Si bien hace cinco semanas acudimos a las urnas, el proceso electoral aún no concluye, y este sigue su curso hasta que las elecciones sean calificadas por las diferentes autoridades electorales y las y los electos tomen posesión de sus cargos. En ese trayecto están por resolverse los procedimientos legales que se han interpuesto ante los tribunales y la fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas.
En relación con el dinero, la comisión de fiscalización del INE ya está trabajando para preparar los dictámenes que tendrá que conocer el Consejo General de ese Instituto a más tardar el próximo 22 de julio. Se ha hecho pública la queja de miembros de dicho colegiado sobre la insuficiencia de información que, para hacer bien su trabajo, deben proporcionar instancias como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De manera tal que, lamentablemente, es de esperarse que los dictámenes de fiscalización no contarán con el sustento que se requiere para conocer a fondo los recursos financieros que se utilizaron durante las campañas.
Si lo anterior es delicado, lo es igualmente el cómo se atienden las diversas quejas que sobre la legitimidad y legalidad de los múltiples procesos electorales fueron interpuestas por los actores políticos.
Para calificar como válidas las elecciones se requiere que todos los recursos que se hayan presentado sean resueltos por los tribunales electorales. Lamentablemente, las noticias que tenemos respecto a la forma y el fondo con que estos litigios se están resolviendo no son las más halagüeñas.
Empezando porque la máxima autoridad en la materia, es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no está dando el mejor ejemplo para atender con certeza e institucionalidad la delicada tarea de resolver las dudas y diferencias que se presentaron sobre los resultados electorales.
Ya en otras ocasiones he insistido en la necesidad de que la Sala Superior esté plenamente integrada, ya que hoy sigue careciendo de dos de sus miembros. Y ante la omisión del Senado, los magistrados tienen la facultad para llamar a quienes ocupen las vacantes. Ante esta grave omisión, un juez federal, Rodrigo de la Peza, a través de un procedimiento de amparo, ordenó que se subsanara a la brevedad.
Independientemente de la controversia respecto a si el juez tiene o no facultades para ordenar lo anterior, lo que es absolutamente desproporcionado es que ipso facto la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, propuso un juicio político en contra del juzgador, y tres de los cinco magistrados electorales promovieron una demanda penal contra él, habiendo muchos otros recursos para que, dentro de los mismos protocolos judiciales, se pudiera controvertir la decisión del juez.
En ese contexto, el juez De la Peza no otorgó finalmente el amparo, corrigiendo el pronunciamiento que había tenido en primera instancia. Quiero pensar que esto se debió a una revisión del marco jurídico y no a las presiones a las que está sujeto.
Sin embargo, creo que estamos ante un proceder que marca una tendencia de la relación que el Ejecutivo federal ha venido imponiendo sobre el Poder Judicial y que desnuda la verdadera intención de la reforma que se ha propuesto, con lo que se busca anular la autonomía e independencia de los poderes de la Unión para subordinarlos al Ejecutivo.
Si lo anterior es particularmente grave, en los últimos días se han venido conociendo sentencias muy polémicas de los tribunales electorales locales, en contra de la oposición a la coalición gobernante, que han llevado a modificar los resultados que habíamos conocido después de los cómputos de las boletas electorales.
Ejemplo de lo anterior es el caso de la capital zacatecana, en donde el tribunal local anula la elección y ordena al Congreso del estado emitir una convocatoria para nuevos comicios. Seguramente los afectados recurrirán al TEPJF para combatir esta decisión. De la misma manera, en Michoacán el tribunal local revierte los resultados sobre algunas diputaciones. Igualmente polémica es la resolución respecto al recuento total en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.
Habrá que poner especial atención a lo que la autoridad jurisdiccional resuelva para el caso de la gubernatura del estado de Jalisco y la capital de esa entidad. Recordemos que en ambos casos MC obtuvo la mayoría con una diferencia de 5% para la gubernatura y 3% para la alcaldía, y Morena y sus coaligados han impugnado los resultados solicitando la nulidad de las elecciones y han ejercido presiones y amenazas contra el Instituto Electoral local y en particular contra su presidenta.
De la misma manera, no podemos dejar de seguir lo concerniente a la sobrerrepresentación para la integración de la Cámara de Diputados a nivel federal, ya que dependiendo de cómo el TEPJF resuelva estará en juego que se respete la voluntad ciudadana o se construya una mayoría artificial por encima de ésta.
Estos y otros casos configuran un panorama en donde la presión política prevalece sobre lo que la ley señala. El tratamiento que se le dio al juez De la Peza puede ser una señal para todo el Poder Judicial, y pone en juego la autonomía de sus decisiones en virtud de amenazas y presiones políticas. Terrible panorama en un país en el que ha costado tanto trabajo construir instituciones que contengan la arbitrariedad y que hagan cumplir la ley sin distingos.
Mientras muchos sectores de la oposición no terminan de salir de su sorpresa por los resultados o bien siguen buscando culpables o justificaciones y al parecer están lejos de una necesaria autocrítica, el sábado pasado se anunció un movimiento que pretende constituirse en partido político. Se trata del Frente Cívico Nacional, uno de los organismos que conformaron UNIDOS y que fue un protagonista muy importante en las manifestaciones de la llamada Marea Rosa. Se trata de una opción socialdemócrata que esperemos venga a refrescar la política nacional entre la ortodoxia populista y el desencanto.
