El movimiento del expresidente Correa la acusa de incumplir con sus funciones.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador calificó este martes el inicio del proceso de juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, acusada por la oposición, que encabeza el correísmo, de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México.
Con el voto afirmativo de cinco legisladores, tres abstenciones y uno en contra, dicha comisión dio paso al inicio del proceso de sustanciación del juicio político de censura contra la canciller.
Sommerfeld ha sido acusada de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México, derivada tras la irrupción violenta de la Policía a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, para detener a Jorge Glas, un exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), sobre el que había una orden judicial de detención.
Antes de que un juez ordenase su captura, Glas se había refugiado en la sede diplomática mexicana y al momento de su detención gozaba ya del asilo diplomático concedido por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esperaba la extensión de un salvoconducto que le permitiera abandonar el país.
El exvicepresidente Jorge Glass actualmente guarda prisión en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad costera de Guayaquil, mientras los gobiernos de Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, dejó claro que la calificación del trámite del juicio político contra Sommerfeld responde a un procedimiento establecido en la normativa legislativa, que observa el cumplimiento de los requisitos en la solicitud del proceso de censura.
La asambleísta Jhajaira Urresta, del opositor movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, presentó el pasado 25 de abril la solicitud para el juicio político, que ya fue aceptado por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, organismo que trasladó el expediente a la Comisión de Fiscalización.
El procedimiento parlamentario implica un trámite de notificación del juicio político a la canciller, quien tendrá la oportunidad de demostrar si ha cumplido o no sus funciones, comentó la asambleísta Aguirre, que también es parte de la Revolución Ciudadana.
Precisó que a partir de este miércoles correrán quince días de plazo para que las partes presenten pruebas de cargo y de descargo.
Luego de cumplirse ese plazo, se convocarán a “audiencias de actuación de pruebas de cargo y descargo”, agregó la presidenta de la Comisión de Fiscalización.
El pasado 12 de abril, el Gobierno de México denunció ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el asalto de su embajada en Quito, llevado a cabo por fuerzas de seguridad de Ecuador.
Asimismo, el Gobierno mexicano solicitó a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que se declare a Ecuador responsable, proceso que ya se ventila en ese tribunal.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.
