La Junta da su conformidad a la tramitación de la ley de concordia de la extrema derecha en plena tensión entre los exsocios de gobierno con la negociación de los presupuestos de 2025 o la amenaza de un adelanto electoral de fondo
Guardiola ya coquetea con un adelanto electoral en Extremadura tras la voladura de puentes con Vox
En pleno enfriamiento de las relaciones entre PP y Vox en Extremadura, que dificulta la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025, la Junta ha hecho un nuevo guiño a Vox y este lunes ha dado su conformidad a la tramitación de la ley de concordia de la extrema derecha y, con ello, la derogación de la memoria histórica en la comunidad.
Aunque la decisión del consejo de gobierno supone tan solo dar luz verde a la tramitación de la iniciativa legislativa de Vox porque “no supone un aumento de gasto ni una disminución de los ingresos” de las arcas públicas, lo cierto es que la decisión adoptada por el Ejecutivo de María Guardiola en su última reunión del año no puede desvincularse de la búsqueda de apoyos parlamentarios que necesita el PP, que está en minoría, para sacar adelante sus cuentas del próximo ejercicio.
La derogación de la ley de Memoria Histórica de Extremadura y su sustitución por una ley denominada 'de Concordia' era de una las medidas que el PP y Vox incluyeron en el pacto de gobierno para la investidura de María Guardiola, y que quedó en nada cuando el partido ultra decidió salir de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por permitir la acogida en sus territorios de menores migrantes procedentes de Canarias.
Sin embargo, conocedores de que Guardiola necesita el apoyo de los cinco diputados de Vox en Extremadura para aprobar las cuentas, estos registraron en la Asamblea el pasado noviembre su ley de Concordia en plena negociación con la Junta sobre los presupuestos.
Por ello, la Junta permite ahora que la ley de Concordia se tramite, una propuesta que es una de las “máximas” defendidas por Vox en la comunidad, según su diputado Álvaro Sánchez Ocaña, con la que quieren “acabar con el relato único, tanto ideológico como histórico, que se ha apropiado por desgracia de la política del país en los últimos seis años”, y dejar la investigación histórica y su divulgación a los profesionales que son los historiadores.
La iniciativa también recoge que todos los fondos de la ley “vayan a parar directamente a las exhumaciones, que no se pierda por el camino en todas las asociaciones, charlas y demás diatribas” como sucede, a su juicio, hoy en día, y que “ese dinero sirva para que no quede ninguna familia sin recuperar los restos de un antepasado, independientemente del bando en el que lucharon y de su ideología”.
El Gobierno de María Guardiola ha defendido en muchas ocasiones que la derogación de la memoria histórica en Extremadura no era una “prioridad”, pero ahora da un paso hacia su derogación cuando se agota el plazo para negociar el apoyo de la extrema derecha a los presupuestos, que se votarán en el Parlamento el día 24.
Vox no ha presentado ninguna enmienda al texto de la Junta y hace dos semanas dio un cerrojazo, por el momento, a la posibilidad de dar su apoyo al PP, que rechaza algunas de sus condiciones. Entre ellas, la celebración de consultas populares sobre la inmigración en los municipios extremeños que cuentan con centros de acogida, la deportación de estas personas o la intención de Vox de contar con dos miembros en la Mesa de la Asamblea y más cargos de confianza.
Ante esta situación, Guardiola ha asegurado que está dispuesta a negociar con el PSOE, que se encuentra en pleno proceso de primarias para decidir quién liderará al partido en Extremadura. En el caso de que ninguna de estas dos opciones prosperen, la presidenta también ha comenzado a coquetear con la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad.
