Un propietario del barrio gijonés de Nuevo Roces, primer multado en el programa de inspección de viviendas que puso en marcha el Gobierno del Principado el pasado mes de julio
Asturias modifica la Ley de Turismo para endurecer los requisitos de las viviendas turísticas
Una multa de 58 640 euros por destinar a uso vacacional una vivienda protegida. Es la sanción impuesta a un vecino de Gijón, tras ser descubierto haciendo un uso fraudulento de un inmueble de su propiedad, de protección pública, que solo podía estar destinado a vivienda habitual durante sus primeros 30 años, tal y como recoge la ley en estos casos. Así lo ha confirmado a elDiario.es Asturias la Consejería de Ordenación del Territorio, competente en esta materia, desde donde también aseguran que la persona sancionada reconoció los hechos y abonó la multa.
El infractor, vecino del barrio gijonés de Nuevo Roces, solicitó el registro de su vivienda como alquiler vacional a principios de 2024, petición que le fue denegada al no cumplir los requisitos recogidos por la normativa. Fue el programa de inspección que puso en marcha el Gobierno asturiano el pasado verano, el que detectó la promoción de la vivienda en una plataforma de alquiler turístico, que además ya había sido utilizada con ese fin en anteriores ocasiones, tal y como comprobaron gracias a los comentarios de otros usuarios.
El alquiler de esta vivienda con fines turísticos se había llevado a cabo de manera fraudulenta, tanto para Hacienda como desde el punto de vista administrativo, y su propietario ha sido multado por cometer, según la normativa, una “infracción grave”, sanción que recibió el pasado mes de agosto, aceptó y abonó.
El plan de inspección que ha puesto en marcha el Gobierno asturiano busca prevenir el uso fraudulento de la vivienda pública en régimen de alquiler, para lo que se han duplicado los efectivos del cuerpo de inspectores. Así lo explicaba durante su presentación, el pasado mes de junio, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien aseguraba que “Nos llegan indicios, por parte de ayuntamientos, de otros vecinos y de corredores de fincas de que se pudieran dar usos no debidos de ese tipo de viviendas”.
En este sentido, destacaba el consejero asturiano, la obligación del Gobierno es comprobar estos indicios y actuar con contundencia en caso de que sea así, “con valentía y seriedad”.
Las visitas a las viviendas públicas en régimen de alquiler comenzaron el pasado mes de julio. Desde entonces y según las previsiones manejadas por el Ejecutivo autonómico, se han realizado en torno a 2400 visitas, que comenzaron por la costa asturiana.
Esta medida pretende asegurar la correcta utilización de inmuebles que fueron adjudicados como primera vivienda, evitando así que los destinatarios de las mismas puedan utilizarlos como segunda residencia, vivienda vacacional o cualquier otro uso indebido.
El consejero abría la puerta entonces a que, dependiendo del balance de los inspectores, este plan de vigilancia pudiera extenderse durante el resto de legislatura, aumentando, incluso, la cifra de inspecciones, pues su finalidad última es garantizar que la vivienda pública tenga como objetivo final el destino para el que fue creada, que es asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible.
El total del parque público de viviendas en régimen de alquiler, tanto las que son propiedad del Gobierno asturiano como de Vipasa, empresa pública de vivienda en Asturias, supera en la actualidad los 9500 inmuebles.
