¿Hace falta un cambio en el Poder Judicial de nuestro país? Juzgando por los números que observa México en los esfuerzos estadísticos serios a nivel global sobre impunidad y Estado de derecho, no hay duda de que sí se necesita. Desde hace varios años existen dos índices muy importantes en este sentido: (1) El Índice Global de Impunidad (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); y (2) el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index o RLI) del World Justice Project. Ambos gozan de gran reconocimiento internacional y son las referencias a nivel global en cuanto a impunidad y Estado de derecho (“Impunidad y Estado de derecho”, 16 de junio, 2020).
¿En dónde se encuentra ubicado México en ambas métricas? En la última edición del IGI en 2020, México se ubicó en el lugar 60, de 69 países. Esto es un lugar por arriba de Kirguistán y un lugar por debajo de Guatemala. Comparándonos con otros países de Latinoamérica, Colombia se ubicó en lugar 49 y Chile, en 50, por ejemplo. Uno de los aspectos en donde México se encuentra en una situación muy precaria es en el número de jueces por cada 100 mil habitantes, con 2.17 solamente, muy por debajo del promedio global de poco más de 17 jueces.
Por su parte, en el índice de Estado de derecho del World Justice Project 2023, México se ubica en el lugar 116, de 142 países. México está un lugar arriba de Turquía y uno por debajo de Angola. Tomando en cuenta a Latinoamérica, casi todos nos ganan, Ecuador está en el lugar 96; Colombia, en el 94; Brasil está en el 83; Argentina, en el 63 y Chile, en el lugar 33. Solo nos encontramos mejor que Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Al interior del índice, México se encuentra en lugares muy bajos en la tabla comparativa en los rubros de orden y seguridad e impartición de justicia. En esta última, México se encuentra en el lugar 132 (de 142), en donde México sale mal en todos los subcomponentes, como efectividad de las investigaciones y de los sistemas correccionales, así como en debido proceso, discriminación e influencia del gobierno.
¿Por qué se necesita un mejor sistema judicial? Porque proteger los derechos y libertades de cualquier ciudadano es una de las responsabilidades básicas que tiene que cumplir un gobierno. Adicionalmente, el reconocido economista norteamericano de la Universidad de Harvard, Robert J. Barro, después de décadas de estudio sobre las variables más importantes que determinan el crecimiento de un país –incluyendo el nivel de desarrollo de los mercados financieros, así como el grado de democratización, entre otras–, su estudio más sólido apunta a que el Estado de derecho es una variable clave para detonar mayores tasas de crecimiento económico. En México nos hemos quejado amargamente de la falta de crecimiento, a pesar de haber llevado a cabo reformas importantes y de haber adoptado mejores prácticas a nivel macroeconómico (“Estado de derecho y crecimiento económico”, 4 de noviembre, 2014). Sin embargo, salvo algunos esfuerzos como el de los expresidentes Zedillo y Calderón, no solo no hemos mejorado el Estado de derecho, sino que ha ido empeorando.
Entonces, la pregunta ahora es si la reforma judicial que envió el presidente López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero puede ser la respuesta para mejorarlo. Disto mucho de considerarme conocedor de los temas judiciales, pero no parece que sea el caso, al menos juzgando por lo que la reforma pretende llevar a cabo. La iniciativa de reforma tiene como objetivo reemplazar el sistema judicial de nuestro país por uno como el de Bolivia, que sabemos que no sobresalen por adoptar las mejores prácticas a nivel global. Es decir, considero que nombrar a todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de un proceso de elección popular y hacerlo todo de una sola vez no solo no ataja los problemas señalados en las estadísticas mencionadas –como el incremento en el número de jueces por cada cien mil habitantes, al no proponer un aumento en el número de jueces, por ejemplo–, sino que no es una mejor práctica para tener una separación de poderes, ni tampoco para tener un mejor sistema judicial.
Por un lado, nombrar a los jueces, magistrados y ministros por elección popular tiende a sesgar el resultado del voto hacia personas carismáticas, bajo campañas con contenido potencialmente populista, alejados de la realidad o del objetivo que se desea lograr siendo funcionario del Poder Judicial, en lugar de escoger a personas con la preparación, características y experiencia para poder cumplir con la impartición de justicia que, por definición, tiene que ser imparcial. Es decir, es probable que la población vote por jueces, ministros y magistrados que sepan contar mejores chistes o instrumenten un baile coordinado al son de una canción “pegajosa” o hagan promesas populistas como “vota por mí y haré que pagues menos impuestos”, a que voten por un funcionario público que lleva años de servicio en el Poder Judicial con las credenciales académicas, el reconocimiento y la experiencia y que prometa elevar la calidad de la impartición de justicia con mayor transparencia, más accesible y conciliadora. Por otro lado, elegir a todos en una sola elección suena práctico y puede generar ahorros. Sin embargo, quitar el “escalonamiento” en el tiempo resta independencia al Poder Judicial. Esto ocurre porque en el momento en el que se eligen hay una cierta corriente política dominante y posiblemente afín al del Poder Ejecutivo.
Referencia
Barro, Robert J. (1997). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study. Cambridge, MA: The MIT Press.
Recientemente falleció la abuelita materna de mi esposa. La señora Lilia Baeza Rosado. Me dirijo a mi esposa y a mis cuñadas, así como a primos y demás familiares: Siento mucho la pérdida de “Mamá Lily”. Sé que la muerte de un ser querido provoca un dolor que nadie puede sanar, pero también sé que el amor deja un recuerdo que nadie puede borrar.
