En un reciente movimiento que captura la atención pública y política en México, Morena ha revelado los resultados de una encuesta que indica un fuerte respaldo a la idea de que la elección de ministros y magistrados se realice por votación popular. Según los resultados presentados, la mayoría de los encuestados apoya esta reforma. Este cambio, promovido en la más reciente encuesta de Morena, sugiere un cambio radical en la forma en que se percibe y se desea interactuar con el sistema judicial del país.
Un análisis detallado de la actitud hacia los magistrados y jueces revela una imagen poco favorable. Con una percepción negativa del 49 por ciento hacia los magistrados y del 71 por ciento hacia los jueces, los ciudadanos expresan una considerable desconfianza hacia estos funcionarios. Incidentes específicos, como presuntos vínculos con figuras políticas, han exacerbado estas percepciones. Además, la población ha expresado su apoyo a reformas judiciales significativas, citando la corrupción y la parcialidad como problemas endémicos que requieren soluciones urgentes.
Además de las críticas directas, existe una confusión notable en la opinión pública sobre el papel del Poder Judicial de la Federación (PJF). Muchos ciudadanos parecen esperar que el PJF aborde directamente la seguridad pública, un área que tradicionalmente no cae bajo su jurisdicción directa. La función principal del PJF es la procuración de justicia, lo cual incluye la interpretación de la ley y la garantía de que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera justa y conforme a la ley, más allá de las políticas de seguridad pública.
Este desajuste entre las percepciones públicas y las responsabilidades reales del PJF sugiere una necesidad de educación cívica más amplia y una comunicación más efectiva sobre las funciones y limitaciones del sistema judicial en México.
En conclusión, mientras que la propuesta de elegir a ministros y magistrados por votación popular refleja un deseo de mayor democracia directa en la gobernanza judicial, las críticas y la desconfianza hacia el sistema judicial subrayan las problemáticas que deben ser atendidas en un nivel más profundo.
