Alfonso Román López, que ocupó durante 33 años varios cargos en el Codepa, afronta una petición de pena de las acusaciones de cuatro años y medio de cárcel
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El exdiputado regional del PP Alfonso Román López se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias como presunto responsable de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal durante su etapa como directivo del ilustre Colegio de Enfermería de Asturias (Codepa).
La institución colegial le imputa una presunta coautoría en el desvío de fondos del Colegio habiéndose servido para ello de la publicación mensual de una revista interna, denominada “Impulso”, y de unas supuestas actividades de asesoramiento de contenidos, producción e impresión que las acusaciones sostienen que nunca acreditó haber ejecutado.
El Codepa está personado en la causa como acusación particular junto a la Asociación de Enfermeras de Asturias, así como por otras siete personas a título personal, que interesan para el expolítico asturiano una pena de cuatro años y medio de cárcel.
La misma petición de condena solicitan para Bartolomé Navarro Gutiérrez, socio de la empresa que editaba la revista, y Marta Elena Losa Iglesias, hija del expresidente del Codepa Emilio Losa, ya fallecido, a quienes acusan de la presunta comisión de los mismos delitos que al expolítico asturiano.
Además, las acusaciones piden que los tres acusados como responsables civiles del delito e igualmente las mercantiles BV Asesores Comunicaciones e Imagen y Loklark S.L., estas como responsables subsidiarias, indemnicen de forma conjunta y solidariamente al Codepa en la cantidad que provisionalmente ha sido fijada en 684.003,98 euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza, ha acordado la apertura de juicio oral a través de un auto y donde no fija fianza sobre los responsables civiles al tener en cuenta que la Fiscalía no ha formulado escrito de acusación y que, desde que se inició el procedimiento en el año 2014, ya han transcurrido 10 años sin que se hayan solicitado ni adoptado medidas cautelares.
La Audiencia Provincial ordenó en 2018 la reapertura de la investigación por el presunto desvío de fondos colegiales tras admitir el recurso de apelación de la Asociación de Enfermería de Asturias frente a la decisión del juzgado que había declarado el archivo y sobreseimiento de la causa por delito de apropiación indebida.
La Audiencia señalaba, en un auto, que el importe de los gastos presupuestados a favor de la empresa de comunicación que editaba la revista y llevaba a cabo el asesoramiento de contenidos, producción e impresión de la misma ascendía a 1,4 millones de euros, de los que una parte fueron destinados a abonar facturas giradas por Alfonso Román López, durante su etapa como vicepresidente, así como a la mercantil, de la que era apoderado el fallecido Losa y de la que fue administradora su hija.
Para el tribunal, no aparecen en principio debidamente justificadas la realización de los trabajos y servicios que amparan la emisión de las facturas y, entre otras irregularidades, no se especifican tampoco las fechas, conceptos, ni persona que llevó a cabo el asesoramiento.
Tampoco constan la identidad ni la firma del emisor, indicios a los que, según la Audiencia, deben unirse las vinculaciones familiares y lazos de amistad existentes con el fallecido, no existiendo por otro lado constancia documental alguna de la contratación de los servicios.
Alfonso Román López ocupó durante 33 años diferentes puestos en el Codepa, su Junta de Gobierno y la Comisión Ejecutiva, entre el 17 de abril de 1985 y el 29 de octubre de 2018. El ya fallecido Emilio Losa García permaneció durante 28 años al frente de la presidencia del Codepa, así como de sus órganos representativos, entre el 12 de enero de 1988 y el 7 de abril de 2017, fecha de su muerte. A raíz de su fallecimiento se determinó el archivo y sobreseimiento de la causa frente a él.
El Codepa editó una revista colegial, de naturaleza divulgativa, no científica entre los meses de mayo de 2005 y septiembre de 2018, denominada “Impulso”.
La revista tuvo una tirada de 12 ejemplares por año, -uno por cada mes-, a color -cuatricromía-, con una extensión de entre 12 a 15 páginas por número.
Durante más de una década, la revista contó con su propio Consejo, formado por la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Codepa, entre ellos Alfonso Román López y el propio Emilio Losa, como director, cargo que este último desempeñó hasta el mes anterior a la fecha de su muerte.
