06/24), habría causado un sisma nacional en cualquier país con mínimo compromiso con los derechos de la infancia. Aquí no. En educación inicial la caída de la matrícula fue de 32 mil alumnos; el número de niños con acceso a educación preescolar disminuyó en 300 mil; en primaria se redujo en 516 mil la cifra de alumnos y en secundaria en 196 mil.
En ningún otro momento de nuestra historia, desde que se creó la Secretaría de Educación Pública, la cobertura de enseñanza básica, obligatoria, había retrocedido.
A ello hay que sumar el deterioro en la calidad de la educación, con planes y programas improvisados sin la participación de los maestros, y con libros de texto plagados de errores y falsedades.
El futuro del país, de sus nuevas generaciones y, sobre todo, de quienes nacieron en condiciones más precarias, se compromete y se rompe. La catástrofe educativa avanza mientras los gobernantes, insensibles, se regodean en lo único que les importa: sus triunfos electorales.
Salud. Al iniciar este sexenio había 20 millones de personas sin cobertura de servicios de salud y para 2022 se trataba de 50 millones. En cuatro años 30 millones de habitantes se sumaron a la carencia de acceso a la salud. De nuevo, un deterioro inaudito.
Los servicios públicos de salud, que en 2018 atendieron a 22.3 millones de personas, para 2022 sólo recibieron a 18.1 millones. Hubo una contracción de la atención pública de salud para 4.2 millones de mexicanos en los años en que más se necesitaba, en plena pandemia de Covid-19. A la par, las consultas médicas en el sector privado pasaron de 22.5 a 31.1 millones, esto es, 8.6 millones más. Con el gobierno de Morena avanzó la privatización del sistema de salud. Estos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) a partir del INEGI, es decir, se trata de cifras oficiales.
México es un país sumido en una profunda crisis de violencia e inseguridad, que excluye a más menores de su derecho a la educación —ya no se diga de calidad— y en donde la salud es cada vez más una mercancía. Tres derechos fundamentales, seguridad, educación y salud, en retroceso. Se trata de dos caras de la misma moneda: por un lado, un gobierno autoritario y discrecional; por otro, un Estado débil, incapaz de garantizar los derechos básicos de sus habitantes.
