Rosa Pérez Garijo batalla por la escolarización de sus dos hijas de 14 años, limitada desde la barrancada que arrasó su instituto de Catarroja a "una tutoría semanal por asignatura a través de videoconferencia"
Hemeroteca - El relato de una exconsellera de la Generalitat afectada por la DANA: “Fueron muchas horas muy terroríficas”
Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Transparencia del Gobierno del Pacte del Botànic, ha denunciado a un inspector de la Conselleria de Educación y a la concejal popular del Ayuntamiento de Massanassa María José Vázquez por un supuesto delito de prevaricación. La exconsellera considera que las trabas para escolarizar en Massanassa a sus dos hijas, vecinas de Catarroja (una de las localidades afectadas por la DANA) suponen una discriminación del derecho de las adolescentes a la escolarización.
La familia de Pérez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, vivió en la comarca de l'Horta Sud la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. El instituto de Catarroja en el que sus dos hijas, de 14 años, cursan tercero de la ESO, quedó totalmente arrasado por la barrancada; actualmente “no está en funcionamiento ni lo estará en mucho de tiempo”, recuerda Rosa Pérez Garijo. “El alumnado en la actualidad se limita a recibir una tutoría semanal por asignatura a través de videoconferencia, es decir, no tienen clases. Además, no pocas veces falla la conexión. Este trimestre ni tan siquiera han recibido calificaciones”, abunda la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.
La exconsellera solicitó el pasado 26 de noviembre la acogida escolar provisional sus dos hijas en el IES de Massanassa, una localidad a tiro de piedra de Catarroja en la que su pareja mantiene el domicilio laboral. “Siendo que hay una imposibilidad de recibir docencia en el instituto correspondiente en el domicilio familiar, optamos por el instituto del domicilio laboral, puesto que ambos domicilios se encuentran al mismo nivel en el proceso de admisión”, explica. Sin embargo, no obtuvo “ninguna contestación”.
Dos días después, el 28 de noviembre, presentó por registro de entrada ante el Ayuntamiento de Massanassa, gobernado por el popular Paco Comes, una solicitud de matriculación estable a la comisión de escolarización del municipio, en el que “existen vacantes”, según la denuncia. El consistorio le respondió días después que estaba pendiente de la decisión del inspector educativo.
Así, el 3 de diciembre solicitó una cita con el inspector, que le telefoneó seis días después. “Me explicó con mucha amabilidad que él no podía aprobar la admisión porque no existe normativa sobre este tema y que vulneraría derechos de otras personas, aunque en aquel momento no existían más solicitudes de escolarización presentadas en tiempo y forma. Me dejó bastante claro que de ninguna forma iba a aceptar la matriculación de mis hijas en la IES de Massanassa”, relata la denuncia.
Pérez Garijo alega que la normativa autonómica reguladora del proceso de admisión incluye la escolarización fuera del procedimiento ordinario de admisión por razones urgentes o especiales. “Creo que es más que evidente que se dan sobradamente razones especiales y urgentes para proceder a la escolarización de las menores”, afirma la exconsellera, que también agrega: “Presenté la solicitud de acuerdo con la normativa y entiendo que la situación actual que estamos sufriendo no puede servir para fundamentar la no aplicación de la norma, tendría que ser más bien el contrario”.
La denuncia recuerda que procesos similares se han realizado en “numerosos institutos que no han tenido ningún problema en aceptar al alumnado que no puede volver a su centro educativo por causas excepcionales imputables a la DANA”, en localidades como València, Mislata, Torrent, Silla o Sedaví, que “han admitido alumnado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja”. “No se comprende que no se conceda la admisión en el IES de Massanassa, que es un instituto, además, con existencia de vacantes, produciendo de este modo un agravio comparativo en un caso de dos menores que, en condiciones normales, accederían a este centro por ser el que está situado en el domicilio laboral paterno”, apostilla.
La exconsellera del Pacte del Botànic afirma que el derecho constitucional a la educación “no se está cumpliendo” en el caso de sus hijas, “que en estos momentos llevan más de dos meses en casa sin escolarizar, no teniendo en cuenta la conselleria el interés superior de las menores, realizando además una interpretación restrictiva de la norma en una zona concreta totalmente contraria al resto de zonas, lo cual supone una discrecionalidad injustificada”.
