Como sabemos, el Ejecutivo Estatal no envió al Congreso del Estado el proyecto de Ley de Egresos para este año, y solo envió el proyecto de Ley de Ingresos para 2024, lo que ocasionó que los diputados locales no aprobaran nada, y conforme lo señalan las disposiciones legales, se mantienen vigentes tanto la Ley de Ingresos, como la Ley de Egresos que aprobaron los diputados locales para 2023.
De hecho, el primero de enero de este año, en el periódico oficial del Estado, el Ejecutivo Estatal manda re publicar estas Leyes, ahora vigentes para 2024, acatando las disposiciones legales.
Sin embargo, este arreglo o salida legal presupuestal, es imperfecta y tiene implícitos algunos problemas prácticos y legales que quedan sin resolver, además de que genera una posible inseguridad jurídica a los ejecutores del gasto.
En materia de deuda pública de largo plazo, hay una laguna jurídica importante, ya que la deuda de corto plazo no requiere de autorización del Congreso local, pero debe ser quirografaria y a plazo máximo de 12 meses.
La laguna consiste en si para contratar nueva deuda pública de largo plazo en 2024, el Congreso debe o no, otorgar su aprobación al Ejecutivo Estatal, toda vez que se aumentaría el endeudamiento neto total, y las autorizaciones otorgadas para 2023, ya se usaron.
Como el tema está dentro del Gasto, ya que los ingresos por financiamientos se deben destinar a inversión productiva, comento el tema en el siguiente apartado de la Ley de Egresos prorrogada.
En materia de gasto, si la Ley de egresos aprobada para 2023 está vigente, ya que se vuelve a publicar como Ley 2024, el problema de que los montos de gasto corriente se encuentran topados con las cantidades aprobadas por los Diputados para 2023, es fácilmente salvable con la reconducción presupuestal que puede aplicar el ejecutivo estatal, ya que puede aumentar los presupuestos aplicados el año pasado, sin problema alguno, y pagar nóminas y gasto corriente actualizado, sin que el ejecutivo estatal se tenga que ajustar a los montos nominales aprobados para 2023.
Sin embargo, en materia de gasto en inversión física presupuestal, sí existe una problemática que no tiene una clara salida legal a la vista, ya que la Ley de egresos prorrogada, en su anexo C, etiqueta el dinero a gastar en inversión física, además de que los Diputados, al aprobar la contratación de deuda que forma parte de la Ley de ingresos prorrogada, analizan el destino específico de la deuda a contratar, lo cual presenta un obstáculo para contratar de nuevo el monto de la deuda aprobada para 2023, pero destinando los recursos a obras diferentes lo que pidiera dar lugar a sanciones administrativas.
En cuanto a la contratación de deuda a largo plazo para este año, si la Ley de ingresos para 2023 se encuentra vigente, y contempla ingresos por financiamientos a largo plazo, por $4,680 millones de pesos, en lo personal, opino que el Ejecutivo estatal sí puede colocar de nuevo deuda de largo plazo por el monto probado por la Ley de ingresos 2023, ya que se encuentra legalmente vigente, y hubo la aprobación otorgada por el Congreso local.
De hecho, la Secretaría de Finanzas ya publicó la primera convocatoria para contratar un crédito de largo plazo por $900 millones de pesos, haciendo uso de la autorización aprobada por el Congreso que contempló la Ley de ingresos para 2023.
En cuanto al destino de estos ingresos, considero que cumpliendo con el requisito de que los recursos se destinen a inversión productiva, se estaría dentro del marco legal que regula la contratación de deuda pública.
Finalmente, en materia de ingresos propios, en realidad no hay problema alguno, ya que prorrogar la Ley de ingresos de 2023, no afecta de manera alguna a la principal fuente de ingresos estatales, los cuales vienen de la Federación, mientras que los ingresos tributarios estatales tampoco tienen afectación alguna, y seguirán fluyendo de manera regular en 2024, sin importar que no haya Ley de ingresos aprobada por el Congreso local.
De hecho, los ingresos que se están percibiendo, están siendo superiores a los aprobados en la Ley de ingresos del año pasado, tanto por conceptos federales, como por ingresos propios, lo que le proporciona al Ejecutivo estatal la facilidad de orientar estos ingresos excedentes con mayores grados de libertad, hacia los diferentes objetos de gasto.
Obviamente, lo ideal sería que los poderes legislativo y ejecutivo, llegaran a acuerdos razonables que permitan la operación financiera regular, sin acudir a interpretaciones legales originadas por la deficiente redacción de las Leyes, que generan lagunas legales inconvenientes.
