Durante los últimos meses, nuestro país ha padecido de una interminable batalla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación debido a la reforma constitucional que afecta a nuestras instituciones de justicia.
Sin embargo, el Ejecutivo Federal ha omitido la importancia de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, como las fiscalías. Desde 1917, la Constitución creó la figura del Ministerio Público, cuyas facultades y obligaciones tienen por objeto procurar justicia. En 2008, se introdujo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, buscando mejorar la justicia penal en México mediante una investigación activa con el triángulo de investigación: Ministerio Público, policías y peritos.
La importancia del Ministerio Público es clara, ya que existen tres pasos fundamentales para aplicar la justicia en México: procuración, instrumentalización y aplicación de la ley. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo ataca únicamente al Poder Judicial, cuando la ineficiencia también recae en la Fiscalía? Es fácil para el Ejecutivo defenestrar al Poder Judicial sin considerar el fondo de nuestro andamiaje jurídico, operando con venganzas y beneficios personales.
Si el Ministerio Público no cumple con sus obligaciones, nunca habrá verdadera justicia en México. Un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento no puede resolver adecuadamente sin una investigación y datos de prueba, según lo mandata la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los órganos judiciales no pueden actuar más allá de lo que la Ley y el Ministerio Público proporcionan, ya que violarían principios básicos del derecho penal, como el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia, además de los Derechos Humanos de las partes en el procedimiento, incluidas las víctimas del delito.
La Reforma de 2008 buscaba mejorar la procuración de justicia, pero no lo logró. Según el INEGI, en 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos en México, de los cuales el 92.4% no fueron denunciados, reflejando la desconfianza en las autoridades. Además, el 83.1% de la población percibe altos niveles de corrupción en el servicio público, incluyendo fiscalías y policías.
Nuestros agentes del Ministerio Público generalmente carecen de conocimientos técnicos-jurídicos necesarios. ¿Qué esperar si la propia Fiscalía General de la República carece de estos?
En 2018 se pretendió que México tendría una Fiscalía General autónoma e independiente, pero no lo es. Con 52 años de experiencia en el servicio público y litigio, considero que es necesario que el Gobierno Federal fortalezca la Fiscalía General de la República y al Ministerio Público.
Es importante implementar programas de capacitación continua para los agentes del Ministerio Público; mejorar sus condiciones laborales; proporcionar herramientas y programas para facilitar la investigación; fortalecer el Ministerio Público para una procuración de justicia efectiva; adoptar prácticas de transparencia y lucha contra la corrupción; establecer organismos autónomos que supervisen a los servidores públicos; implementar protocolos específicos para investigar delitos relacionados con la violencia de género; formación obligatoria en Derechos Humanos y uso de nuevas tecnologías para mejorar la investigación.
Estas propuestas pueden fortalecer al Ministerio Público, generando confianza y justicia para la ciudadanía.
En conclusión, el Estado debe revisar las condiciones de los órganos de investigación antes de juzgar al Poder Judicial.
