David Sánchez, director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y el presidente de esa institución, Miguel Ángel Gallardo, declaran este jueves como investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación
El caso del hermano de Sánchez: la élite de Guardia Civil y nueve imputados para esclarecer la política musical en Badajoz
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, declara este jueves como investigado en la causa que instruye la jueza Beatriz Biedma sobre su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Por este contrato también se investiga al presidente de esa institución y secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.
El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia en junio pasado, basada en recortes de informaciones periodísticas, por el presunto amaño del contrato de Sánchez como coordinador de los conservatorios de música que pertenecen a la Diputación. Además, también aseguró que no asistía a su puesto de trabajo y que había incrementado su patrimonio en 1,4 millones de euros obtenidos, presuntamente, de forma ilícita. Posteriormente, se unieron a la acusación Hazte Oír, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y el PP.
Este último extremo, el del incremento de su patrimonio personal, ha sido desmentido por el BBVA, que informó a la jueza que Sánchez llegó a acumular 71.000 euros en acciones, muy lejos de la fortuna alegada por Manos Limpias. Además, un informe de la Agencia Tributaria confirmó que el hermano del presidente del Gobierno está al corriente de sus obligaciones fiscales, un asunto puesto en duda por la organización ultra porque Sánchez fijó durante un tiempo su residencia en la localidad portuguesa de Elvas, en la frontera con Badajoz.
Precisamente, los funcionarios de la Agencia Tributaria y tres directos de los conservatorios de música de Badajoz han sido los primeros en declarar este miércoles en calidad de testigos. También tendrán que acudir a la cita con la jueza otros siete investigados, que lo harán entre el jueves y el 17 de enero.
Tras la admisión a trámite de la denuncia, en junio pasado, la jueza ordenó hasta tres registros en la Diputación de Badajoz para requisar los correos electrónicos. La UCO de la Guardia Civil intervino más de 60.000 emails, datados en 2016 y 2017 la mayoría, cuando desde la institución provincial comienza a planificarse la plaza, a la que se presentaron nueve aspirantes, pero que finalmente ocupó David Sánchez.
Según el informe de la UCO, el análisis de los correos no ha permitido aclarar de quién partió la iniciativa para crear la plaza ni las necesidades que se pretendían cubrir, puesto que los directores de los conservatorios de música no la consideraron prioritaria cuando fueron consultados y el presidente de la Diputación rechazó unos días antes, cuando se estaban planificando los presupuestos provinciales de 2017, la contratación de más personal.
En base a esto, la jueza dictó una resolución el pasado noviembre por la que citó a David Sánchez a declarar como investigado al hallar “indicios racionales de delito contra la Administración Pública”, en concreto tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
También lo hará el presidente de la Diputación de Badajoz, cuya comparecencia ante la jueza llega solo dos días antes de la celebración de las primarias en el PSOE de Extremadura, que busca líder o lideresa por segunda vez en menos de un año. Miguel Ángel Gallardo quiere revalidar el cargo, al que accedió tras ganar las primarias que se celebraron en marzo. En esta ocasión se enfrenta a la exconsejera de Educación y Empleo Esther Gutiérrez.
