Se ha ido debilitando uno de los pilares más indispensables para la estabilidad financiera: las finanzas públicas.
Con frecuencia, las autoridades y muchos analistas han alabado a México por contar con sólidos “fundamentales” (es decir, fundamentos) macroeconómicos. Este elogio ha mostrado dos características: un significado parcialmente ambiguo, ya que sus ponentes han podido seleccionar los indicadores referidos; y una pretendida suficiencia para sugerir que los responsables de política económica deberían dedicarse a otras tareas.
Debe reconocerse que la ambigüedad de la expresión “fundamentos macroeconómicos” no ha sido privativa de los comentarios sobre México. Por ejemplo, en algunos estudios internacionales, la noción se ha aplicado a variables de desempeño económico, como exportaciones e importaciones, tipo de cambio y tasas de interés.
Sin embargo, la interpretación más socorrida ha descansado en indicadores sobre la capacidad de la economía de enfrentar con resiliencia choque externos y mantener el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. Esta acepción es, en especial, relevante para las economías emergentes, las cuales son habitualmente más vulnerables que las avanzadas ante cambios adversos en el entorno.
Desde este ángulo, el concepto de “fundamentos macroeconómicos” incluye, de forma prominente, la percepción sobre la capacidad de pago de diversos deudores con instituciones internas e internacionales. Por su posible repercusión, sobresale la evaluación de los débitos del gobierno y los contraídos por entidades internas con el exterior.
Por ello, la idea de “fundamentos macroeconómicos” suele abarcar indicadores de solidez y sostenibilidad fiscal, de estabilidad de precios, de posición externa neta, y de fortaleza del sistema financiero.
En el caso de México, el régimen de tipo de cambio flexible, el manejo de la deuda pública a favor de fuentes internas, la acumulación de reservas internacionales y las restricciones regulatorias a la exposición de los bancos en moneda extranjera, entre otras medidas, han propiciado, en general, indicadores de posición externa neta de baja vulnerabilidad.
Naturalmente, esto no ha significado la ausencia total de fragilidades respecto al exterior, como lo ilustró la debacle de algunos corporativos durante la gran crisis financiera global de 2008-2009, derivada de una adopción excesiva de riesgos en moneda extranjera. Por su parte, la regulación y la prudencia de los intermediarios financieros han conducido a altos estándares de capitalización, liquidez y calidad de activos.
En contraste, se ha ido debilitando uno de los pilares más indispensables para la estabilidad financiera: las finanzas públicas. Durante el último cuarto de siglo, la deuda amplia del sector público (SHRFSP) respecto al PIB se incrementó veinte puntos porcentuales hasta alcanzar un estimado de 50.2 por ciento en 2024.
Además, el gobierno prevé que el déficit amplio del sector público respecto al PIB en 2024 sea el más alto en varias décadas. Si a esto se añade la insolvencia crónica y los crecientes problemas operativos de Pemex, la posición fiscal de México, lejos de lucir sólida, ha empezado a representar una amenaza. La continuación de estas tendencias sugeriría la insostenibilidad de la deuda pública.
Indicadores de riesgo como los descritos han sustentado las sucesivas degradaciones en la evaluación crediticia soberana y de Pemex en moneda extranjera por parte de las agencias calificadoras durante 2019-2024. Una de estas ha colocado la deuda soberana en el escalón más bajo de grado de inversión, y dos han recortado varias veces la calificación del bono de Pemex dentro del rango de “basura”.
Asimismo, como lo he señalado en varias ocasiones, en 2017, México parece haber entrado a un régimen de inflación más elevada. Durante los casi siete años y medio recientes, la inflación anual promedio se ubicó en 5.3 por ciento, 1.7 puntos porcentuales por arriba del promedio de los siete años previos. De continuar, este deterioro presentaría el peligro de arraigar expectativas de inflación creciente y, por tanto, de vulnerar adicionalmente el marco macroeconómico.
El análisis anterior sugiere dos conclusiones. En primer lugar, lejos de contar con “fundamentos macroeconómicos” suficientemente sólidos, México ha sufrido un deterioro en algunos de ellos. La falta de reconocimiento oficial de los problemas, ignorándolos o expresándolos de forma positiva, refleja complacencia y puede ser contraproducente.
En segundo lugar, el conjunto potencial de indicadores que mide la salud de la economía va más allá de los “fundamentos macroeconómicos”. Estos abarcan aspectos institucionales y de “reglas del juego”, cuya flojedad contribuye a explicar la prolongada tendencia de crecimiento económico mediocre, que se ha profundizado durante la presente administración.
