En México existe un límite para adquirir un inmueble con dinero en efectivo, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. Sin embargo, parece que algunos personajes han podido hacer una ‘fortuna’ en bienes inmuebles, sin necesariamente comprobar la procedencia de los recursos que usaron para pagarlos.
Nos adelantan que, antes de que termine este sexenio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez, darán a conocer una lista de personas que han adquirido residencias sin justificar los fondos. Esta lista es extensa e incluye a figuras prominentes como una empresaria mexicana que reside en los Estados Unidos y una expareja de empresarios.
Se informa que estas personas tienen investigaciones abiertas en el Estado de México por presuntos delitos de fraude.
En el caso de los empresarios, las autoridades han descubierto un modus operandi que implica la obtención de préstamos garantizados con inmuebles. Esta pareja está relacionada con propiedades millonarias tanto en la colonia Santa Fe como en el Club de Golf Lomas Country, en Huixquilucan, Estado de México. Los implicados deberán demostrar la procedencia legítima de los recursos utilizados para adquirir estos inmuebles. De no hacerlo, enfrentarán posibles acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero y/o enriquecimiento ilícito.
La revelación de esta lista por parte del SAT y la UIF promete hacer mucho ruido, ya se verá si con muchas o pocas nueces. La implicación de jueces en esta investigación mandaría un mensaje muy ‘oportuno’ justo ahora que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, busca impulsar una reforma al poder judicial para que sea el ‘pueblo’ el que elija a los jueces. No hay mejor tiempo que el actual para revelar esta información.
Finalizó en Tampico, Tamaulipas, el Congreso Mexicano del Petróleo, donde se abordó la dependencia de México del gas natural de Texas, subrayando la falta de un sistema de almacenamiento nacional, crucial para el sector eléctrico. Resolver esta deficiencia es vital para lograr una soberanía energética efectiva.
Entre los interesados en participar en este negocio está Baker Hughes, dirigida globalmente por Lorenzo Simonelli, y en México y Centroamérica por Germán Gómez. La firma, con presencia en más de 120 países, y en México desde hace más de seis décadas, busca ser un aliado estratégico para Pemex. En el primer trimestre del año, Baker Hughes destinó 166 millones de dólares a investigación y desarrollo, consolidándose como líder en servicios y tecnología para la industria del petróleo y gas.
Durante su participación en el congreso, Baker Hughes destacó la importancia de la transición energética y los retos del sector, como la fluctuación de precios del petróleo y la presión para reducir emisiones de carbono. La empresa también evalúa procesos de manejo de CO2 y explora oportunidades en energía limpia, especialmente geotermia, para fortalecer la producción, refinación, generación eléctrica y captura de carbono en México.
Desde 2016, Grupo Rica, dirigido por Migel Ángel Guizado, ha capacitado a casi 7 mil tenderos a través del Programa Centurión, que cuenta con más de tres mil tienditas inscritas. Este programa busca mejorar la administración, distribución e inventarios de las tiendas, aumentando su rentabilidad y la experiencia del comprador. Los nuevos clientes del Programa Centurión presentan un crecimiento en ingresos netos del 85 por ciento, mientras que los clientes con más de un año en el programa han crecido un 17 por ciento.
Las tienditas han sido el sustento de millones de familias en México, y Grupo Rica se compromete a apoyarlas para que se mantengan competitivas ante grandes cadenas. Esta iniciativa mejora la imagen y oferta de productos de las tiendas, atrayendo más clientes y aumentando sus ventas. Grupo Rica, con 80 años en el mercado, forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola y opera en Hidalgo, Morelos y parte de Puebla. La compañía genera más de 20 mil empleos y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
