La presión de Eduardo Beut sobre el personal que considera fue afín al anterio director Joan Llinares provoca la salida de una decena de funcionarios que regresan a sus anteriores plazas en otras administraciones
El director de Antifraude deroga el Código Ético y elimina el comité que investiga las denuncias internas
La Agencia Valenciana Antifraude tiene abiertas decenas de investigaciones a ayuntamientos, diputaciones y Generalitat por otros tantos casos de irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Entre ellos, destaca el que abrió hace meses sobre el Bono Comercio de la Diputación de Alicante cuando el presidente era Carlos Mazón y que ha salpicado al mismísimo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. Además, indaga también en consistorios como el de Benidorm o realizó informes sobre el alcalde de Orihuela que estuvo seis años sin acudir a su puesto de trabajo. Todas estas investigaciones podrían estar en peligro por la gestión del nuevo director elegido por PP y Vox, Eduardo Beut, y que está desmantelando la entidad de lucha contra la corrupción. Así, entre purgas del propio director y abandonos, más del 20 % de la plantilla de la Agencia ha dejado sus puestos para regresar a sus plazas de funcionario ante la imposibilidad de seguir con los trabajos de investigación.
Hasta la jefa de prensa de la Agencia ha sido despedida por Beut, que en estos momentos no tiene a ninguna persona que pueda contestar a los requerimientos de los medios de comunicación. En ese sentido, elDiario.es se ha puesto en contacto con el director de Antifraude para conseguir unas explicaciones sobre la salida de hasta 10 trabajadores de la Agencia Antifraude desde su llegada antes del verano. A preguntas de este medio, Beut no contestó, aunque sí que empezó a un encuentro futuro. “A ver si la semana que viene ya puedo convocaros a una reunión”, contestó el director de Antifraude a este medio. Esa reunión con los periodistas iba a hacerse en el mes de septiembre, pero fue aplazándose mientras Eduardo Beut ha ido desmantelando los contrapesos internos y vaciando de contenido la entidad. Beut no ha dado explicaciones de ninguno de sus cambios legislativos que han acabado con el buzón de denuncias y con el Comité de Ética, entre otras modificaciones que dejan a la Agencia sin prácticamente poder de actuación.
La Agencia Antifraude también ha dejado de ofrecer asistencia judicial a la Fiscalía Anticorrupción, una función muy valorada por la judicatura y cuyos informes han sido clave en los casos de corrupción que han afectado al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (caso Erial) o a la familia de la exalcaldesa de València Rita Barberá (Caso Azud).
Según la información recabada por elDiario.es, además del jefe de Investigación Gustavo Segura y la letrada Teresa Clemente, otras ocho personas han salido de la Agencia Antifraude en los cerca de seis meses que lleva Beut como director. Se trata de la jefa de prensa, que ha vuelto a su plaza en un ayuntamiento, y la persona que gestionaba la Biblioteca y Centro de Documentación de la Agencia, una iniciativa única en España donde se guardaban documentos, libros, tratados y documentos jurídicos sobre Transparencia y lucha contra la corrupción. Estas cuatro personas han sido destituidas por el propio Beut.
Por la presión de Eduardo Beut y estos despidos, han salido también de la Agencia Antifraude en las últimas semanas un letrado, un investigador del equipo de Gustavo Segura, un investigador de la Unidad de Periciales y secretario del Comité de Ética; un técnico de prevención y la administradora de la Agencia, figura clave al ser la representación legal de la misma. La Agencia Antifraude tiene aprobada una plantilla máxima de 53 personas, pero solo se había cubierto 47 puestos. Las plazas en esta entidad están ocupadas por personal funcionario que pidió el traslado desde otras administraciones.
