El año 2025 vendrá plagado de obstáculos políticos y sociales para poder cambiar gran parte de las políticas llevadas a cabo hasta ahora en materia fiscal y laboral, pero sobre todo debería ser un año clave para poder eliminar las reglas fiscales impuestas por la oligarquía financiera alemana y francesa
España termina el año 2024 con cifras macroeconómicas envidiables para muchos países europeos, cuyo anémico crecimiento en Francia y Alemania está lastrando el devenir de la UE. El PIB en España podría alcanzar el 3%, o incluso algo más, la inflación cierra el ejercicio en el 2,8% y la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado en diciembre un máximo de 21,34 millones de afiliados. Se crea más empleo, de mejor calidad, aunque la insuficiente remuneración sigue provocando casos sangrantes de pobreza laboral, por no hablar de las cifras de pobreza infantil. El modelo de acumulación sigue siendo desigual, injusto, poco sostenible en algunas facetas del transporte, poco inclusivo para las personas con discapacidad, y con grandes carencias en servicios públicos de proximidad, como la dependencia, atención domiciliaria y cuidados a mayores.
La estructura productiva, aunque algo se ha corregido tras la pandemia, sigue siendo demasiado dependiente del turismo de masas, con enormes costes medioambientales, lastrando la vida de vecinos y comercios de barrio, y arruinando muchos sueños de jóvenes, inmigrantes y clases medias a la hora de encontrar una vivienda asequible. Es precisamente el acceso a la vivienda el talón de Aquiles de este gobierno, cuyas políticas de acceso han chocado siempre con el miedo a los grandes fondos de inversión y el ancestral complejo de inferioridad que tiene la izquierda cuando llega a los grandes Ministerios. Su solución, que nunca llegará a corto plazo, debería ser el principal objetivo presupuestario, junto con el de sanidad y educación a nivel autonómico, para elevar la famosa productividad de los factores y llegar al ansiado pleno empleo, algo que dentro de este modelo de UE nunca se logrará.
Los últimos datos de exportaciones no turísticas abren una ventana de esperanza para diversificar el empleo, ya que las nuevas tecnologías, energías renovables, inteligencia artificial e industrias emergentes parecen que han logrado calar entre el empresariado, muchas veces foráneo, y han demostrado que en España se puede producir algo más que servicios de hostelería mal pagados y sin explotar a los trabajadores. Con este nuevo paradigma, junto a una profunda reforma fiscal, España debería liderar en la UE una modificación drástica del corsé fiscal y financiero que suponen las absurdas reglas fiscales que, previsiblemente, a partir de 2026 volverán a obligar a las economías de la UE a reducir presupuesto y aumentar el paro, algo consustancial a lo que predican las economías de oferta y neoclásicos, lo que sin duda truncará los brotes verdes que se han abierto en España.
Estas reglas fiscales, un déficit público determinado y una ratio de deuda también preconcebida, no se asientan en ningún precepto lógico y responden, más bien, a una alergia a la intervención pública en la economía, como hemos hecho desde la pandemia para acá. El gasto público, todavía muy escaso y poco eficiente en España en muchas partidas, es lo que nos ha sacado del marasmo de la pandemia, pero también de la crisis de Ucrania o ahora del desastre climático de la DANA en Valencia. Este episodio, como tantos otros, es un buen ejemplo de cómo planes de empleo garantizado pueden solventar gran parte del paro estructural que tenemos en España, en parte por el edadismo que las empresas practican, con el beneplácito de las administraciones públicas, que hace que la tasa de empleo de mayores de 52 años esté a 20 puntos de muchos países de nuestro entorno. Más empleo femenino, de jóvenes y de parados de larga duración puede ser creado precisamente por la gran cantidad de empleos verdes, de cuidados y de cuidado del medio ambiente que España, pero la UE también, va a necesitar en el futuro. El enorme coste que supondrán los episodios meteorológicos extremos que se avecinan, tendrán que ser paliados y mitigados por enormes cantidades de dinero público que, en ningún caso, deberían computar para el cálculo del déficit público o la ratio de deuda pública.
La capacidad de emisión de dinero ilimitada que pueden tener los bancos centrales con soberanía monetaria debería ser utilizada para regar de fondos todos los sectores que necesitan grandes cantidades de inversión, especialmente vivienda que, en el caso español, debería plasmarse en la construcción, compra o expropiación de un número de viviendas que se acercan a los 7 millones de unidades, para poder reducir y eliminar la inflación de precios que nos asola. Junto a esto, una reducción de jornada significativa para mejorar conciliación y natalidad, ayudará a paliar otro de los grandes problemas en España, la demografía. La erradicación del racismo institucional y político que se ha instalado en una parte no desdeñable de la sociedad será una de las herramientas para que la inmigración se pueda instalar en nuestro país, y goce de todos los derechos laborales que merecen.
En suma, con estos mimbres, el año 2025 vendrá plagado de obstáculos políticos y sociales para poder cambiar gran parte de las políticas llevadas a cabo hasta ahora en materia fiscal y laboral, pero sobre todo debería ser un año clave para poder eliminar las reglas fiscales impuestas por la oligarquía financiera alemana y francesa. Si esto se lograse y convenciéramos a los escépticos de las bondades de la emisión de moneda y el empleo garantizado, habríamos dado un salto de gigante hacia el pleno empleo sostenible. Hasta que eso llegue, seguiremos sufriendo problemas de acceso a la vivienda, salarios bajos y empleos precarios en muchos sectores. Pero eso sí, seremos la envidia de los países que han dejado de ser la locomotora de la UE, precisamente por sus miedos absurdos al gasto público y la intervención en la economía.
