Invisibilizar (y excluir) a las niñas y niños en el impacto que tiene la violencia machista en ellos, no solo es un incumplimiento de la ley, sino que es un gravísimo error que repercute directamente en su desprotección
Quizá es momento de transformar el olvido en acción. En estos 20 años, desde la aprobación de la 'Ley integral contra la violencia de género', se ha ido parcheando el descuido de aquella norma pionera al no incluir a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas y supervivientes de la violencia machista cuando esta tiene lugar en el seno de su familia, en su hogar. En estas dos décadas, es cierto que el artículo 1 de la ley ha sufrido dos importantes modificaciones para incluir, precisamente, a la infancia. Pero claramente no es suficiente porque sigue sin verse que las violencias machistas, cuando se producen dentro de la familia, no tienen una sola víctima.
Una norma de protección a la infancia de 2015 impulsada por el PP retocó el apartado 2º que reconocía que todas las niñas y niños que vivan en un hogar donde hay violencia machista son siempre víctimas de violencia de género. Otra norma, esta impulsada por Podemos, la LOPIVI de 2021, introdujo el apartado 4º para, sin mencionar la violencia vicaria, señalar esta otra manifestación más de la violencia de género. Pero de poco sirven estas dos modificaciones si desde la justicia la justicia feminista no reivindicamos la necesidad de interrelacionar ambas modificaciones y solo se resalta el último, el de la violencia vicaria, cada vez que hay un crimen machista contra el hijo o la hija de la mujer víctima.
Invisibilizar (y excluir) a las niñas y niños en el impacto que tiene la violencia machista en ellos, no solo es un incumplimiento de la ley, sino que es un gravísimo error que repercute directamente en su desprotección. De esto ya advertía un informe del Defensor del Pueblo en 1989 cuando señalaba que la violencia de género “tiene consecuencias inmediatas y traumáticas para las víctimas y consecuencias a largo plazo para el desarrollo de mujeres y niños y para la perpetración de nuevas violencias en el seno de la familia y la sociedad en general.” Aquel informe, anterior a la Ley de 2004, tenía claro que no se trata de crear compartimientos estancos y que víctimas del hombre maltratador en su hogar son todas las personas que conforman este.
Ya aprobada la ley integral contra la violencia de género, en 2004, dos informes de Save the Children (2006 y 2011) volvieron a intentar que las medidas de protección de esta ley tuvieran en cuenta, de manera específica, a las niñas y niños que son hijos de las mujeres víctimas. La organización de derechos de la infancia decía: «el sistema de protección de la mujer víctima de violencia de género trata a los hijos e hijas de estas mujeres como objetos de protección, y no como titulares cuyos derechos se ven vulnerados al ser expuestos a la violencia de género». Fue, una campaña de esta ONG y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (En la violencia de género no hay una sola víctima) en el año 2011 la que vino a dar un empujón determinante en la conciencia sobre eta realidad. Ese año se emprendieron algunos de los cambios que se consolidaron con la norma de 2015. En 2011 se incluyó, por primera vez en la Macroencuesta la pregunta sobre la existencia de hijos e hijas expuestos a violencia de género. También ese año se creó un grupo de trabajo de investigación sobre la infancia Victima de la violencia de género dentro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Releer las conclusiones del informe que sacó este grupo sobrecoge al comprobar que más de una década después parece no haber cambiado nada a efectos prácticos: «cuando estamos ante mujeres víctimas de violencia de género, y son madres, debemos de tomar conciencia de que estamos ante más de una víctima», «el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), que muchas veces respalda una sentencia favorable al maltratador sin que tan siquiera se haya examinado a los o las menores ni a sus madres», «los niños y niñas no suelen ser informados, ni escuchados, ni tenidos en cuenta en la toma de decisiones que les van a afectar» o «existe una descoordinación general y una falta de formación especializada en el trato con niños y niñas en la práctica totalidad de las personas profesionales que trabajan en cuestiones de violencia de género».
Ni siquiera, los datos que se empezaron a recoger en 2013 para visibilizar el impacto de la violencia de género en las hijas e hijos de las mujeres víctimas parecen haber servido para que haya cambiado la cultura adultocentrista y patriarcal que impera entre los operadores sociales, legales y judiciales que intervienen en los casos de violencia machista cuando la mujer víctima tiene hijos. Tampoco entre las y los políticos existe un conocimiento suficiente sobre cómo hacer desde el poder legislativo para que sea el principio del “interés superior del menor” el que determine las decisiones que deben adoptarse a la hora no tanto de proteger a sus madres como de protegerles a ellas y ellos, a las y los niños, porque son víctimas. Grabémonoslo a fuego.
No basta que tengamos perspectiva de infancia cuando todas y todos tenemos una opinión sobre qué es bueno y qué es malo para una niña o un niño porque los vemos como un “objeto”. Es cuestión de tener perspectiva de “derechos” de la infancia y de la adolescencia, subrayen lo de “derechos”. Necesitamos creernos que son sujetos de derechos, que son víctimas que necesitan medidas de protección sobre sus vidas, sus cuerpos, su salud emocional y su desarrollo. No hay mayor daño para una criatura que está creciendo que hacerlo con la referencia de un hombre que insulta, menosprecia, humilla y golpea a su madre, a su figura de apego por excelencia, que normaliza la saña del hombre violento sobre una mujer. No hay mayor daño para nuestra sociedad que permitir que esos niños y niñas sean criados por hombres que aleccionan en esa violencia machista.
Si no queremos olvidar a las niñas y niños en las violencias machistas, además de una buena formación en derechos de la infancia a quienes opinan y deciden en las políticas que les afectan, quizá es momento de escuchar a estas niñas y niños, muchos de ellos ya mayores de edad como el hijo de Juana Rivas. Es la ocasión de ver con su mirada y creer en lo que nos dicen con la palabra, sus conductas, sus emociones y sus silencios no es un favor que les hacemos ni ir de kid friendly. Darles credibilidad es cumplir la ley, la de violencia machista y la de protección a la infancia. Es protegerles y protegernos como sociedad. Es no olvidar ni obviar que según la última Macroencuesta (2019) hay 1.678.959 personas menores de edad que viven en hogares en los que la mujer estaba sufriendo algún tipo de violencia, niñas y niños que legalmente son víctimas de la violencia machistas en sus casas.
