Pese a algunos anuncios cosméticos del Gobierno que preside Carlos Mazón encaminados a posibilitar el traslado de polígonos industriales, lo cierto es que en plena crisis se ha aprobado la construcción de hoteles a 200 metros de la costa y se mantiene la reactivación de 18.000 viviendas en el litoral de Cullera, Benidorm o Burriana
El Gobierno de Mazón aprovecha la DANA para consumar su cruzada contra las leyes de protección del territorio de la izquierda
El desastre de la DANA que ha causado 223 muertes en la provincia de València no ha modificado la hoja de ruta trazada por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón desde su llegada a la presidencia a mediados de 2023 encaminada a recuperar el macrourbanismo del siglo pasado que derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007.
La trágica riada tan solo ha forzado al Consell a realizar algunos anuncios más cosméticos que de calado, pero la realidad es que lejos de paralizar de forma cautelar los diferentes desarrollos urbanísticos reactivados para analizar su viabilidad (la mayoría de ellos en la costa y muchos en zonas inundables), la tramitación de todos ellos siguen adelante. Y no solo eso, sino que se siguen dando facilidades a los constructores.
Recientemente, el ejecutivo autonómico aprobó un decreto ley que aún no se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) y que contempla medidas urbanísticas urgentes para facilitar las tareas de reconstrucción tras la riada, como el posible traslado de polígonos industriales.
Mediante este decreto ley, la Generalitat podrá tramitar planes especiales urbanísticos de reconstrucción dirigidos a crear y ordenar suelos para la construcción de viviendas, así como a la reubicación de polígonos industriales o terciarios, a la integración de las infraestructuras que resulten necesarias y, con carácter general, a facilitar las tareas de reconstrucción.
Además, también se anunció una revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y la modificación de la Ley de la Huerta, y por extensión del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta y del Consell de l'Horta, que en la práctica implicará eliminar trabas para la realización de diferentes construcciones que puedan colisionar con la protección de la huerta.
Como informó este diario, es falso que la Ley y el PAT de la Huerta impidan la ejecución de las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo o de la Saleta, como reconoció el pasado mes de julio la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por escrito en respuesta a un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la que se daba el visto bueno al proyecto, eso sí, condicionado a la presentación de un estudio de integración paisajístico.
Pese a estos anuncios, tan solo un mes después de la DANA, el PP y Vox aprobaron la construcción de hoteles a 200 metros de la costa mediante decreto de simplificación administrativa. Con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en 2018 por el Gobierno del Botánico tan solo se permitía a 500 metros de la costa y con unas dimensiones y características muy limitadas.
Además, como informó esta redacción, el Pativel protege 7.500 hectáreas de suelo en el litoral, de las que 1.100 están en zonas inundables. Al estar en suelos que ya eran urbanizables, si se elimina la legislación ese suelo será susceptible de ser urbanizado, salvo que lo impida una nueva normativa como podría ser la Ley de Costas valenciana o la reforma del Patricova.
El Gobierno de Mazón también tiene en marcha una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos.
Además, el decreto de vivienda protegida anunciado recientemente incrementa el precio máximo por módulo, al pasar de 2.200 euros metros cuadrados a 2.400 euros.
El catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha afirmado recientemente en declaraciones a La Vanguardia que “el problema de la Comunitat Valenciana es que se quiere volver al boom inmobiliario; eso es lo que preocupa, que se haya olvidado la promesa de otro modelo alternativo y se persiga el crecimiento rápido y la promoción inmobiliaria acelerada”.
Además de proteger suelo hasta ese momento urbanizable en la costa, el Pativel otorgó a diversos proyectos que ya estaban en trámite un plazo de cinco años para iniciar las obras. Ese plazo se cumplió en mayo de 2023. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría, por lo tanto, la construcción de inmuebles. Se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera (conocido como el Manhattan), el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas.
A ellas se unen la construcción de 20 hoteles, 2.300 viviendas y tres centros comerciales en Benidorm. El Ayuntamiento someterá en breve a información pública por un período de 45 días el proyecto de urbanización del Plan Parcial 1/1 ’Ensanche Levante’.
Algunos de estos proyectos están también en zonas inundables. Un caso es el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de octubre en sesión plenaria (antes de la DANA), sin la oposición de ningún grupo político, asumir de forma directa la urbanización de la zona Sant Gregori que afecta a más de 2,5 millones de metros cuadrados pendientes de urbanizar en el litoral del municipio. Al respecto, fuentes municipales han asegurado que el PAI se aprobó antes de que entrara en vigor el Patricova y que incluye un plan para reducir el riesgo en caso de inundaciones, en concreto, un canal para desaguar el río Anna en caso de crecida.
El desarrollo de El Puig también está ubicado en zona inundable. La ejecución de este PAI, conocido como 'La Casota', implicará la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. Fuentes municipales han asegurado también que el proyecto cuenta con el preceptivo plan con medidas correctoras para mitigar el riesgo de inundaciones. Veremos si se produce una DANA como la del pasado 29 de octubre en Valencia.
