La Corte echó para atrás el fallo de un juez de distrito que había denegado inmunidad a Trump por actos presuntamente ilegales cometidos durante su mandato.
Primero fue el debate presidencial el pasado jueves. El peor de los escenarios políticos para el presidente Biden se concretó frente a la pantalla: débil, dubitativo, titubeante, con frecuencia distraído, con la mirada extraviada, con una frágil defensa de sus puntos, incapaz de ataques vigorosos a Trump (como criminal convicto u otros).
La campaña entera de los republicanos y el propio Trump, de que se trata de un “viejito” incapaz de dirigir la nación, tristemente se vio reflejada en la actitud del presidente. Pésima actuación en un debate presidencial para alguien que pretende reelegirse.
Trump, en contraste, como lo conocemos. Vigoroso, hostil, una fuerza bélica brutal capaz de arrollar a quien le pongan enfrente. Rebosante de mentiras e imprecisiones, pero es irrelevante. Proyectó la fuerza, la energía y la convicción de que puede regresar a la Oficina Oval. Para sus simpatizantes se trató de un indiscriminado golpeo a un oponente en el suelo. Lamentable.
¿Eso garantiza su victoria? No, pero ciertamente fortalece su campaña y su aspiración.
Por si fuera poco, ayer lunes sucedió algo mucho más grave aún: la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó otorgar un grado de inmunidad a Trump en el ejercicio de funciones oficiales.
Es decir, la Corte echó para atrás el fallo de un juez de distrito que había denegado inmunidad a Trump por actos presuntamente ilegales cometidos durante su mandato.
Lo que ahora dice la Corte es que cada juzgado deberá determinar en qué consiste y hasta dónde llegan esos actos oficiales.
Por ejemplo, las conversaciones de Trump con el secretario de Justicia son calificadas como oficiales. Pero los intentos de Trump por “doblar” a su vicepresidente, Mike Pence, a descalificar la elección, no son considerados oficiales.
La Corte, en decisión dividida de 6-3, otorgó a Trump un velo de protección frente a tres casos concretos: uno, y muy importante, el intento de insurrección frente a la sede del Congreso el 6 de enero de 2020. Cada juez, con cada demanda, tendrá que analizar si Trump actuó dentro de su investidura presidencial realizando actos oficiales o lo hizo –como muchos suponen– extralimitando sus facultades presidenciales para torcer el resultado de la elección.
El segundo es el caso por la manipulación de los resultados electorales de Georgia, en los que el entonces presidente Trump intervino directamente para intentar modificar las actas y el conteo definitivo, que le negaba la victoria.
Este juicio ya fue pospuesto hasta después de las elecciones como la defensa de Trump propuso y ganó.
El tercero es el de los papeles de Mar-a-Lago, su residencia en Florida, a donde se llevó y ocultó en un baño, sin seguridad ni protección alguna, miles de documentos confidenciales de la Casa Blanca, a los que tenía acceso como presidente y que sustrajo ilegalmente.
También fue pospuesto.
El único juicio vivo y que está por dictar sentencia el próximo 11 de julio es el del dinero sucio sustraído de la campaña de 2016, para pagar el silencio de una estrella de cine porno (Stormy Daniels), con quien tuvo relaciones sexuales entre 2005 y 2006.
Éste es el único juicio penal por el que ha sido declarado culpable, es hoy un criminal convicto, y espera sentencia en nueve días.
En términos concretos, aunque jueces de distrito o federales reabran los casos del 6 de enero, revisen los testimonios y hagan un examen minucioso que separe con argumentos qué hechos quedan amparados bajo la inmunidad presidencial, y cuáles otros no, se ve prácticamente imposible que alcance el tiempo.
Las elecciones serán la primera semana de noviembre, y resulta muy difícil que un juzgado reabra el caso, haga el estudio jurídico de los actos y las conductas oficiales, presente la argumentación y la Corte valide el caso.
Los seis ministros conservadores fallaron a favor de Trump, mientras que los tres liberales en contra. La ministra Sotomayor se inconformó públicamente con un documento en que explica que las conductas del expresidente apuntan incuestionablemente a una violación flagrante de diferentes leyes, para lo cual ninguna inmunidad lo protege.
Así las cosas, Trump se enfila a la Convención Republicana, a mediados de este mes, como el candidato con el viento a favor y una relativa ventaja para ganar las elecciones presidenciales.
Falta la sentencia de un juez, como la última esperanza para frenar los crecientes impulsos a favor de la victoria de Trump.
Se le acomodan las cosas, su rival ha demostrado un rosario de facultades disminuidas y es demasiado tarde para una sustitución. Grave error de los demócratas al no preparar un candidato alternativo. Aunque por ley y estatutos partidistas aún podrían hacerlo, queda muy poco tiempo –cuatro meses de campaña– para construir a un personaje de envergadura nacional.
Para Trump, la más riesgosa cita judicial por los disturbios del 6 de enero no lo alcanzará antes de las elecciones. No es inocente, pero si gana nadie podrá tocarlo.
Graves consecuencias de torpezas judiciales, tardías investigaciones y un presidente envejecido que nadie quiso sustituir de la contienda.