A pesar de contar la revista con director y Consejo de Redacción propios, realizando labores de apoyo y asesoramiento con relación a su contenido, durante los meses de mayo de 2005 a mayo de 2014 la sociedad BV Asesores facturó y cobró mensualmente del Codepa por llevar a cabo la edición, asesoramiento de contenidos, producción e impresión de la misma, sin haberse adoptado el preceptivo acuerdo autorizando la contratación por la Junta de Gobierno/Comisión Ejecutiva del órgano colegial, según consta en el escrito de calificación provisional de las acusaciones a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias
El 25 de junio de 2014, apenas dos semanas después de declarar como imputado en esta causa, Emilio Losa ordenó convocar una reunión de la Comisión Ejecutiva del Colegio en la que se aprobó contratar a la mercantil BV Asesores y firmó el contrato tres meses más tarde, unos días antes de declarar por segunda vez como imputado.
En fechas posteriores, Alfonso Román López comenzó a enviar correos electrónicos con los que justificar que él había realizado trabajos para la revista colegial que, según las acusaciones, más bien respondían a “una estrategia defensiva” con la que construir algún tipo de prueba documental que permitiera dotar de aparente credibilidad la supuesta realización de trabajos/prestación de servicios por el acusado para BV Asesores, de cara a aportarlos a la causa, llegado el caso, si finalmente fuera citado como investigado, como así ha sucedido.
En su escrito de calificación, la acusación sostiene que en al menos 83 ocasiones, y siempre desde el mes de octubre del año 2014, Alfonso Román López se limitó a efectuar un reenvío de emails, sin explicación alguna o texto al respecto, bien a la empresa BV Asesores o a otras direcciones telemáticas con aparente relación con la misma.
Un reenvío de los correos electrónicos que se efectuó desde la dirección electrónica que le fue asignada al acusado como diputado de la Junta General del Principado de Asturias.
“Eran noticias que recibía del gabinete de prensa del partido político al que pertenecía -el PP- percibiendo un sueldo público, lo cual sin duda pone de relieve el indebido uso de medios e instrumentos públicos al servicio de un interés privado y mercantil del entonces diputado regional, además de entrar en contradicción con la certificación de la empresa BV Asesores, de fecha 30 de septiembre de 2015.
La empresa BV Asesores también remitió al juzgado varios Cd Ron para justificar este trabajo, pero no consta servicio, dato o información alguna con anterioridad al mes de octubre de 2014, solo con posterioridad tras la incoación del procedimiento penal.
Entre la documentación remitida al juzgado por el exdiputado, incluye unas “Estadísticas” enviadas a la mercantil desde 2007 a marzo de 2017 y unas “Colaboraciones” del período 2015 a 2017 que, según la acusación, son simples textos mecanografiados de los que el propio investigado dice ser autor y haberlos llevado a cabo durante este periodo temporal sin prueba alguna que así lo acredite: “No hay firma digital, ni manuscrita, tampoco se remiten de forma individual en un formato electrónico que permita adverar la fecha de creación del archivo”, incide.
Ante esta situación, el Codepa solicitó a la Universidad de Oviedo un dictamen pericial informático sobre los artículos publicados en la revista desde el año 2014 al mes de marzo de 2017, de los que Alfonso Román López se presentaba como autor.
Los peritos emitieron su informe el 2 de julio de 2020 donde, entre otras conclusiones, señalaban que en 68 de los 100 artículos publicados en los diferentes números de la revista durante el periodo relativo a los meses de enero de 2014 y septiembre de 2018, ambos inclusive, cuya autoría se atribuía el exdiputado, el grado de coincidencia que presentan con respecto al contenido de otros artículos anteriormente publicados y disponibles en Internet, ajenos a Impulso, era de 80 y el 100 por ciento.
“Tal grado de similitud en los artículos resulta incompatible con una posible autoría intelectual de los mismos por parte de quien reivindica el artículo, la cual solo le podría ser atribuida si el porcentaje de coincidencia hubiera sido inferior al 25 por ciento”, afirman los peritos, lo que solo ocurría en 3 de los 100 artículos publicados.
El Codepa sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que “Tal resultado pone de relieve que el acusado no ha sido su autor, sino en el mejor de los supuestos un vulgar y simple copista, por lo que difícilmente se le podían haber pagado las cantidades que percibió de BV Asesores por haber realizado algo que en realidad no hizo sino que se habría limitado a copiar”
Una situación similar es la que los peritos apreciaron al analizar 38 trabajos cuya autoría se atribuyen al mismo tiempo Marta Elena Losa y Alfonso Román López, donde se apreciaron unos parámetros de coincidencia muy altos con respecto a otras publicaciones difundidas por internet.
