La Consejería de Medio Ambiente considera que aplicar ya el derribo supondría un perjuicio irreparable y deja a los vecinos años de margen en los tribunales
¿Amnistía para la colonia VIP de Camorritos?: Madrid, Cercedilla y los vecinos negocian un pacto que la salve del derribo
La colonia VIP de Camorritos, un enclave en la Sierra de Madrid creado en los años 20 del siglo pasado, tiene los días contados. O no. La Comunidad de Madrid aprobó en septiembre la caducidad de la concesión que desde 1920 le permitía ocupar dominio público, lo que supone de facto una expropiación. Se trata de un asunto que remueve a familias poderosas porque allí tienen viviendas o terrenos apellidos como Botín, Koplowitz, Fraga-Iribarne. Torres-Quevedo y también la familia de la ministra de Sanidad, Mónica García, opositora de Ayuso. Pero tras publicar la caducidad de la concesión, la propia consejería de Medio Ambiente, al comenzar a recibir recursos, paralizó la ejecución. Considera que, de seguir adelante, “podría generar efectivamente un perjuicio de difícil o imposible reparación”. Así, la colonia tiene aún muchas vidas extra en los tribunales.
En 1920 y 1921, tras la gripe del 1918 y con la población en psicosis ante la tuberculosis, la corona permitió a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (SAFEG) ocupar tres montes públicos para levantar las colonias de Camorritos y de El Puerto de Navacerrada. Allí se construyeron los entonces llamados “sanatorios en altura” –chalés en realidad– construidos sobre terreno público.
Un siglo después de esos primeros permisos, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla llegaron a la conclusión que había expirado la concesión para ocupar los montes públicos. Comenzó entonces un complejo proceso para rescatar el terreno y derribar las viviendas –o gestionarlas de forma pública–. El caso, ya de por sí intrincado, adquirió un tinte político porque Mónica García, hoy ministra de Sanidad y antes líder de la oposición contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, heredó junto a sus hermanos la mitad de una casa en Camorritos.
En realidad había una disputa jurídica sobre si aquello era una concesión que vencía a los 100 años o, como sostienen los vecinos, hace años pasó a ser terreno privado. Para ello aportan, entre otra documentación, un dictamen del catedrático Eduardo García de Enterría que en 1974 este concluyó que pese a que las reales órdenes de los años 20 le daban una autorización para ocupar el terreno público, “materialmente llevaron a cabo una enajenación”, por lo que ya serían privados.
Tras varios expedientes que caducaron por pasar el plazo para resolverlos y un cambio legal para dejar más flexibilidad a la Consejería de Medio Ambiente, el pasado 30 de septiembre la Comunidad mandó al Boletín Oficial “la extinción por caducidad por vencimiento del plazo de 99 años, cumplido con fecha de 15 de abril de 2019, de la autorización otorgada a la Sociedad Anónima de Ferrocarriles Eléctricos del Guadarrama (SAFEG)”.
Los vecinos comenzaron entonces a recurrir ante la propia consejería. En uno de los primeros expedientes, a los que ha tenido acceso este diario, pedían la suspensión de la expropiación. Alegaban que “la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”. Y añadían que aunque la orden de la Comunidad no hable de demolición o desalojo inmediato, “resulta innegable que la misma establece la obligación de los interesados de proceder a la firma de las actas de entrega de los bienes en el plazo de tres meses”, lo que abriría la puerta a un deterioro o al vandalismo difícil de reparar en caso de acabar ganando.
Inmediatamente, la consejería dio la razón a los vecinos. “Se considera que los daños y perjuicios aducidos, a efectos únicamente de resolver sobre la solicitud de suspensión, han sido suficientemente motivados”. Y apuntó un detalle que estos consideran relevante, “que la adopción de la medida cautelar solicitada no produciría perjuicio al interés público ni a derechos fundamentales de terceros”.
Al caso ahora le queda un recorrido administrativo, hasta que la Consejería resuelva los recursos, lo habitual es que mantenga su decisión, y luego se abre la vía judicial… años en los tribunales hasta llegar al Supremo. Llegará el día en que la colonia Camorritos pueda acabar cayendo bajo la piqueta. Pero no será mañana.
