La advertencia de Miguel Ángel Rodríguez de que este periódico iba a desaparecer fue el arranque de una estrategia desde el entorno de la presidenta que incluye ya una propuesta de su pareja al juez para intervenir las comunicaciones de los periodistas
La pareja de Ayuso plantea investigar las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es
La petición de Alberto González Amador, a un juez del Tribunal Supremo para que las compañías telefónicas conserven las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es, ante una eventual intervención de las mismas, representa el último episodio de señalamientos y amenazas que el entorno de la presidenta madrileña comenzó a proferir desde la publicación de la exclusiva acerca del fraude fiscal de su pareja.
elDiario.es acababa de publicar su segunda información sobre Alberto González Amador cuando la adjunta al director Esther Palomera, que no firmaba la noticia, comenzó a recibir insultos y amenazas en su teléfono proferidas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “Os vamos a triturar”, advirtió Rodríguez la noche del 12 de marzo en esos mensajes por los que nadie ni en el Gobierno regional ni en el PP ha pedido perdón.
Este lunes, 23 de diciembre, trascendió el escrito del abogado de Alberto González Amador en el que pide al magistrado Ángel Hurtado que una unidad especializada de la Guardia Civil se dirija a las compañías telefónicas para que extiendan su obligación de guardar los datos de las llamadas, mensajes y ubicaciones de seis informadores, cuatro de ellos de este periódico, más allá de los doce meses a los que obliga la Ley. El abogado publica en su escrito el número de teléfono de los seis periodistas.
Nueve meses antes, la noche del 12 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez escribió a la periodista de elDiario.es: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. Esther Palomera preguntó si se trataba de “una amenaza”. “Es un anuncio”, replicó el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña.
Estos mensajes coincidían con la publicación de la segunda exclusiva de elDiario.es sobre González Amador. El empresario había obtenido dos millones de euros como comisionista en una operación de compraventa de mascarillas en plena pandemia de Covid. Después quiso ocultar el abultado beneficio a Hacienda con una trama de facturas falsas.
Justo una semana después se materializó la amenaza en forma de bulo. El propio Rodríguez difundió el 19 de marzo una información falsa entre los medios y algunos de ellos se apresuraron a difundirla sin contrastar nada con este medio o sus periodistas. “Empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”, decía el mensaje que Miguel Ángel Rodríguez difundió entre los medios. Del supuesto acoso al domicilio de la presidenta, su entorno también responsabilizó a dos periodistas de El País, de los que difundió fotografías e identidades.
En momentos posteriores, Rodríguez fue dando distintas formas a su bulo. Llegó a decir que habían sido dos periodistas de elDiario.es los que intentaron asaltar la casa y que se habían hecho pasar por “técnicos de la calefacción” para acceder al edificio. La capucha, precisó al día siguiente de la primera falsedad, era la del abrigo que llevaban los supuestos asaltantes.
El entorno de Ayuso también intentó utilizar una actuación policial rutinaria para criminalizar el trabajo del informador. Cuando el periodista hacía su trabajo en las inmediaciones del domicilio –cuya dirección no ha facilitado nunca este medio– policías nacionales que prestan el servicio de escolta y contravigilancia de la presidenta se acercaron al periodista, le identificaron y dejaron que siguiera haciendo su trabajo.
Un portavoz del Ministerio del Interior salió a desmentir que los policías hubieran sorprendido al periodista haciendo algo irregular o ilegal y habló de una identificación rutinaria. “Fue una situación de absoluta normalidad, [el periodista] estaba haciendo su trabajo”, dijo ese portavoz tras consultar el parte policial.
Dos días después de que Rodríguez propagara el bulo del asalto a la casa de la presidenta, Alberto González Amador presentó una querella contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de Delitos Económicos que le investiga. Les acusaba de un delito de revelación de secretos en relación con una nota de prensa difundida por la Fiscalía para desmentir otro bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, esta vez consistente en asegurar que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto que evitaría la cárcel a González Amador cuando había sido justo al revés.
Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado de González Amador, aludía en varias ocasiones al trabajo de los periodistas de elDiario.es para construir su acusación. El letrado utilizaba la rutinaria identificación del periodista y decía que los policías nacionales se habían visto obligados a practicar la misma “dada la actitud” del informador, expresión que reitera en el escrito presentado este lunes en el Tribunal Supremo.
Para referirse a la llamada que este medio realizó al empresario antes de publicar, en la que se ofreció a González Amador incluir su versión, el letrado decía falsamente que el periodista ofreció a su cliente “detalles” de la querella y que le “conminó” a hacer declaraciones. En realidad, el periodista solo trasladó a González Amador los delitos que la Fiscalía le atribuía e intentaba recabar su versión para incluirla en el texto que iba a ser publicado.
En el escrito que presentó este lunes el mismo abogado, en representación de González Amador, solicita que las compañías telefónicas sean obligadas a guardar los datos de los números de teléfono a los que los periodistas han llamado en casi diez meses, y de los que recibieron llamadas. También de cuándo se produjeron y cuánto tiempo duraron las comunicaciones.
La solicitud de González Amador también afecta a los mensajes que escribieron o de quiénes los recibieron y en qué momento. Los interlocutores de los periodistas son identificados en esos datos que el empresario quiere que las compañías guarden más allá de la obligación legal de los doce meses. En el caso de que el juez Hurtado acceda a la petición del empresario, además de los datos sobre llamadas y mensajes, las compañías telefónicas deberían igualmente retener todas las conexiones digitales de los periodistas y todas sus ubicaciones durante los últimos diez meses. La Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes. La Federación de Asociaciones de Prensa (FAPE) ha emitido un comunicado en el que se opone a la pretensión de la pareja de Ayuso de acceder a comunicaciones de periodistas en el ejercicio de su actividad profesional.
