El organismo concedió este miércoles la cautelar para que el jugador pueda participar en la final de la Supercopa de España, ante duras críticas de LaLiga y otros clubes
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El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado este jueves al Gobierno de ir “contra la norma” y de “trato de favor” al FC Barcelona tras la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de permitir que los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar la final de la Supercopa de España. La decisión llegó después de que LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) hubieran cancelado las licencias de ambos jugadores debido a problemas con el “fair-play” financiero del club, que no cumplió con algunos requisitos antes del 31 de diciembre de 2024.
Sémper, que considera la resolución del CSD como una “amnistía”, asegura que duda que se hubiera tomado la misma decisión en el caso de afectar a clubes más pequeños. Además, el portavoz del PP cree que “adultera la competición”, sumándose así a las críticas de LaLiga y otros clubes que han cargado contra la resolución por considerarla una “intromisión política”.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido a Sémper asegurando que su acusación es un “delirio”. El portavoz, en una entrevista en “El Món a Rac1”, ha asegurado que politizar las decisiones de los organismos deportivos es “ridículo”. Además, ha puesto en valor los mecanismos institucionales que existen para dirimir estos conflictos y ha pedido “respeto” a las decisiones que tomen los estamentos deportivos.
Hasta este miércoles el Barça había intentado regularizar la situación, pero tanto LaLiga como la RFEF rechazaron todas sus propuestas. Esto llevó al club a recurrir al CSD, argumentando que la Comisión de Seguimiento (un órgano conjunto de RFEF y LaLiga) no tiene competencias para decidir sobre las licencias. El CSD ha aceptado este argumento, señalando que suspender las licencias sin resolver el fondo del asunto causaría “graves perjuicios deportivos y económicos” al Barça y a los jugadores, además de afectar indirectamente a la selección española y otras competiciones.
El CSD ha defendido su resolución como necesaria para evitar un grave perjuicio deportivo y económico al Barcelona, ya que la salida de Dani Olmo, que podía activar una cláusula liberatoria, habría costado al club unos 120 millones de euros. Además, el CSD ha considerado que la medida también protegía los intereses de la selección española y las competiciones nacionales, como LaLiga. Con todo, el organismo ha aclarado que su decisión, que permite que Olmo y Víctor sigan jugando mientras se resuelve el caso, es provisional y que no prejuzga el fondo del caso.