Rosa Pérez Garijo explica que, después de no haber obtenido “ninguna respuesta formal” del Ayuntamiento de Massanassa sobre la solicitud, envió sendos correos electrónicos a la inspección y a la dirección territorial de la conselleria que dirige el popular José Antonio Rovira, organismos de los que tampoco ha tenido contestación.
“Pero si dicha situación ya constituía una vulneración de la normativa, mayor gravedad tienen los hechos acontecidos con posterioridad”, advierte. El pasado 12 de diciembre, tras una reunión de la comisión municipal de escolarización, en un “encuentro casual”, Pérez Garijo preguntó sobre su solicitud a la concejala de Educación de Massanassa, María Jose Vázquez, quien le informó de que, junto con el inspector educativo, había decidido “ofrecer las plazas vacantes del IES de Massanassa, pero que habían buscado la manera legal de limitar esas plazas a los niños y niñas con domicilio familiar, ”lo que claramente constituye una decisión ad hoc que limita“ el derecho de sus hijas, ”además de no tener en cuenta la solicitud de escolarización realizada en tiempo y forma“.
“No existe ninguna norma ni en vigor ni derogada recientemente de la Conselleria de Educación que realice diferenciación del domicilio familiar y laboral, siempre están al mismo nivel jurídico”, recuerda la denuncia.
Con este panorama, la exconsellera de Transparencia envió una tanda de correos electrónicos al departamento de Educación del Ayuntamiento de Massanassa, al propio alcalde, a la inspección, a la dirección territorial y a la secretaría autonómica de la conselleria. La única respuesta, del pasado 19 de diciembre, fue de la Inspección General de Educación, que le informaba de que había notificado sus escritos a la Inspección Territorial de València.
También le notificaba el acuerdo del consistorio de Massanassa, del pasado 12 de diciembre, que abría un plazo de reserva para los alumnos residentes que necesiten realizar la escolarización en el municipio hasta al 15 de enero, fecha en la que la Comisión de Escolarización “se volverá a reunir y así decidir si da por finalizada la reserva de plazas para el alumnado local”.
“Es obvio”, afirma Pérez Garijo, que la decisión de la Comisión de Escolarización de Massanassa “vulnera claramente la normativa y que dicha norma se realiza además sabiendo que he solicitado la escolarización de mis hijas”.
Rosa Pérez Garijo considera que la situación también se debe a su trayectoria política. “Dicha arbitrariedad se puede entender mejor si tenemos en cuenta mis responsabilidades en el anterior Gobierno valenciano, durante cuatro años fui la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, anteriormente había sido diputada provincial durante ocho años y concejala de Catarroja durante dieciséis”. Su currículum político y sus “discrepancias” con el actual Gobierno autonómico de Carlos Mazón “son públicos y notorios”, recuerda la exconsellera.
Pérez Garijo sostiene que se ha dado una “doble vulneración de la normativa”. “En primer lugar”, detalla, “porque presentada en tiempo y forma la solicitud de escolarización, hay una ausencia de respuesta, mientras que en el resto de institutos de la zona se ha facilitado la escolarización al alumnado del Instituto Berenguer Dalmau de Catarroja de forma rápida y sin problemas”.
“Y en segundo lugar”, abunda la denuncia, “porque tras informar en la comisión de escolarización desde el departamento de Educación del Ayuntamiento de Massanassa que tan solo había una solicitud de escolarización presentada por registro de entrada, dos menores hermanas no residentes, pero con padre trabajador en Massanassa, es decir mi solicitud, y dos familias residentes de Massanassa que habían preguntado oralmente, el inspector educativo y la concejala de Educación, que presidía la reunión, deciden proponer la apertura de un plazo para únicamente el alumnado con residencia en Massanassa, acuerdo que, como he expuesto anteriormente, vulnera toda la normativa autonómica y estatal que sitúan de forma clara la prioridad de escolarización por domicilio familiar o laboral (que alguno de los progenitores trabaje en el municipio) sin distinguir ni priorizar entre ambos”.
