El departamento del órgano de gobierno de los jueces propone que, al menos, la mitad de cuatro presidencias de sala del Supremo pendientes de renovación deben ser adjudicadas a mujeres en un tribunal de abrumadora mayoría masculina
El Poder Judicial reactiva los nombramientos en el Supremo y se compromete a que sean con paridad de género
El Consejo General del Poder Judicial tiene por delante la misión de renovar decenas de altos cargos judiciales. Sillones en el Supremo, tribunales superiores y órganos de gobierno donde predominan los hombres a pesar de que, en términos generales, en España hay más juezas que jueces. La Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces acaba de aprobar un informe en el que explica que, para cumplir con la normativa nacional de paridad, al menos dos de las cuatro presidencias de sala del Supremo pendientes de renovación deberán ser adjudicadas a mujeres para que, por primera vez, la composición de uno de los escalones más altos de la pirámide judicial sea paritaria.
Los datos oficiales reflejan que, desde hace más de un lustro, la judicatura tiene más juezas que jueces: un 57,2% de mujeres y un 42,8% de hombres dentro del total de 5.416 togados. Pero esos mismos datos reflejan que la mayoría femenina se diluye cuando se reparten los cargos de responsabilidad hasta llegar al Tribunal Supremo, donde hay 45 hombres y 12 mujeres, donde todas las presidencias de sus cinco salas están en manos de hombres y cuya Sala de Gobierno cuenta con dos mujeres frente a ocho hombres.
La reciente renovación del CGPJ, después de más de cinco años de bloqueo del Partido Popular a hacerlo en plazo, ha dado el pistoletazo de salida a la renovación de un total de 98 vacantes en tribunales de todo el país, 26 de ellas en el Tribunal Supremo. Los procesos ya están en marcha y varios candidatos han empezado a desfilar en el Consejo mientras se prepara el terreno para renovar la cúpula gubernativa del tribunal: la presidencia de cuatro de sus cinco salas y, por extensión, de una parte importante de su sala de gobierno.
La dirección de los distintos departamentos del Supremo evidencia la escasez de mujeres en la cúpula judicial española. María Luisa Segoviano, hoy magistrada del Constitucional, se convirtió en septiembre de 2020 en la primera y única mujer que ha presidido una sala, la de lo Social. Esas presidencias cuentan después con un sillón en la sala de gobierno del Supremo. En ese departamento, en la actualidad, hay dos mujeres: Susana Polo y desde hace unas semanas Isabel Perelló, primera mujer en presidir el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
El Consejo del Poder Judicial ha puesto en marcha los procesos para renovar estas cuatro presidencias, pero antes ha pedido un dictamen a su Comisión de Igualdad para que explique cómo afecta la ley de paridad, vigente desde el pasado verano, a estos nombramientos. La respuesta de este organismo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, es que al menos dos de las cuatro presidencias que salen a concurso deberían recaer en manos de mujeres.
“El número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo”, explica este informe que ha salido adelante con los votos de los vocales Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado. La aplicación de la ley de paridad lleva a la Comisión a concluir que “al menos” dos de las cinco presidencias deben ser adjudicadas a mujeres. La mitad de las plazas vacantes, en base a la recomendación que el Comité de Ministros del Consejo de Europa hizo ya en 2003.
El informe, que ahora debe estudiar la Comisión de Calificación encargada de informar sobre los nombramientos, explica que la ley de paridad modificó la normativa del Poder Judicial y es “clara y taxativa” al exigir la “presencia equilibrada de hombres y mujeres” en nombramientos discrecionales como estos. “No es una mera recomendación, sino un imperativo legal”, recuerda el documento.
La normativa nacional e internacional, desde la ley de igualdad de 2007 hasta el Convenio Europeo de Derechos Humanos pasando por la Constitución y resoluciones del Constitucional, apunta en esta dirección según relata el informe. Acudir a un criterio generalizador, que llevaría a hacer la media de mujeres en cargos de gobierno en tribunales centrales como el Supremo o la Audiencia Nacional, llevaría a “resultados absurdos” y lo correcto, añade la Comisión de Igualdad, es examinar caso por caso para evitar la formación de “nichos”.
En el caso del Supremo, este análisis abarca de forma interna a cada Sala jurisdiccional pero también sus presidencias y, un escalón por encima, la sala de gobierno. En caso de otorgar dos presidencias de sala a dos mujeres, la situación en ese órgano gubernativo también quedaría en unos términos de paridad inéditos en la historia del Tribunal Supremo.
Los próximos meses verán cómo el nuevo Consejo General del Poder Judicial afronta el reto de renovar casi un centenar de plazas, haciendo cumplir además la exigencia de paridad de la ley vigente desde el pasado verano. Solo en el Tribunal Supremo, además de cuatro presidencias de sala, están pendientes de renovación un total de 26 vacantes, lo que supone una tercera parte de su plantilla con salas diezmadas por las bajas de los últimos tres años.
Se trata de la renovación de la cúpula judicial, tanto en organismos centrales como territoriales, donde los datos muestran la desigualdad en la presencia de hombres y mujeres a pesar de que, en la carrera, hay más juezas que jueces. En las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores los hombres ocupan 78 presidencias frente a las 26 que ocupan mujeres.
