Los ayuntamientos advierten de que no cuentan con personal para cumplir con el plan de comprobación exigido. El Gobierno tiene plazas vacantes en el servicio de inspección turística y en Barcelona, donde la actividad irregular se descontroló, solo un equipo de más de 40 trabajadores ha podido frenarla
El Consultivo descarta que la ley canaria de alquiler vacacional evite la saturación turística
En Teguise, Lanzarote, un total de 1.826 viviendas están dedicadas al alquiler vacacional, alrededor del 16,3% de las casas censadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un dato elevado, el tercero más alto de Canarias solo por detrás de Yaiza (23,63%), otro municipio lanzaroteño, y La Oliva (24,16%), ubicado en el norte de la isla vecina, Fuerteventura.
El alquiler turístico ha ido ganando terreno en esta localidad, caracterizada por sus edificaciones blancas y palmeras, bajo una norma aprobada en 2015 que apenas exige presentar una declaración responsable de la actividad ante el Cabildo Insular y poco más. El crecimiento ha sido sostenido, sin que el consistorio ni ninguna otra administración pública metiera mano ni impusiera límites.
Pero eso va a cambiar en unos pocos meses. La ley reguladora de las viviendas vacacionales del Archipiélago, ya en el Parlamento autonómico después de pasar por el Consejo Consultivo, obliga a las entidades locales a elaborar en un plazo de ocho meses desde su entrada en vigor un “plan de comprobación y control” de todos los pisos turísticos, cuya ejecución no deberá exceder los cuatro años.
Los ayuntamientos deberán inspeccionar todas y cada una de las casas explotadas con fines vacacionales en las Islas, más de 50.000, y actuar sobre aquellas que no cumplen con la legislación. El problema es que, para muchos de ellos, como el de Teguise, es una tarea casi imposible de efectuar. “No estamos preparados. Tenemos tan solo a dos personas en el departamento de actividades clasificadas. Va a ser un verdadero caos”, asegura la concejala de Turismo en el municipio, Rita Hernández, del Partido Popular (PP).
El Gobierno regional ha incluido este mandato en el anteproyecto de ley después de que “diferentes administraciones públicas, asociaciones y colectivos” hayan puesto de manifiesto “la existencia de decenas de miles de viviendas vacacionales al margen del cumplimiento de la normativa” turística y de actividades clasificadas. Fuentes del Ejecutivo autonómico recuerdan que los consistorios ya tenían asignada la competencia de esta última en el decreto del año 2015 y que la ley “no innova” en este sentido.
Lo que ha ocurrido, apuntó De León en rueda de prensa hace algunas semanas, es que “muchos” de ellos “no han informado sobre el cumplimiento de la actividad clasificada”, es decir, sobre los datos comunicados o declarados, las instalaciones y la actividad desarrollada en los pisos turísticos, y ahora se les ha venido el mundo encima.
“Ningún consistorio tiene recursos económicos propios para hacer frente a la labor inspectora que esta ley quiere imponer. No tenemos personal para controlar cada uno de los hogares”, indican fuentes del Ayuntamiento de Yaiza, localidad donde casi una de cada cuatro viviendas es vacacional.
“Aún desconocemos el alcance real de las medidas (…), en cualquier caso, parece evidente que las administraciones locales no estamos preparadas para tener una capacidad de inspección tan importante. Según sea el nivel de responsabilidad, todo indica que se necesitarán recursos extraordinarios que ahora mismo no existen”, agrega, por su parte, el Ayuntamiento de Adeje, otro municipio con una importante penetración del alquiler turístico.
La Federación Canaria de Municipios (FECAM) señala que los consistorios están “preocupados, sobre todo, por la carga administrativa” que les espera. Ellos creen que “no se simplifica el procedimiento” y que “debe haber una cogobernanza real entre las tres administraciones: Gobierno, cabildos y ayuntamientos”.
La norma detalla que la declaración responsable de los pisos turísticos será verificada por la corporación insular de turno mediante convenios de colaboración o encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles. Pero la expedición de la licencia de actividad clasificada y comprobación de la misma es materia de los ayuntamientos. La FECAM dice haber “asumido” lo primero, pero no está de acuerdo con lo segundo.
“Las inspecciones deben quedar en manos del Gobierno de Canarias. Si la mayor carga de la tramitación recae en los ayuntamientos, no será una ley eficiente, pudiendo suponer una quiebra importante para las administraciones locales”, agregan fuentes de la Federación.
Ante el rechazo de las entidades locales, parece claro que la fiscalización del cumplimiento de la legalidad del alquiler turístico hasta ahora ha sido un ejercicio exclusivo del Servicio de Inspección y Sanciones de la Consejería de Turismo. Este departamento cuenta con cincuenta puestos de trabajo, sin embargo, según la última actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la cartera liderada por De León, quince están vacantes. Entre ellos figuran las plazas de un inspector turístico, un jefe de sección de inspección y otro de sanciones. No consta ninguna convocatoria abierta para cubrir esos cargos.
La diputada socialista Rosa Cabella preguntó por escrito al Ejecutivo autonómico si está entre sus planes ampliar el número de inspectores turísticos de la Comunidad Autónoma. El Gobierno respondió que no y basó su contestación en “las limitaciones establecidas por las normativas presupuestarias y las reguladoras de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Añadió que, para aumentar la plantilla de este servicio, habría que suprimir plazas de otros.
Turismo profundizó un poco más en su réplica y precisó que la Policía Canaria viene realizando “desde hace algún tiempo” funciones de inspección turística. Fuentes de la policía autonómica ratifican esa afirmación y manifiestan que actúan tanto de oficio como a partir de denuncia. Puntualizan que de ello se encarga la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa y que en 2023 se hicieron “muchas colaboraciones”, pero que el año pasado hubo “menos”, en torno a treinta.
