El decreto-ley del Ejecutivo regional plantea distribuir a 4.000 jóvenes entre las comunidades autónomas atendiendo a los criterios de población total, PIB per cápita, desempleo y solidaridad
Hemeroteca - Claves del pacto para menores migrantes de Canarias y Euskadi: menos concreta que la del Estado y apela a la solidaridad
Diez días. Este es el plazo que Canarias y el Estado se han dado para cerrar la distribución extraordinaria y puntual de menores migrantes. Así lo han acordado el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante la reunión que han mantenido en Madrid a primera hora de la mañana. El líder canario ha afirmado que no renuncia a la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto obligatorio entre las comunidades autónomas porque ''la voluntariedad no funciona''.
Canarias ha propuesto un decreto-ley mediante el que podrían salir de las islas hacia la Península unos 4.000 niños y adolescentes y a otros 400 menores desde Ceuta. En la actualidad, el Archipiélago tutela a 5.812 menores sin referentes familiares en una red de 86 centros. En algunos de estos dispositivos conviven hasta 300 jóvenes en condiciones que no garantizan sus derechos fundamentales.
La propuesta del Gobierno regional plantea un reparto extraordinario entre todas las regiones teniendo en cuenta los criterios de población total, población acogida (media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses), el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad (número de menores acogidos en los últimos años).
Fernando Clavijo ha recordado tras la reunión que la solidaridad no ha funcionado y que las comunidades ni siquiera han acogido a los menores que se comprometen a recibir en las Conferencias Sectoriales de Infancia. ''No creo que sea justo que Canarias y estos niños y niñas aguanten este sinsentido político'', ha dicho el dirigente de Coalición Canaria.
Preguntado por si cree que el Partido Popular apoyará esta nueva medida, Clavijo ha respondido que ''después de tanto tiempo, ser optimista cada vez es más difícil“. ''Yo desearía que el PP lo apoyase. ¿Por qué lo deseo? Porque es un partido que quiere gobernar España, y que si gobierna, esta situación la va a seguir teniendo sobre la mesa. Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia'', ha añadido.
Sobre un posible apoyo de Junts, el ministro Torres ha explicado que el Gobierno está negociando con el partido la modificación del artículo 35: ''Vamos a seguir haciéndolo, cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando“.
En relación a la posición del partido de Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Política Territorial considera que ''ha pesado más salvar los presupuestos con Vox“ que alcanzar una respuesta estructural de la que podrían beneficiarse en el futuro otros territorios gobernados por el PP: ”Están en una postura, creo que miope, corta de vista y poco de Estado“.
En las próximas semanas, tal y como ha asegurado el ministro Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este encuentro, la ministra trasladará a los representantes autonómicos la última propuesta del Gobierno de Canarias y volverá a ponerse sobre la mesa la modificación de la Ley de Extranjería. Esta alternativa ''sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España'', ha señalado Torres.
Matices jurídicos
Tal y como ha señalado Clavijo, el Gobierno de España ha encontrado algunos matices jurídicos a la propuesta. En estos diez días, los servicios jurídicos de Canarias y el Estado trabajarán para conseguir un texto cerrado. Para ello, el presidente canario ha propuesto contar con las universidades públicas de las islas para que realicen informes y propuestas.
Sobre los matices jurídicos que han discutido, ha explicado que están relacionados con una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas ya que la iniciativa canaria -que cuenta con el apoyo de País Vasco y Ceuta- implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra.
