Los independentistas aprietan al Gobierno en unas semanas cruciales para los presupuestos generales y tratan de obtener victorias que justifiquen mantener el acuerdo con el PSOE
El Gobierno negocia con Junts el reparto de menores migrantes para sortear el bloqueo del PP
El acuerdo del PSOE con Junts para la investidura presagiaba una montaña rusa y, un año y un mes después, el presidente del Gobierno se encuentra en la subida más empinada. Pedro Sánchez comienza 2025 a lomos de una mayoría movediza que necesita estabilizar para sacar adelante los presupuestos. En este empeño Junts no es el único pero sí el principal obstáculo, pues ha dado por rota su confianza y exige un avance sustancial en el cumplimiento de sus acuerdos para volver a apoyar al Ejecutivo.
Junts ha sido, durante el arranque de la legislatura, la formación que ha supuesto un mayor reto para los encargados de reunir en el Congreso los votos que necesita el Gobierno. Algunas iniciativas de la Moncloa, como la renovación de los decretos anticrisis hace un año, hicieron sudar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y al número tres del PSOE, Santos Cerdán, dos de los habituales facilitadores.
Aquellos decretos vieron la luz a cambio de un nuevo compromiso, en este caso la cesión a Catalunya de las competencias en inmigración. Otros, como la prórroga del impuesto especial a las energéticas que se acaba de aprobar, tienen aún peor pinta, ya que Junts lo rechaza de plano sin ni siquiera abrirse a transaccionarlo a cambio de otras cosas.
Sustos y tropiezos aparte, la incógnita de fondo es si el Gobierno logrará cristalizar en algún momento la mayoría para sacar adelante los presupuestos, un verdadero balón de oxígeno que le permitiría superar con buena forma el ecuador de la legislatura. Y la clave para ello son los avances en todas las carpetas que Sánchez mantiene abiertas con todos sus socios, del PNV a Podemos, de Sumar a Junts, sin olvidar el bloque de ERC, EH Bildu y BNG.
En las últimas semanas Junts ha endurecido mucho su discurso. Carles Puigdemont ha sido el encargado de manifestar en primera persona su descontento con el Gobierno, del que ha dicho que ha incumplido “de forma flagrante” sus compromisos. El líder independentista desdeña los guiños de los socialistas y reitera que ha perdido la confianza en Sánchez. La interpretación en la Moncloa no es que Puigdemont quiera romper, sino que quiere aumentar el precio de sus votos y recibir ya contrapartidas de peso.
Junts esperaba cobrarse antes del final de año una de sus piezas de caza mayor: la llegada a Catalunya de las competencias en materia de inmigración. Sin embargo, la negociación se ha complicado, según explicó el secretario general Jordi Turull en este diario, debido a que, en su opinión, la propuesta del Ejecutivo se parece más a “una encomienda de gestión que a una delegación de competencias”.
Con todo, en Junts confían que conseguirán ese objetivo competencial, si no es en las últimas dos semanas de 2024, quizás sí en las primeras del año entrante. De momento, tal y como adelantó este diario, ambas formaciones están también negociando un decreto que permita dar una respuesta a la situación de emergencia que afrontan principalmente Canarias y Ceuta en el reparto de menores migrantes.
Más difícil es, en cambio, revertir el déficit de inversiones. Los independentistas señalan que, año tras año, Catalunya es una de las comunidades que sale peor parada en la ejecución de los fondos presupuestados. Siendo así, sostienen, no tiene sentido negociar unos números que, a la hora de la verdad, no se cumplen.
En octubre pasado, Junts ya esgrimió este agravio económico durante una sesión de control en el Congreso, lo que fue replicado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometiendo mejorar las cifras de ejecución. Junts aduce datos para demostrar que la situación habría cambiado poco: según los números que manejan los de Puigdemont, en 2023 el porcentaje de ejecución de inversiones fue del 45% en Catalunya por el 212% de Madrid.
Uno de los temas que ha ganado peso en las últimas semanas es la posibilidad de que Sánchez y Puigdemont mantengan una reunión que, hasta el momento, los socialistas siempre habían esquivado.
Desde Junts mantienen un discurso con matices contradictorios sobre esto. El propio expresident se ha referido varias veces a esta hipotética reunión como una forma de desagravio hacia él, e incluso la ha calificado de “amnistía política”. Pero inmediatamente después, desde el partido siempre apuntan que no se trata de una condición para negociar las cuentas y ni siquiera para recuperar la confianza perdida, que solo se restablecería con el cumplimiento de lo acordado.
Fuentes de Junts detallan, además, que tal como avanzó el diario ABC, el Gobierno se habría abierto a poder mantener un breve encuentro con Puigdemont en el Parlamento Europeo, aprovechando la presencia de Sánchez en la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas. Una opción que no convenció a los independentistas, al considerar que se les ofrecía únicamente una fotografía sin contenido político.
A las tiranteces políticas sobre el encuentro cabría añadir cuestiones de índole logística, como por ejemplo el lugar de Bruselas donde celebrarla. La reunión entre Cerdán y Puigdemont de octubre de 2023 que sirvió para encauzar el acuerdo de investidura con Junts tuvo lugar en el Europarlamento, pero ahora el expresident ya no es eurodiputado y no dispone de oficina en la sede del legislativo comunitario.
La reunión que reclama el expresident catalán está ahora sobre la mesa de los socialistas. En sus últimas comparecencias del año, tanto Sánchez como Salvador Illa dejaron abierta la puerta a que este encuentro se acabe produciendo, incluso antes de que a Puigdemont se le aplique la amnistía. Un gesto que, de acabar produciéndose, podría deshelar definitivamente las relaciones entre Junts y el Gobierno.