Los datos oficiales muestran que en 2019 el número total de inspecciones realizadas en viviendas vacacionales fue de 129 y en los primeros nueve meses de 2023 hubo 128. Ambas cifras proceden de respuestas por escrito del Ejecutivo regional a preguntas parlamentarias. La Administración, no obstante, no ha respondido a las consultas de este periódico para conocer cuántos expedientes disciplinarios se han abierto en los últimos dos cursos por la explotación irregular de pisos turísticos. Tampoco ha contestado a otras cuestiones relacionadas con este reportaje.
Un caso de éxito
Después de regular por primera vez el alquiler turístico, la fiscalización es “casi igual o más importante que la propia norma”, en opinión de Agustín Cocola, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Cardiff e investigador en el Instituto de Geografía y Ordenamiento para la Universidad de Lisboa.
Cocola señala que existen ordenanzas “muy restrictivas” y pone como ejemplo la de la ciudad de Madrid, donde hay alrededor de 1.000 licencias, pero debido a que el Ayuntamiento ha hecho “la vista gorda” ha proliferado la “informalidad” del sector. El propio Consistorio capitalino comunicó en abril del año pasado que había contabilizado algo más de 12.400 viviendas vacacionales ilegales.
El geógrafo, que ha estudiado al dedillo cómo impacta el alquiler turístico en las ciudades, elevando los precios de los arrendamientos y desplazando a la población local, reconoce que “es verdad” que muchos ayuntamientos no tienen capacidad para vigilar la actividad del sector. Pero matiza que no es menos cierto que sí podrían invertir si hubiera “voluntad política”, como han hecho urbes como París, Ámsterdam o Barcelona. “Ellos lo vieron como una prioridad”, remacha.
En la Ciudad Condal, las licencias quedaron congeladas hace más de una década y en 2016, con la exalcaldesa Ada Colau al frente, se inició un plan de choque contra el alojamiento turístico ilegal que es uno de los pocos casos de éxito en España al respecto. El Ayuntamiento cuenta con un equipo de 26 inspectores que comprueban alojamiento turístico y terrazas al 50%, veinte rastreadores de páginas webs, encargados de analizar los anuncios de las principales comercializadoras, como Airbnb o Vrbo, dos coordinadores de plantilla y seis abogados.
Los datos facilitados a esta redacción por parte del Consistorio muestran que, desde 2020, Barcelona ha realizado más de 23.000 inspecciones y ha abierto cerca de 8.600 expedientes, de los cuales 3.289 han finalizado con propuesta de sanción. Una pequeña muestra de esas actuaciones es de parte, esto es, vecinos alertando de actividad irregular, explica Eva Mur, directora del Servicio de Inspección. Pero la mayoría son de oficio gracias, sobre todo, al equipo de visualizadores.
Barcelona acordó con las plataformas de comercialización un protocolo en el que estas les otorgan las direcciones de todas las viviendas vacacionales que continuaron con licencia tras la suspensión de 2014, en torno a 10.000. A partir de ese censo, los rastreadores del Consistorio quedan encargados de analizar los anuncios que no figuran en él y tratan de hallar su ubicación exacta mediante las fotos de las ventanas y sus vistas. “Cada uno de ellos se ha especializado en una zona y con las imágenes terminan sabiendo dónde está el piso”, destaca Mur.
Con esa información y los comentarios de clientes que aseguran haber estado menos de un mes en la vivienda, el Ayuntamiento es capaz de iniciar un procedimiento sancionador. Poco después un inspector acude a la vivienda “a ver si tiene suerte” y encuentra a un turista que le reconozca su estancia allí para reforzar aún más el expediente. “Lo que hay que probar es que el piso se alquila entero por menos de 31 días y con intercambio de dinero”, resume la directora del departamento.
La capital catalana impone sanciones de 60.000 euros por alojamiento ilegal. Mur recuerda que cuando comenzaron a aplicarse, pequeños propietarios abandonaron la actividad y ahora “se ha profesionalizado muchísimo” el tema. Explica que esta labor inspectora tiene su aquél porque una vivienda vacacional no es como un negocio cualquiera. Los agentes no pueden acceder a ella sin una orden judicial y esta es solo posible conseguirla si el dueño o el inquilino ha violado el precinto “dos o tres veces”. Esa orden de cese va por un lado y el expediente sancionador, por otro.
El Ayuntamiento de Barcelona también envía a las plataformas un listado de entre 300 y 500 anuncios ilegales cada mes para que estas los retiren de sus portales, no siempre con éxito. Ese intercambio de información entra dentro del acuerdo que el Consistorio firmó con ellas hace años, un convenio que no existe en todas las comunidades autónomas.
En Canarias, Airbnb se ha limitado a responder que “está dispuesta a trabajar con las autoridades (…) para establecer normas que pongan por delante a las personas locales y les permitan beneficiarse del turismo de las zonas a las que pertenecen, y eviten políticas que sigan favoreciendo el dominio de los hoteles”. La empresa aboga por “políticas efectivas” que “diferencien claramente entre anfitriones profesionales” y aquellos que lo hacen de manera esporádica y también pide que se “tengan en cuenta las necesidades de los destinos rurales”.
A su juicio, la futura norma de Canarias prevé “restringir severamente y sin justificación” la actividad de los alquileres turísticos, pese a que da margen para su crecimiento. Algo que más de media docena de geógrafos y hasta el propio Consejo Consultivo de las Islas han advertido.
