Siento que el Gobierno no me ayuda demasiado a la hora de cambiar mi coche de combustión por uno eléctrico. Un Gobierno que he votado, entre otras razones, por su explícito reconocimiento de que sufrimos una gravísima crisis climática
No acabo de comprender muy bien la inacción del Gobierno progresista de Pedro Sánchez ante determinadas necesidades urgentes de nuestro país. Una de ellas, de la que ya he hablado aquí mismo, es abaratarles a nuestros hijos el acceso a la vivienda. Este es, sin duda, el principal problema de la juventud española y su cronificación solo puede traducirse en antipatía respecto al Gobierno y hasta la mismísima democracia. Pero, con su permiso, hoy quiere hablarles, de otra de las necesidades que creo desatendidas: la promoción del vehículo eléctrico.
No tengo nada a priori contra los coches particulares, creo que han sido instrumentos de libertad en los últimos cien años, han permitido a las clases populares y medias una movilidad de la que antes solo disponían los ricos. Pero también creo que llevamos décadas de retraso en despedirnos de la gasolina y el gasoil que los impulsan. La humanidad no debería haber llegado al segundo cuarto del siglo XXI ahumando el planeta de modo tan suicida. Por mucho que les pesara a los poderosos países y empresas del petróleo.
Llevo unos cuantos años planteándome jubilar mi viejo coche de combustión y comprarme uno eléctrico, pero, y esta es mi queja, no siento que el Gobierno me ayude demasiado. Un Gobierno que, cabe precisar, he votado, entre otras razones, por su explícito reconocimiento de que ya estamos sufriendo una gravísima crisis climática. Los precios de los coches eléctricos son muy elevados, tipo 40.000 o 50.000 euros; las ayudas públicas a su compra son escasas y burocráticas; el parque nacional de puntos de recarga se me antoja raquítico.
El pasado 27 de diciembre, Miguel Ángel Medina publicó en El País una muy documentada información sobre el asunto. Resulta que la venta de coches enchufables (híbridos y eléctricos puros) supone en España el 12% del total, muy por debajo de la media europea (22%) y de países como Francia y Alemania (25% y 24% respectivamente). Y no es solo cuestión de renta, precisaba Medina: Portugal, nuestro querido vecino, casi nos triplica (32%) siendo más pobre.
Los datos de El País confirmaron mi percepción personal. Los precios de los coches eléctricos son muy altos para nuestras, en general, magras rentas, unos 10.000 euros más caros que los de combustión. En cuanto a las ayudas públicas a su adquisición, requieren de trámites farragosos y pueden tardar dos años en recibirse. Lo habitual es que el comprador tenga que abonar al vendedor el total del precio del vehículo y luego tenga que solicitar a la Agencia Tributaria las deducciones en el IRPF y a las consejerías de Industria de sus comunidades las demás subvenciones oficiales.
Medina añadía un elemento que a mí se me había escapado en mi exploración del mercado: los bulos promovidos por el infatigable negacionismo patrio. Esas lindezas de cuñado ultra que aseguran que los coches eléctricos se incendian cada dos por tres, que sus baterías se inutilizan enseguida y que, en definitiva, tan solo son una moda pasajera de ricachones progres. En España, concluían los interlocutores del periodista, “se ha creado un clima antieléctrico”.
Con el debido respeto a Teresa Ribera y su sucesora, Sara Aagesen, tengo que decir que no creo que un ministerio sea un departamento universitario o el gabinete de estudios de una fundación. Me explico: un ministerio no puede limitarse a señalar las causas y las consecuencias del cambio climático, tiene que aplicar con urgencia políticas concretas para combatirlo.
Sí, ya sé que el Estado de las autonomías tiene cierta tendencia a maximizar la inoperancia en asuntos cruciales como la vivienda, donde nadie le pone el cascabel al gato. Ya sé que, entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central, la casa se queda sin barrer muchos días. Pero si hay un asunto transversal que requiera una acción perentoria y enérgica, este es el cambio climático.
Doctores tiene la Iglesia para decir cómo desde el ministerio para la Transición Ecológica se pueden fijar descuentos inmediatos en la compra de un vehículo eléctrico, bonificaciones contantes y sonantes desde el primer día. O cómo se puede promover que las calles de nuestras ciudades y las gasolineras de nuestras carreteras estén tan repletas de puntos de recarga como lo han estado de luces de Navidad en las últimas semanas.
No debe ser tan difícil: los ayuntamientos españoles, grandes, medianos y pequeños, han llenado nuestras aceras de bolardos y de parquímetros de la zona azul; la DGT tiene radares y cartelones electrónicos por doquier en nuestras autopistas. Y, bueno, tampoco parece insuperable el fastidio de la actual existencia en España de múltiples sistemas de pago de las recargas. En Portugal, donde, por cierto, el coche eléctrico tiene una exención del 100% del IVA, hay un sistema de pago universal en los puntos de recarga, según informa Medina.
No sé si el Gobierno progresista de coalición terminará o no la legislatura; yo le deseo la máxima duración posible. Pero no les oculto mi decepción por el hecho de que, casi siete años después de la primera investidura de Pedro Sánchez, en el tema de los coches eléctricos nos ganen nuestros vecinos europeos.
